Esperando por el señor Trump en La Habana

Más allá de su contenido y su forma, el mensaje sobre Cuba que emitió la Casa Blanca el pasado 20 de mayo a nombre del presidente Donald Trump, es un episodio más en la puja que existe entre distintos sectores de poder en los Estados Unidos alrededor de qué hacer con los acuerdos alcanzados entre los Presidentes Raúl Castro y Barack Obama acerca del restablecimiento de relaciones diplomáticas y el inicio de un proceso de normalización de las relaciones y cooperación bilateral entre Cuba y los Estados Unidos. 

Uno de esos sectores apoya la continuación de la política diseñada por Obama a partir del 17 de diciembre de 2014. Lo conforman altos cargos militares y funcionarios del sector de la seguridad nacional, congresistas, hombres de negocios, y políticos de ambos partidos en estados que se beneficiarían con el levantamiento del bloqueo o alguna flexibilización en materia económica, comercial y financiera. Personeros de esta posición están tanto dentro como fuera de la administración Trump. Los cercanos al actual presidente probablemente sostienen el mantenimiento del proceso, pero con ajustes para marcar una diferencia con respecto a Obama, quien lo priorizó como un importante legado de su actividad de diplomática y de poder blando. 

Estos sectores tienen muchas posibilidades de imponer sus criterios debido a su influencia. Sus motivaciones son mixtas. Unos creen que el curso de acción previo de coerción económica y política fue un fracaso, por lo que se debe fomentar el acercamiento para lograr el mismo propósito: cambio de régimen. Otros creen que los Estados Unidos deben abandonar la priorización de este último objetivo y concentrarse en otros intereses económicos, de seguridad y medio ambientales solamente realizables mediante la cooperación con el gobierno cubano, quizás pensando que el cambio de régimen vendrá inevitablemente y que, en todo caso, es preferible una “transición suave” y no una “ruptura violenta”.

En muchos casos ven esa “ruptura violenta” como una posible consecuencia de la política de coerción económica y política a la cual no se debe retornar en ningún caso.

La mejor síntesis de cómo piensan estos grupos es la Directiva Presidencial sobre Política hacia Cuba que publicó la Casa Blanca el 16 de octubre de 2016. Vale la pena examinar ese documento pues, aunque Trump puede distanciarse de él sin muchas explicaciones, el texto probablemente refleja el consenso de los principales funcionarios del Estado norteamericano en torno a Cuba.

Enfrentados a esa coalición de sectores que posiblemente tienen mayoría en el Congreso y están representados en puestos claves de la administración Trump (Consejo de Seguridad Nacional, Departamentos de Estado, Defensa, Seguridad de la Patria, Tesoro, Comercio, Agricultura  etc.), hay un pequeño sector de línea dura que está encabezado por el senador Marco Rubio y cuenta con algunos apoyos en el Congreso y en el Ejecutivo. El peso de estos apoyos está sujeto a distintas interpretaciones, hay quienes pensamos que es limitado, pero otros expertos estiman que son fuertes.

El objetivo máximo de estos grupos es la reversión total o casi total de los acuerdos alcanzados y retrotraer la política al pasado previo al 17 de diciembre de 2014, sino totalmente, al menos en lo fundamental. Lo que han logrado hasta ahora es que por momentos la Administración y el propio Presidente vuelvan a la vieja retórica mal intencionada respecto a los derechos humanos en Cuba.

Vale la pena apuntar que esto resulta disonante en una administración como la de Trump que, a todas luces, ha disminuido la importancia que atribuye a ese tema en la política exterior de los Estados Unidos. El propio Presidente lo ha confirmado en su discurso ante dirigentes gubernamentales del mundo árabe en Riyad, Arabia Saudita, en la primera escala de su primera gira al exterior. Allí dijo:

“Estados Unidos es una nación soberana y nuestra primera prioridad es la tranquilidad y seguridad de nuestros ciudadanos. No estamos aquí para predicar –no estamos aquí para decirle a nadie cómo debe vivir, qué debe hacer, cómo debe ser, o cómo venerar. En vez de ello estamos aquí para ofrecer asociación –basada en intereses y valores compartidos– para procurar un futuro mejor para todos nosotros”.

Para muchos integrantes de la élite de poder norteamericana, revertir los acuerdos alcanzados entre los presidentes Raúl Castro y Barack Obama iría en contra de intereses nacionales claros y sustanciales, solo alcanzables con la cooperación bilateral. 

Marco Rubio, Mario Díaz Balart, Ileana Ross Lehtinen y sus simpatizantes tienen la añoranza de los tiempos de Ronald Reagan, George W. H. Bush, y George W. Bush, en los cuales cada año “celebraban" el 20 de mayo como efeméride clave, mediante el anuncio de nuevas medidas agresivas contra Cuba y hasta con fastuosas galas en la Casa Blanca. Antes de la Revolución, esa fecha fue elevada a la categoría de Fiesta Nacional, aunque no constituía otra cosa que el aniversario del fin de la ocupación militar norteamericana y la creación de una República de Cuba formalmente independiente pero realmente subordinada a los Estados Unidos por la Enmienda Platt, cosa que ocurrió en 1902. El 20 de mayo no es motivo de celebración para los cubanos, sino en todo caso un recordatorio del amargo período de dependencia neocolonial impuesto por Washington y de cuánto vale la independencia conquistada en 1959. 

Donald Trump ha estimulado a estos últimos grupos con twits y declaraciones de tono arrogante y amenazador. Como ha sucedido en otras ocasiones, los funcionarios que rodean al Presidente han modificado y suavizado sus declaraciones.

Aunque el Presidente ha llegado a afirmar que piensa lo mismo que Marco Rubio sobre Cuba, alimentando así el proyecto de una reversión total de los acuerdos como desean ardientemente personeros de la derecha cubanoamericana ultramontana y como el propio Presidente amenazó como una posibilidad en un twit, lo único que estos sectores han logrado hasta ahora es un compromiso de revisión de la política adoptada por Obama. Ese reexamen, según se sabe, se está llevando a cabo en el Ejecutivo, coordinado por una funcionaria poco conocida, Jill Saint John, que era analista en el Departamento de Seguridad de la Patria antes del advenimiento del señor Trump a la Casa Blanca y actualmente está a cargo de Centroamérica y el Caribe en la oficina del Asesor Nacional de Seguridad, general Herbert McMaster. 

Basados en experiencias recientes en otras partes del mundo, la posición con respecto a la Isla de muchos altos funcionarios responsables de la seguridad norteamericana, es la de que no conviene a los intereses nacionales continuar con una política como la que existía antes de diciembre de 2014, que pudiera resultar en inestabilidad y caos en un área de tanta importancia geopolítica y estratégica como a la que Cuba pertenece. Recientemente, un grupo de doce generales retirados dirigieron una carta al general McMaster que refleja esta posición en los siguientes términos:  “La ubicación de Cuba en el Caribe y la proximidad a nuestra nación la convierten en un socio natural y estratégicamente valioso en temas de preocupación inmediata”. 

Aunque se sabe poco sobre el proceso de revisión de la política hacia Cuba, lo cierto es que el tiempo transcurrido apunta a que el asunto no es de alta prioridad para Trump y que los organismos de la administración central del Estado en Washington se están tomando su tiempo, quizás porque están satisfechos con lo que se viene haciendo y no quieren modificarlo sustancialmente. También pudiera ser reflejo de las presiones contrapuestas que se ejercen para influir en su resultado. En privado, funcionarios norteamericanos que están vinculados al tema afirman que el reexamen se está realizando con total seriedad.

En cualquier caso, ni siquiera el aspecto más vulnerable y visible de estos acuerdos, el incremento de los viajes de norteamericanos a Cuba, ha sido afectado. Lejos de ello, empresas que están operando en este terreno como las compañías de aviación más importantes, Airbnb o Expedia siguen ampliando sus operaciones en Cuba, aparentemente en la confianza de que las cosas seguirán igual o, incluso, que mejorarán. Sin dudas, esta confianza en que los viajes a Cuba continuarán y quizás se ampliarán se ha visto reforzada por la noticia de que se ha inscrito ya oficialmente en el Senado norteamericano, con el número S. 1287, el proyecto titulado Freedom for Americans to Travel to Cuba Act (Ley de Libertad para que Americanos viajen a Cuba) promovido por el senador Jeff Flake (republicano por Arizona). Este paso resultó de que su colega de Nevada, Claude Heller (también republicano), había aceptado ser copatrocinador de la Ley, convirtiéndose así en el 55º senador (de 100) en hacerlo. Con cinco votos más, el proyecto sería prácticamente imparable.

En otro orden de cosas, ni La Habana ni Washington ha querido publicitar mucho el tema, pero expertos que siguen estos asuntos saben que los intercambios en materia de seguridad entre altos funcionarios de los dos gobiernos continúan de la manera en que se venían haciendo bajo Obama: positivos, constructivos, profesionales y respetuosos. 

Después que El Nuevo Herald se hiciera eco el pasado 19 de mayo de un rumor lanzado desde el Congreso acerca de que el presidente Donald Trump emitiría una fuerte declaración sobre Cuba el 20 de mayo, funcionarios de la Casa Blanca se apresuraron en aclarar que no era cierto y que, de hecho, el mandatario estaba saliendo de viaje ese día. El resultado fue la declaración de marras, con un tono que sin dejar de ser grosero e inaceptable para los cubanos, contrasta con otras anteriores muy agresivas del propio Trump y de mandatarios republicanos precedentes.

Mi conclusión es que los sectores de línea dura en el Congreso y en la Florida intentaron usar el 20 de Mayo para obligar a la Administración a tomar una posición dura contra el gobierno cubano y fracasaron.

Con mucho tino, La Habana no se ha pronunciado oficialmente. La posición de las autoridades cubanas sigue siendo la que ya anunció el presidente Raúl Castro. En primer lugar, que su gobierno está dispuesto a continuar el proceso de normalización y cooperación bilateral mutuamente respetuosa con Washington bajo la nueva Administración, sobre la base de los acuerdos alcanzados con su predecesora, los cuales por supuesto pueden estar sujetos a las razonables revisiones a las que se decidiera llegar de común acuerdo. En segundo lugar, como ha reiterado una y otra vez Cuba, en ningún caso se aceptará negociar decisiones que se correspondan con las atribuciones soberanas del Estado cubano ni tolerar imposiciones arrogantes del gobierno de los Estados Unidos. Finalmente, el gobierno de La Habana continuará conduciendo una política exterior independiente, lo que implica una posición antihegemónica ante grandes potencias que, cómo los Estados Unidos, intenten imponer sus decisiones al resto del mundo, particularmente en América Latina y el Caribe. Esto, por supuesto, tiene mucho que ver con lo que sucede actualmente en Venezuela.

Por tanto, y teniendo en cuenta el contexto descrito, hablar del “fin del deshielo”, o de una reacción cubana de “crispación” es, al menos, probablemente prematuro. El gobierno y el pueblo de Cuba siguen la situación con interés sin que, por ello, se pierda el sueño. Después de todo, nada que pueda hacer la administración Trump será mucho peor que lo que ya se nos ha hecho en el pasado. Y la decisión cubana, que a nadie le quepa dudas, es la de cooperar sobre la base del respeto mutuo, pero continuar la resistencia si hay intentos de imposición.

 

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