Tras las pistas de la Revolución en cuarenta años de derecho

 

Seguir las pistas de la Revolución cubana a través del Derecho creado en sus cuarenta años es algo que no resulta absurdo intentar. De hecho los procesos históricos se estudian siempre desde una determinada perspectiva, o con un instrumental específico.[1]

 

En el presente trabajo, sin embargo, no pretendo introducir una nueva versión metodológica ni una nueva perspectiva para la interpretación del proceso revolucionario. Me propongo hurgar en los hitos más sobresalientes de la producción jurídica de estos últimos cuarenta años de convulsa historia, para descubrir algunos particulares y poner de relieve matices que, de otro modo, creo que no podrían ser entendidos. Es que de hecho, la Revolución se ha hecho en todos los planos: el político, el económico, el de las ideas y la sensibilidad social e individual, y también en el de la concepción misma del Derecho, de su significado, su papel y sus poderes. Incluso cuando se le ha minorado, cuando se le ha despreciado o subestimado, también ha habido una manera específica de entenderlo y asumirlo.

De tal modo, no pretendo aquí rehacer o releer la Revolución desde las páginas del Derecho; sino únicamente releerlos a ambos juntos, en la dinámica en que se han ido formando, y seguir las pistas de la primera a través de la producción jurídica, lo cual, aunque a algunos les parezca inocuo, puede resultar muy significativo y revelador.

Para entender lo que la Revolución se vio obligada a afrontar tendríamos que tener claridad acerca del sistema de derecho que tenía el país cuando se produce la victoria del primero de enero de 1959.

De otro lado, la noción sistema jurídico, nos es inexcusable en el tratamiento de la institucionalización, y en la comprensión de los avatares que afronta el Derecho en los últimos cuarenta años, más si pretendemos avanzar sobre la situación actual de dicho sistema y los desafíos a que se enfrenta ya.[2] En la caracterización de los sistemas jurídicos mundiales se ha ido estableciendo un aparato categorial que tampoco puede ser soslayado. Así se ha extendido el uso de conceptos tales como «difusión», «penetración», «recepción» y «resistencia»,[3]  todos los cuales pueden sernos útiles en las reflexiones que nos proponemos.

Por supuesto que por haber sido Cuba colonia española, nuestro sistema jurídico se inscribió absolutamente en el modelo identificado como romano-francés.[4]

Esa radicación romano-francesa no fue alterada ni por la circunstancial dominación inglesa sobre La Habana, en 1762, ni ulteriormente por las intervenciones norteamericanas que sufrió el país desde l898. Evidentemente, los factores de resistencia del sistema latino fueron capaces de enfrentar la penetración del Common Law y en ningún momento el modelo giró sensiblemente hacia el sistema anglosajón. Durante las intervenciones norteamericanas, y especialmente durante la primera, las influencias doctrinales fueron sensibles, especialmente las del pragmatismo y utilitarismo de Bentham. En el terreno del Derecho positivo apenas alcanzaron la articulación de algunos cambios en el campo del Derecho Administrativo, en la administración de justicia municipal o de base y en la implementación del Recurso de Casación, que no existía en el sistema anterior.

Al triunfar la Revolución se crea una situación singular desde el punto de vista de la institucionalización del nuevo poder. Por supuesto que no me estoy refiriendo a la legitimación del poder revolucionario, sino a los mecanismos en los cuales va apoyándose, desde los primeros momentos, su ejercicio, y a su adecuada manifestación jurídica. Cuando me refiero a la situación especial que se crea en 1959, estoy aludiendo a una novedosa contradicción que se establece: de un lado un genuino proceso revolucionario que ha involucrado paulatinamente a casi todo el pueblo y, de otro, un débil mecanismo estatal para expresar y formalizar la participación en el poder de grandes masas de la población, y un sistema normativo que no puede apoyar y menos impulsar el proceso político que se desarrolla vertiginosamente.

Es interesante constatar que aunque en el Programa del Moncada se había establecido claramente, como uno de los objetivos inmediatos de la revolución triunfante, la restauración de la Constitución de 1940,[5] tan temprano como en el mes de febrero de 1959 se aprueba por el nuevo poder revolucionario un nuevo texto constitucional denominado, Ley Fundamental. De hecho la nueva Constitución fue la reproducción del texto de 1940, especialmente en su parte dogmática. Sin embargo, en la orgánica se introdujeron algunos cambios sustanciales: el antiguo Poder Legislativo integrado por el Congreso bicameral (Senado y Cámara de Representantes) quedó eliminado y sus facultades legisferantes pasaron al Consejo de Ministros, que a su vez constituía, junto al Presidente de la República y el Primer Ministro (cargo que se mantuvo), el Ejecutivo de la nación. Otras reformas se refirieron a la estructura de los Tribunales y especialmente a la modificación del artículo 24 de la Constitución del 40, en cuanto a que ahora se franqueaba la posibilidad de expropiación sin previa indemnización, lo cual era un prerrequisito esencial para posibilitar el cumplimiento del elemento cardinal del aludido Programa del Moncada, esto es, la realización de una raigal reforma agraria.

Si la Ley Fundamental de 1959 fue una nueva Constitución o si fue simplemente una adecuación de la del 40, forma parte de un debate que no ha concluido entre los constitucionalistas cubanos. Si ese análisis se ciñe a los límites del discurso normativista o jurídico-formal poco podrá avanzarse. Si por el contrario se pretende descubrir las latencias, las intenciones y la voluntad contenidas en ese nuevo texto constitucional, encontraríamos otros significados —evidentemente más sutiles, pero sin dudas más profundos— y alcanzaríamos un nuevo punto de vista en dicho debate. Con esa visión, creo que el texto de 1959 no fue una simple renovación o reposición de la Constitución del 40, sino precisamente su adopción, pero solo como punto de partida, como trampolín para empresas más altas que no era difícil advertir, si no tanto en la letra de la ley, sí en la marcha de los acontecimientos políticos de aquellos momentos.[6]

Es conocido el apego de Cuba al desarrollo de los procesos revolucionarios dentro de claros marcos constitucionales. Baste recordar que apenas a seis meses de iniciada la Guerra de independencia, en abril de 1869, se reunieron en Guáimaro los representantes de distintos cuerpos del Ejército Libertador para no solo dotar a aquel incipiente proceso bélico, de un formal respaldo jurídico-constitucional, sino —algo que me parece más importante—, elevarlo a un nivel de legitimidad que consagrara la existencia de una pretensa pero inequívocamente deseada república orgánica, estructurada según lo que hoy llamaríamos un singular estado de Derecho. Otro tanto ocurrió en la segunda etapa de la gesta emancipadora: a solo siete meses de iniciada, se aprobó la Constitución de Jimaguayú, y cuando se cumplieron dos años de su vigencia, se observó religiosamente su mandato y se procedió a aprobar una nueva Constitución —la de La Yaya— dado que aún no se había alcanzado la independencia. Antes incluso, cuando Antonio Maceo salvó la dignidad nacional mediante la Protesta de Baraguá, no pareció estar tranquilo con el solo gesto político-militar y se aprobó aquel enteco documento que conocemos como Constitución de Baraguá, con apenas seis artículos, pero que vino a confirmar ese apego a la legitimación jurídica.

En varias ocasiones he reiterado que la historia del proceso revolucionario cubano a partir de 1959 y hasta bien entrado el año 61, podría descubrirse en las pistas que nos brinda la copiosa legislación de aquellos meses en que comienza a cumplirse el Programa del Moncada, y la etapa democrático-revolucionaria se recorre en medio de una verdadera oleada de desbordamiento popular, imbricándose con las primeras tareas de lo que hemos calificado como segunda etapa o de inicio de las transformaciones socialistas, sin que se produjera solución de continuidad entre una y otra y bajo la misma dirección y liderazgo revolucionario.

A pesar de todas las discusiones, calumnias e interpretaciones equívocas, lo cierto es que el castigo de los criminales de guerra de la tiranía se impuso siempre mediante procesos judiciales, por tribunales competentes (aunque algunos los impugnan por haber sido creados ad hoc), y a partir de leyes que también para otros constituían una violación del viejo principio, siempre aceptado, del nullum crimen et nulla poena sine previa lege poenale. Lo cierto es que, en todo caso, no es fácil encontrar en la historia moderna un movimiento revolucionario vencedor que haya actuado con tantos escrúpulos formales como se hizo en el proceso cubano en este asunto al que me refiero.

Es harto conocido que todas las medidas que iban dando cumplimiento al aludido Programa del Moncada se fueron adoptando mediante adecuados instrumentos legales, es decir, leyes aprobadas por el Consejo de Ministros, dotado de facultades legislativas, o por otros instrumentos jurídicos dictados por cada ministerio.

Un rasgo que sobresale en toda aquella producción jurídica es el altísimo nivel técnico de aquellas normativas, todas redactadas con un elevado lenguaje en el que se conjugaban, con galanura poco común, los propósitos políticos, sociales y económicos de cada preceptiva con los más exigentes requerimientos técnico-formales. Incluso, ante posibles controversias en torno a la retroactividad o no de algunas disposiciones, a la luz de una sutil interpretación de lo que la doctrina jurídica burguesa había consagrado como teoría de los derechos adquiridos, se procedió con extraordinarios escrúpulos y se concedió a algunas pragmáticas el rango de leyes constitucionales —como fue el caso de la Ley de Reforma Agraria—, y con ello se santificó, también explícitamente, su posible alcance retroactivo.

Quisiera subrayar que cuando hablo de la consagración jurídica de los actos revolucionarios en esos años aludidos, no estoy circunscribiendo esa afirmación a las que pudiéramos llamar "grandes leyes" que justamente dan cumplimiento al Programa del Moncada. En todos los pormenores del quehacer del flamante Estado revolucionario se siguió, de manera casi puntillosa, un extraordinario rigor jurídico.[7]

Quisiera recordar algunas proclamas y preceptivas, solo para ofrecer algunos botones de muestra de lo que he referido antes: el mismo día 2 de enero, el designado Presidente de la República, Dr. Manuel Urrutia Lleó, dicta una Proclama Al Pueblo de Cuba, en la que dice "Considerando los altos merecimientos del Dr. Fidel Castro Ruz al servicio de la patria como Jefe de la Revolución que ha derrocado el régimen tiránico instaurado el día 10 de marzo de 1952, vengo en nombrarlo Comandante en Jefe de las Fuerzas de Aire, Mar y Tierra de la República de Cuba." A nadie escapará que esa decisión era una consecuencia natural de los hechos político-militares, y estaba en el entendido del Ejército Rebelde y de toda la población; de modo que su proclamación era algo más que un acto constitutivo. Tampoco puede ser entendido como un simple gesto declamatorio. Era, por el contrario, muestra de ese apego a lo jurídico-formal.

Con igual significado vemos la Proclama del 5 de enero, en la que el presidente dice que él, "proclamado presidente provisional de la República el día primero de enero [...] por el pueblo en armas en la heroica ciudad de Santiago de Cuba, ante el cual juré y tomé posesión de mi cargo, en el deber ineludible de resolver la situación que plantea la necesidad de proveer el ejercicio de la potestad legislativa que corresponde al Congreso de la República, según la Constitución de 1940, al asumir el Poder Ejecutivo..." Y entonces resuelve, nada más y nada menos, que declarar cesantes en sus cargos a las personas que detentaban la Presidencia de la República y las funciones legislativas, declarar disuelto el Congreso de la República y asimismo declarar cesantes a gobernadores, alcaldes y concejales. Por supuesto que ninguno de esos cesanteados estaba a esas alturas en el país, y menos en ánimo de reivindicar sus viejas prebendas. De lo que se trataba, insisto en ello, era de otorgar consagración jurídico-formal a los que eran hechos irreversibles, derivados del triunfo de la lucha armada. Se me antoja pensar que era algo así como decir que no bastaba, para la mirada de aquellos hombres, con la fuerza de las armas; que sobre esa fuerza erigían, con todo el poder de la legitimidad, la consagración legal, ciudadana, civilizada y permanente.[8]

 El número de leyes en ese período también es abrumador y su gama va nuevamente de lo más determinante para la marcha ulterior del proceso hasta cuestiones de pura y simple tramitación.[9] Creo que sería injusto no tomar en consideración en todo esto que estamos reseñando, el papel de algunas personalidades. Al fin de cuentas, aunque una manía marxistizante pretenda ignorarlo, la historia la hacen los hombres. A mi juicio, en toda esa obra legislativa tuvo una significación especial el flamante Ministerio Encargado de la Ponencia y Estudio de las Leyes Revolucionarias, a cuyo frente estuvo, desde su fundación, el Dr. Osvaldo Dorticós Torrado, quien con su inteligencia y su alta cultura jurídica contribuyó de modo notabilísimo a la excelencia y organicidad de toda esa copiosa producción.

Los golpes y contragolpes que se producen en el curso del enfrentamiento a las agresiones imperialistas que comienzan, de hecho, desde el triunfo mismo de la Revolución, y adquieren su más alta virulencia —hasta ese momento— cuando se promulga la Ley de Reforma Agraria, están todos, sin excepción, plasmados en una violenta, febril, ingente normativa jurídica, en la que no falta, no obstante esas características, la debida coherencia y perfección técnicas. Así se suceden las leyes de confiscación, de intervención, y de nacionalización, dictadas no solo en ese alto nivel jurídico, sino desenvueltas además en normas posteriores de menor rango jurídico, pero de absoluta validación legal.

Lamentablemente, un trabajo como el presente no nos permite pormenorizar en esa legislación que describe, como pistas inequívocas, el camino que va siguiendo el proceso que se transforma, insensiblemente, de nacional liberador, agrario y antimperialista, en un proceso de franco contenido socialista. Sin embargo, no es posible dejar de mencionar aquellos hitos legales que cambiaron la Historia de Cuba de la manera más radical y también más epopéyica.

Mediante la Ley 85l, de 6 de julio de 1960, el Consejo de Ministros, investido de la facultad legislativa, confirió autorización al Presidente de la República y al Primer Ministro para dictar resoluciones disponiendo la nacionalización, mediante expropiación forzosa, y su adjudicación en pleno dominio en favor del Estado cubano, de todos los bienes y empresas ubicadas en el territorio nacional y de los derechos y acciones emergentes de la explotación de esos bienes y empresas, que eran propiedad de las personas jurídicas nacionales de los Estados Unidos. Al amparo de esa autorización, se dictó la Resolución de nacionalización de 26 empresas norteamericanas, el 6 de agosto de 1960. Era el contragolpe más fuerte que la Revolución daba a las agresiones norteamericanas. Respondió de este modo a la eliminación de nuestra cuota azucarera y

al boicot de las empresas petroleras que se negaban a refinar el petróleo procedente de la Unión Soviética.[10] Un poco después, el 15 de octubre de ese mismo año 1960 se dictaba la Ley de Nacionalización para una larga lista de empresas cubanas, con lo que, de hecho, se cambiaba ya el rumbo y el contenido de la Revolución.[11]

Seguir esas pistas es asomarnos a los más soberbios momentos de radicalismo y de desbordamiento popular; es reencontrar la embriaguez de aquella juvenilia justiciera y escuchar de nuevo la voz atronadora del pueblo cantando sus himnos de lucha y de victoria. Quizás en ningún otro espacio se encuentre más vívida expresión de aquella epopeya que en dos medios de expresión aparentemente opuestos: de un lado, en la poesía de Guillén, que deja testimonio asombrado y delirante de aquella noche de viraje: "Te lo prometió Martí y Fidel te lo cumplió, yo lo vi", dijo entonces Nicolás. La otra expresión es, precisamente, la retórica inflamada y de singular belleza literaria de aquellas prescripciones jurídicas.

Esas pistas nos ilustran la existencia de un proceso contradictorio en el seno del sistema jurídico: por un lado se trata ya, de manera abierta y consecuente, de proceder al desmontaje de lo que entonces se comenzó a llamar «la legalidad burguesa» y a un pretendido montaje paralelo de lo que, con gran euforia, calificábamos ya de «legalidad socialista».

Sin embargo, pronto aprendimos que es más fácil desmontar, romper o fracturar un sistema jurídico que construir uno en sustitución del cancelado. De hecho, los cimientos éticos y funcionales de la legalidad burguesa, incluso sus matrices conceptuales y sus fuentes jurisferantes, fueron rápidamente barridas; pero en su lugar no era posible montar un nuevo sistema jurídico. Con cierta grandilocuencia se hablaba ya, en los finales de la década de los 60, del sistema socialista. Sin embargo, una reflexión profunda nos permite cuestionarnos, no solo si nos aproximamos a él en aquellos momentos, sino incluso si ha habido absoluta claridad sobre su alcance, contenido y carácter aun en los años posteriores y en la doctrina jurídica del socialismo de Europa del este.

De hecho, son los años en que comienza la pendulación del proceso cubano hacia fuertes influencias procedentes del campo socialista, que alcanzan no solo el terreno económico, militar y de la técnica, sino que, por esas vías, se imponen también en el campo de lo jurídico. De ahí que, según mi percepción, en los primeros años de la década de los 70 en torno al sistema jurídico cubano se anudan varias contradicciones importantes: de un lado, el aludido enfrentamiento entre uno que ya resultaba obsoleto por su contenido normativo y su fundamentación ética (que es el sostenido sobre las matrices del sistema romano-francés), y otro nuevo, que no acababa de conformarse y que apenas se iba improvisando en medio de una copiosa legislación, muchas veces inorgánica y falta de articulación sistémica. Paralelamente, se anuda otra contradicción entre una tendencia de respeto al ordenamiento jurídico —que como hemos visto está enraizada en lo más puro de la tradición revolucionaria cubana— y una posición nihilista con respecto al Derecho, que parece ser común en procesos revolucionarios profundos como el que vivía Cuba en esos momentos; y un tercer nudo contradictorio que está íntimamente relacionado con los anteriores y que se podría sintetizar como el enfrentamiento entre la tradición técnico-jurídica de nuestras raíces hispánicas y romano-francesas, frente a la creciente influencia de los principios técnicos procedentes de Europa del este y, particularmente de la Unión Soviética.

En el fondo de todas estas contradicciones crece la influencia del normativismo kelseniano y la cancelación de un pensamiento jusfilosófico adecuado, que sirva de derrotero a las nuevas orientaciones que requiere el montaje del pretendido nuevo sistema de derecho socialista.[12]

Como ya indicaba, en Cuba el proceso de reconstrucción del sistema jurídico coincide, como en casi todos los países que realizan revoluciones profundas, con un evidente nihilismo jurídico. Se abrieron paso, en aquellos años, concepciones ingenuas e idealistas sobre el desarrollo de la sociedad, según las cuales, este debía producirse espontáneamente, a partir de la transformación de las relaciones sociales de producción. Llegaba a predecirse el arribo al estadio socialista, en el cual desaparecerían incluso los delitos y las conductas antisociales.

Esta situación tuvo impacto aun en el ámbito académico. Se redujeron notablemente las matrículas de la entonces Escuela de Ciencias Jurídicas, y enflaqueció el curriculum de la carrera de Derecho.[13]

Sin embargo, es justo consignar que ese lapso de nihilismo jurídico tuvo en Cuba menor duración que en otros países que hicieron revoluciones radicales. Ya a la altura del Primer Congreso del Partido se adopta una línea política marcadamente institucionalizadora, y el concepto de institucionalización se extiende o se acentúa, más que en la estructuración del aparato estatal —o paralelo a ella—, en la vertebración adecuada del sistema de Derecho.

Desde 1975 se percibía claramente la voluntad política de alcanzar lo que ya entonces se llamaba el perfeccionamiento del sistema de Derecho socialista. Esa voluntad se encauzaba en la dirección jurisferante ya aludida, pero provocaba un inevitable movimiento doctrinal, con eco importante en las Facultades de Derecho del país, que se enderezaba a profundizar en la noción del sistema de Derecho, en todo lo concerniente al mecanismo de regulación jurídica de la sociedad; a la reconsideración de la vieja categoría legalidad socialista y, en general, a desarrollar estudios e investigaciones sobre la verdadera entidad y dimensión del sistema de Derecho socialista, el primer problema que debía afrontar aquel movimiento.[14]

Del campo socialista, especialmente de Europa del este, llegaba una literatura casi siempre cargada de retórica apologética, con pocos elementos de rigor científico. Los atisbos al respecto se limitaban a indagaciones valederas, y aun rigurosas, sobre el pensamiento de los clásicos del marxismo, especialmente de Lenin, sobre el problema de la existencia, connotación y alcance de la noción Sistema de Derecho Socialista. De hecho, la supuesta singularidad de tal sistema estaba dependiendo más de un determinado contenido, de una particular axiología subyacente en sus regulaciones, que de los propios elementos técnico-formales e incluso históricos que lo inspiraban.

Realmente, a las dificultades naturales para caracterizar un sistema jurídico, se suman, cuando se trata del socialista, otras derivadas de varios factores, entre ellos: a) el hecho incuestionable de que el sistema jurídico socialista es de muy reciente surgimiento, entendido en su dimensión mundial, y se mantuvo siempre en constante proceso de configuración y completamiento, lo cual hacía y hace muy difícil hablar del mismo como un fenómeno social y técnico terminado y completo; b) la extraordinaria diferencia observable entre los ordenamientos jurídicos de los distintos países socialistas de Europa del este, resultantes algunos de diferentes tradiciones jurídicas y, c) las más extraordinarias diferencias entre esos países socialistas de Europa y los de Asia. Quizás por esa razón, algunos autores hayan preferido hablar de sistema soviético y no del socialista, asumiendo al primero como matriz de lo que se dibujó como, o pretendió ser, un sistema de Derecho per se.

Ahora bien, tanto el sistema soviético como el de otros países socialistas europeos y el cubano mismo, tenían, como ya he dicho, una indeleble marca de estructuración romano-francesa. El problema entonces de la caracterización del sistema de derecho socialista, se plantea en los términos siguientes: ¿Qué variación sustancial introdujo el proceso revolucionario como para permitirnos asegurar que estábamos o estamos ante un nuevo sistema jurídico? O ¿En qué se separó ese proceso de la médula estructural y doctrinal del sistema romano?

Por supuesto que la construcción de una nueva sociedad, el montaje de nuevas relaciones sociales de producción, la liquidación de las relaciones económicas capitalistas y su paso a otras de fundamento socialista, originó lo que en la literatura de Europa del este se ha denominado siempre como un nuevo tipo de Derecho. Pero esta categoría alude, como saben los familiarizados con la doctrina socialista de Europa, a la raíz de clase que predomina en un ordenamiento jurídico. Define e identifica las relaciones sociales de producción que ese ordenamiento protege e impulsa; pero ello, por supuesto, no resulta suficiente para caracterizar en toda su integridad a un sistema de Derecho.

Doy por descontado que la caracterización clasista, o política, o político-económica a que se refiere la categoría tipo de Derecho, no puede ser ni remotamente desechada.[15] Pero reducir la caracterización de un sistema de Derecho solo al ámbito de la definición a que alude el llamado tipo de derecho, nada nos adelantaría científicamente, puesto que nos llevaría a la admisión de que en el mundo, antes de la caída del campo socialista —o incluso después— solo ha habido dos tipos de Derecho: el capitalista y el socialista. Evidentemente, aunque esta afirmación sea verdad, está muy lejos de ser toda la verdad y no arroja ninguna luz sobre la diversidad de sistemas jurídicos que existen o existieron recientemente en el mundo.

Quiero dejar claro que durante esas primeras décadas revolucionarias a que estoy aludiendo, se produjeron visibles transformaciones en distintas ramas del Derecho, de modo desigual entre ellas; que hubo cambios esenciales en las nociones fundamentales de lo que suele llamarse el Derecho Político; que se afectaron puntos de vista incluso sobre las fuentes del Derecho, y que llegaron a surgir nuevas ramas, en tanto otras desaparecían o enflaquecían hasta el punto de ser desestimables.

Sin embargo, nada de esto ocurrió a través de un proceso rectilíneo. En ocasiones se avanzó hacia una verdadera absorción estatal de toda la vida jurídica, es decir, hacia un exacerbado juspublicismo, como ocurrió de modo patente en los primeros años de la década de los sesenta. Fueron momentos en los que, incluso en el plano doctrinal, llegó a defenderse que el Derecho Laboral fuera solo parte del Derecho Administrativo, en tanto se pretendió que las relaciones jurídicas del Estado, frente a los particulares, constituían el centro y casi la única dimensión del Derecho. Es el momento en que surgen nuevas ramas jurídicas como el llamado Derecho Económico, que viene a suplantar en gran medida al Derecho Mercantil y, paralelamente, enflaquecen o desaparecen ramas completas como el aludido Derecho Mercantil o Comercial, el Financiero, el Fiscal, el Hipotecario, etc.

Hay que decir con toda sinceridad que en ocasiones se impusieron y predominaron posiciones doctrinales y técnicas que lejos de ser avanzadas y progresistas quedaron muy rezagadas de las antes contenidas en el sistema romano-francés. De hecho, el desarrollo técnico-doctrinal alcanzado por nuestro Derecho, a la sombra de los modelos hispánico y francés, era mucho más orgánico, avanzado y riguroso que el que disponía la técnica y la tradición jurídica soviética y de otros países del campo socialista. En esas condiciones, inevitables mimetismos e influencias procedentes de ellos, lejos de impulsar nuestras soluciones jurídicas a niveles más elevados, lo que hacían era retrasarlas y minorizarlas. Esta situación llegó a afectar incluso, a mi modo de ver, al sentido popular y progresista de nuestra técnica jurídica, que paradójicamente, en ocasiones se retrasó en esta dimensión, al asumir soluciones y principios del campo socialista. Me refiero, para solo mencionar un ejemplo, a la rigidez en el tratamiento de las fuentes del Derecho, en el que predominó siempre un absorbente estatismo y un rígido monismo jurídico estatalista, contra la flexibilidad y  frescura del modelo bizantino. Me refiero a la negativa a admitir fuentes populares, de creación directa del Derecho, como la costumbre.[16]

Por ello he sostenido la necesidad de indagar en matrices ordenadoras correspondientes a espacios mayores que el ofrecido por los elementos técnico-jurídicos formalmente entendidos. Ha faltado, a mi juicio —y ello obliga a encaminar hacia ese costado las indagaciones—, la comprensión multívoca del Derecho, apreciándolo como componente del proceso societario, en íntima vinculación con la esfera ideológica, ética y cultural en general; es decir, ampliando la consideración de los elementos clasificadores del sistema más alla de las áreas jurídicas, para indagar en el espacio mayor de lo cultural. Normalmente no se ha considerado, con todo énfasis, el contenido ético como factor caracterizante del sistema, dentro del amplio sentido de lo cultural.

Por supuesto que no se me escapa que la primera y mayor dificultad para la integración de un aparato ético sistemático, dentro del ordenamiento jurídico socialista, estriba en lo que advirtiera el mismo Carlos Marx en la Crítica al Programa de Gotha, cuando significara que, en lo que él llamó la primera fase de la sociedad comunista —lo que hoy calificamos de socialismo—, reina la desigualdad, y declara que, por eso, «el derecho igual sigue siendo aquí en principio, el derecho burgués [...] En el fondo es, por tanto, como todo derecho, el derecho de la desigualdad [...] Pero estos defectos son inevitables en la primera fase de la sociedad comunista, tal y como brota de la sociedad capitalista después de un largo y doloroso alumbramiento».[17]

Sin embargo, creo que si no abandonamos el contenido no solo deontológico que debe tener el Derecho, sino además su necesario contenido teleológico, podemos asumir que no obstante esa limitación apuntada por el mismo Marx, el derecho de la llamada etapa socialista debe estar integrado en torno a un aparato ético que sirva de alternativa radical al egoísmo, al individualismo y al patrimonialismo con que siempre hemos caracterizado al Derecho burgués.

La eficacia de ese sentido ético transformador del ordenamiento jurídico, con su carga inevitable de coactividad y represión estatal, es solo alcanzable mediante su inserción consecuente en una base de cultura concomitante. Al respecto quisiera recordar la atinada  observación de Armando Hart, quien afirmó: «Cuando se impone una línea política sin un fundamento cultural (y podría agregar ahora que cuando se impone una normativa jurídica sin ese fundamento cultural) por muy justa que sea teóricamente, el resultado no es revolucionario sino, precisamente, lo opuesto a lo que se decía pretender.»[18]

Basta la más rápida indagación sobre la evolución del pensamiento político cubano y las ideas jurídicas que han alentado en todo el proceso revolucionario, para advertir que, en medio de asechanzas y tendencias de desviación, por encima de mimetismos e influencias foráneas, ha predominado la esencia de un fuerte núcleo ético que hunde sus raíces en la tradición revolucionaria cubana más auténtica. En efecto, desde los primeros conatos de integración de nuestra nación, a partir de la configuración de la nacionalidad cubana, el pensamiento político se caracterizó, de modo muy fuerte, por su búsqueda de consagración y legitimación jurídica. No me estoy refiriendo exclusivamente a las Constituciones y legislaciones mambisas, que son elocuente expresión de esa voluntad y esa concepción, sino incluso, más atrás, al pensamiento germinador de hombres como el Padre José Agustín Caballero y más específicamente el Presbítero Félix Varela.[19]

Fueron esas ideas éticas, humanistas e iluministas las que alentaron, con mayor o menor exageración, en la obra constitucional de Guáimaro y hasta en la más realista y sopesada de Jimaguayú y La Yaya, y que están presentes, como leit motiv, en la filosofía de la vida y de la sociedad de José Martí.

La revolución victoriosa el l de enero de 1959 —como se ha repetido— resultó entonces la culminación de un proceso centenario, y se montó en un aparato ideológico y ético que también era natural continuación de esa lucha centenaria y se inspiraba en esa tradición profundamente humanista. Esto determinó algo importante para la comprensión del sistema jurídico e incluso del político cubano: que el proceso histórico de avance hacia la configuración de una sociedad socialista se apoyó, no tanto en fórmulas librescas y en importadas consideraciones prácticas propias de Europa del este, sino que fue, en la mayoría de las soluciones, natural desembocadura de ansias populares, de ancestrales exigencias y conquistas de derechos que se asentaban en una escala de valores de una profunda raigambre humanista.

Por eso creo que no es exagerado decir que en toda esa legislación antes aludida, que fue brindando forma al pretendido nuevo sistema de Derecho socialista, primó, sustancialmente, no tanto una nueva raíz técnica, ni nuevos principios doctrinales, sino un ideario humanista, un núcleo ético que era paradigmáticamente alternativo al egoísmo, individualismo y patrimonialismo que habían dominado el contenido del Derecho anterior. No se trata de que ello se expresara con mayor o menor perfección, e incluso galanura, en los Por Cuantos de las nuevas leyes o en las fundamentaciones de otras disposiciones jurídicas, sino que dichas disposiciones suponían siempre un inequívoco contenido teleológico en el que era fácil advertir un rumbo de igualdad y justicia social y, en paralelo, dignificación del hombre, reivindicación de la soberanía popular, preservación de la nacionalidad, y búsqueda y plasmación de lo que exalta la solidaridad humana —incluso a escala internacional—, y levanta un internacionalismo no solo “proletario”, sino particularmente tercermundista. Se articula, en varias ramas del Derecho, una clara tendencia de legitimación del trabajo como mérito y valor principal y redimensión social del hombre.

Me parece evidente que al finalizar la década de los 70 se han desdibujado algunos elementos del sistema jurídico romano-francés, sin que haya desaparecido como caracterizante del sistema cubano; pero se ha ido formando, como elemento definitorio de su sentido novedoso, un aparato ético, y una nueva axiología jurídica que se va vislumbrando, no obstante evidentes tendencias pragmatistas y utilitaristas.

En realidad, salvo espacios muy específicos como el Derecho Económico y quizás algunos elementos del Agrario, la técnica jurídica del campo socialista de Europa nunca alcanzó los niveles de desarrollo que tiene, en el plano doctrinal y científico, el sistema romano francés. De tal modo el enfrentamiento casi siempre se expresó en términos muy simples: de un lado lo que para algunos eran reminiscencias técnicas del viejo Derecho que debíamos suprimir absolutamente —con evidente olvido de los inalterables principios y valores científicos y técnicos de ese Derecho— frente a un simplón pragmatismo que nada podía enseñarnos. A ello se unía, como caldo de cultivo especial y tendencia favorecedora de los aludidos mimetismos y vulgarizaciones, la fuerza enorme que seguía teniendo entre nosotros el normativismo kelseniano.[20]

Kelsen era poco leído y menos entendido a cabalidad; no obstante, muchos seguían lo que constituía el lado cómodo de su doctrina o de sus conclusiones doctrinales, esto es, despojar al Derecho de su contenido axiológico y del social, y separar radicalmente los conceptos de Derecho y Justicia. En el espacio académico, esa adhesión tuvo una resonancia reproductora. Se enseñó, durante más de tres décadas, fieles al normativismo, solo ramplona legislación positiva y nada de Derecho, entendido por tal un conjunto doctrinal, teórico, trascendente y, únicamente por ello, científico. Tal adhesión, casi hipnótica, a Kelsen deriva —siempre lo he sostenido— de hondas causas sociales e ideológicas. En la sociedad explotadora, la doctrina kelseniana devenía un blando comodín para ejercer el derecho (todos, abogados, jueces, fiscales) sin sentirse maculados por sus injusticias notables, que repugnaban la más elemental posición, no dígase ya radical, revolucionaria, sino incluso cristiana o simplemente humanista.

El marxismo, al cual tantas declaraciones de adhesión hicimos desde la promulgacion del carácter socialista de la Revolución, no supo enfrentar adecuadamente, en el plano jurídico, el normativismo kelseniano. Se han escrito decenas de obras y centenares de artículos acerca de este particular.[21] Sin embargo, el amargo saldo es irrecusable: el marxismo practicado en Europa del este, en el ámbito del Derecho, se enfrentó apenas verbalmente al normativismo kelseniano. Incluso integró una retórica antinormativista, pero de hecho, en el fondo, muchas veces siguió prisionero de sus límites, y particularmente en el ámbito de la enseñanza del Derecho, de la vida académica. La razón de esta manquedad histórica habría que encontrarla en las tendencias dogmáticas, reduccionistas y formalistas que predominaron en las Ciencias Sociales en Europa del este, y particularmente en la ausencia de elaboración de una metodología marxista desde la perspectiva jusfilosófica. No se olvide que uno de los corolarios del nihilismo jurídico a que antes aludía fue el abandono de la enseñanza de la Filosofía del Derecho en las aulas universitarias cubanas, desde 1963 hasta hace apenas unos años, cuando se reimplantó.

Sin embargo, desde el centro de tales conjuntos contradictorios se afrontó tempranamente una fructífera labor legisferante que estaba enderezada, conscientemente, a articular un nuevo sistema de Derecho y, sobre su sólida base, un genuino y democrático Estado de Derecho.

En ocasiones se ha descrito el proceso de institucionalización jurídica a partir del texto constitucional de 1976. Esto no es erróneo desde el punto de vista de la estructura lógico-formal del sistema jurídico; es decir, desde una percepción kelseniana de este, pero es inexacto desde el punto de vista histórico. En realidad, ese proceso comenzó algunos años antes, exactamente en abril de 1968, cuando se constituyó, a nivel del Comité Central del Partido, la Comisión de Estudios Jurídicos —presidida por Blas Roca—, la cual comenzó a trabajar en 1969.

En esa Comisión se agruparon juristas de casi todos los sectores del país, incluída una fuerte representación de la vida académica, y se abordó el análisis de todo el sistema jurídico. Prueba de su amplísimo espectro de dedicación es el número y la calidad de los proyectos de leyes u otras normativas jurídicas que se estudiaron y prepararon en unos pocos años.[22]

Ese trabajo tuvo como centro, por supuesto, la preparación del proyecto constitucional de 1976, sobre el cual daremos algunas referencias un poco más adelante, pero se mantuvo y hasta se incrementó después de la promulgación de la Constitución Socialista de 1976.[23]

Este proceso legislativo fue solo el inicio de una actividad que ulteriormente se vertebra y estructura orgánicamente a través de la Asamblea Nacional del Poder Popular y sus distintas comisiones permanentes, particularmente la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos. El rasgo más relevante de ese trabajo es, sin dudas, la altísima participación del pueblo en la discusión y aprobación de esas legislaciones, en todas las cuales se registran verdaderas consultas populares a través de las organizaciones sociales y de masas. Ese sentido plebiscitario adquirió su nivel más alto durante la discusión de la Constitución de 1976, cuyo proyecto fue debatido por el pueblo reunido en sus diferentes organizaciones y en cada centro de trabajo, y cuya redacción final contó con el apoyo del 97.7% de los electores. Fue sin dudas una de las constituciones contemporáneas con más respaldo popular directo.[24] 

  La entrada en vigor de la Constitución Socialista de 1976 marca un hito esencial en la historia política y jurídica contemporánea de Cuba y, por supuesto, en su proceso institucionalizador. No solo consagra en su parte dogmática las grandes conquistas sociales, políticas y económicas logradas durante los años del poder revolucionario, sino que articula, en su parte orgánica, al nuevo aparato del poder —el Poder Popular— y que había sido ensayado en la provincia de Matanzas en años anteriores.

Creo que los juristas cubanos tenemos el deber, desde la perspectiva de cuarenta años de historia comprometida, de examinar con pupila crítica y despejada aquella ingente obra legislativa, despojando ese análisis de retóricas superficiales o vacías.

En esa obra jurídica estuvo la innegable impronta del ya mencionado líder marxista, de origen obrero, autodidacta, de singular experiencia militante y de apasionada vocación jurídica, que fuera Blas Roca. Es a mi juicio evidente que él imprimió a la mayoría de aquellos textos legales su visión proletaria, radical, popular, desenfadada, auténtica, despejada de artificialismos y formalismos. Quizás no conoció, en toda su hondura jusfilosófica, a Kelsen, pero no me cabe duda de que su fino instinto político le hizo rechazar el formalismo kelseniano y propender a una legislación empapada de compromiso social, político, económico y ético.

Sin embargo, va siendo hora de que examinemos también, con pupila crítica, otros costados de esa legislación que se crea en los primeros años de actuación de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP). Tendremos que admitir entonces que fue hija de una tendencia marcadamente iconoclasta en relación con las tradicionales técnicas jurídicas, especialmente las que forman el núcleo orgánico del sistema romano-francés. El abandono de esas técnicas y de esa organicidad condujo, en muchísimas ocasiones, a que se crearan legislaciones faltas de estructuración científica, organicidad, y de la vertebración coherente, que es inmanente al Derecho como sistema normativo. De aquellas corrientes llenas de pasión y cargadas de buenas intenciones, pero ajenas muchas veces a los requerimientos técnico-jurídicos, salió muchas veces una obra legislativa sin escuela, sin doctrina previa, puramente operativa, pragmática o, peor aún, más o menos burdamente copiada de otras de Europa del este, donde la consagración del sistema jurídico era mucho más pobre que entre nosotros, y la formación histórico-doctrinal estaba rezagada en relación con la tradición jurídica cubana.

Estos rasgos se expresaron en los más sutiles intríngulis técnicos de cada rama y cada institución jurídica, y también en la asunción de una terminología que quiso reaccionar contra "el lenguaje jurídico tradicional", y al hacerlo echó por la borda un sistema de semiótica científica, unos códigos de técnica de valor universal, que al ser abandonados creaban verdaderos desconciertos en lo que es, pese a la tozudez de algunos, una ciencia social: la Ciencia del Derecho. En ocasiones, como consecuencia de tales adulteraciones y vulgarizaciones terminológicas, se perdieron los contornos de las instituciones jurídicas y de las formas tradicionales de su regulación.

En muchos casos, legislaciones posteriores a la obra de la Comisión de Estudios Jurídicos, fueron afectadas por esa falta de adscripción doctrinal a determinadas posiciones técnicas, como es el caso, a mi entender, del Código Civil, lleno de debilidades e insuficiencias, que se advierten, a veces dramáticamente, en la misma medida en que constatamos que abandona, sin justificación ética ni política, los esquemas técnicos y científicos del sistema romano-francés e incluso del Derecho Romano clásico, para seguir modelos de Europa del este muy deficientes.

El que sigue las pistas que estoy pretendiendo rastrear, no puede menos que sonreír ante el nuevo lenguaje, aparentemente popular de algunas de esas legislaciones, y su técnica inubicable, cuando las compara con aquellas de la década de los años 60, con su palabra inflamada, pero de altísimos vuelos técnicos y rigor profesional, cargadas de un contenido no solo transformador, sino estremecedor de todo el pasado. Queda claro entonces que no se trataba de revolucionar el Derecho, sino de una influencia foránea que poco nos ayudó en el terreno de la estructuración jurídica de nuestra sociedad.

Después de constituida la Asamblea Nacional del Poder Popular, la labor legisferante se canalizó a través del nuevo órgano legislativo, el Parlamento.[25]

Al iniciarse la década de los 80, pese a la voluntad de articular un sistema orgánico de Derecho, se ha creado una sensible dispersión jurídica, una evidente desarticulación entre distintas ramas del Derecho y en ocasiones entre normas sustantivas y adjetivas y, sobre todo, se padece la evidente yuxtaposición de normas, y hasta visibles contradicciones de fondo, derivadas de la proliferación jurídica y la falta de organicidad en la promulgación de nuevas disposiciones, especialmente de las que están jerárquicamente por debajo de la ley. La proliferación de esas normas menores fue realmente asombrosa. A ello contribuía la puesta en función del llamado Sistema de Dirección y Planificación de la Economía (SDPE). La excesiva centralización que impuso dicho sistema y su alto ingrediente burocrático propiciaron aún más la exuberancia legislativa. Se ha llegado a afirmar que a la altura de 1986 el número de disposiciones generadas por el SDPE pasó de 100 000 normas relacionadas con las regulaciones del consumo, y llegó a una cifra semejante en relación con los precios mayoristas y minoristas, y a varios miles de normas de Derecho Laboral.

Sin embargo, de lo que no cabe duda es de que se vivía un proceso de búsqueda consciente de articulación de un sistema jurídico nuevo y coherente. Al mismo tiempo se pretendía avanzar y fortalecer la funcionalidad del sistema político, aunque en ocasiones se impusieran criterios burocráticos e inmovilistas. Cuánto hubiera demorado conseguir los límites mínimos de perfeccionamiento, particularmente del sistema jurídico, y cuánto hubiera sido necesario avanzar para sacar el funcionamiento del sistema político de sus empantanamientos burocráticos —todo ello en medio de los problemas económicos del país— es algo siempre conjeturable. Pero no desmiente la voluntad política de conseguir tanto la organicidad del sistema jurídico, cuanto la viabilidad del político y el reforzamiento de los consensos en torno al mismo.

Es precisamente con esos contextos que se inicia el Proceso de rectificación de errores y tendencias negativas, que tuvo impactos importantes en el esfuerzo de consagración de la sistematicidad jurídica y en la estructura y funcionalidad del sistema político, aunque aparentemente ninguna de estas cuestiones era objetivo, al menos directo, de dicho proceso.

El impacto principal del proceso pareció dirigirse, al menos inicialmente, contra el Sistema de Dirección y Planificación de la Economía, pero las primeras medidas al respecto condujeron a determinadas consecuencias jurídicas que afectaron no solo las ramas del Derecho directamente vinculadas con las esferas de la producción y la comercialización, sino que tuvo influencias más mediatas en el Derecho Laboral e incluso en el Derecho Penal.

Por supuesto que la nueva restructuración del sistema jurídico suponía la determinación de nuevos pivotes conceptuales esenciales y dependía, en medida absoluta, de las redefiniciones económicas que se venían haciendo, sin perjuicio de algunas revalorizaciones éticas y de la misma recomposición del sistema político. A mi juicio, los cambios que se producían en este último y su aludida recomposición,  no eran tanto referidos a la desaparición de algunos organismos, como la Junta Central de Planificación (JUCEPLAN), o a la disminución del desempeño de otros; sino a la reconsideración del papel del Partido y de las organizaciones sociales en la nueva sociedad; a la redefinición del funcionamiento de los órganos estatales basada en la participación activa de la ciudadanía, y a la revalorización de las condicionantes espirituales en la toma de las decisiones históricas del pueblo.

Desde mi percepción, no hubo una inmediata preocupación por la recomposición o reordenamiento del sistema jurídico, después de las erosiones y fracturas que se derivaron de las inmediatas medidas del proceso de rectificación de errores y tendencias negativas; pero lógicamente iba avanzando la comprensión de que se hacía necesario reorganizar todo el sistema porque ya empezaba a advertirse su falta de organicidad y, con ello, de verdadera funcionalidad. Y precisamente, cuando la restructuración económica, política y jurídica estaba en fase de búsqueda y tanteos, cuando la dirigencia del país buscaba una forma de vertebración de la economía que no desnaturalizara la esencia ética de la nueva sociedad que pretendía erigirse, conjugándose con una conducción económica de eficacia y productividad, se produce el derrumbe del modelo socialista europeo.

Muchas han sido las simplificaciones y la formulación de esquemas sobre las alternativas que se abrían, en esas condiciones, a la sociedad cubana. En ese sentido se ha hablado de una vuelta al modelo político-social que los cubanólogos llaman «maoísta.guevarista», como alternativa al modelo «soviético», basado en el llamado sistema de autofinanciamiento o «control por el rublo». Algunos afirmaban que ese sistema podría matizarse con los arreglos del llamado libermanismo; e incluso no se dejaba de hablar de supuestas alternativas según el modelo húngaro, el ortodoxo rumano o el intermedio búlgaro.

Por supuesto que el problema de las alternativas no es tan simple como han supuesto algunos analistas extranjeros, y particularmente los cubanólogos. En ningún momento Cuba dispuso de posibilidades de absoluta libre decisión, puesto que las presiones externas y particularmente el bloqueo económico se acentuaron de modo extraordinario desde el momento mismo en que se produjo el derrumbe del campo socialista. Ello creó condiciones de sujeción de las decisiones adoptadas a esas realidades, sin que ello supusiera la adopción de alternativas que afectaran la soberanía y la libre voluntad popular de avanzar hacia una sociedad alternativa al capitalismo.

Las consecuencias económicas del derrumbe del campo socialista para Cuba son bien conocidas y sobre ellas se ha escrito abundantemente. No se ha brindado semejante consideración a sus impactos jurídicos. En las líneas que siguen pretendo únicamente significar algunos de los efectos más importantes en el ámbito del sistema del Derecho. De forma muy esquemática, podría decir que esos impactos fueron —y siguen siendo en importante medida— polifacéticos y multidireccionales, y a ellos se condicionan, por supuesto, los desafíos del tercer milenio para Cuba. En resumen apretado, podría significar los siguientes puntos de atención:

  • El país se ve obligado a una reinserción económica en un mundo de unipolaridad política, pero de extraordinaria competitividad intercapitalista, que se organiza a través de la formación de poderosos bloques y paralelas tendencias de globalización económica planetaria. Esta situación obliga a abordar —desde el punto de vista de la formación de los nuevos juristas, de la recalificación de los actuales, y del complementamiento legislativo— todo lo referente a espacios jurídicos totalmente abandonados o subestimados, relativos a la gestión empresarial y su organización; a la economía de mercado y sus mecanismos e instituciones; a los financiamientos internacionales, sistemas crediticios, bolsas de valores, etc.
  • Esa situación provoca inmediatas consecuencias en la economía interna, con los consiguientes impactos jurídicos. Se hace indispensable articular nuevos sujetos económicos, especialmente los correspondientes a la inversión de capital extranjero y hasta los que se derivan de la gestión económica individual o familiar de los trabajadores por cuenta propia.
  • La necesaria capacidad competitiva a que se ve compelido el país obliga a revalorizar las relaciones laborales y, con ello, todo lo referente al Derecho Laboral. Los déficits presupuestarios, por demás, influyen en la necesidad de eliminar los subsidios empresariales y, por esa vía, también afectan las anteriores concepciones laborales paternalistas, amén de que conducen a consecuencias importantes en relación con la naturaleza y el alcance de la seguridad social, anteriormente brindada sin ninguna cortapisa.
  • El país se ve obligado a girar hacia la implementación de medidas que alivien los aludidos déficits presupuestarios y se abandona el anterior régimen de gratuidades, que se había sedimentado como valor en el consenso ciudadano, y se tienen que inaugurar nuevas medidas y normas fiscales, sin apoyo ni experiencia jurídica anterior. De hecho, tiene que resurgir el Derecho Fiscal, sin contar con que se hace indispensable desenvolver los contenidos del Derecho Financiero.
  • Los impactos jurídicos no se reducen a estos ámbitos puramente económicos o de relación directa con la economía: la depresión económica ha creado especiales situaciones criminógenas y es preciso ser sensibles a tales condicionantes, lo cual no significa que necesariamente la solución de fondo de esos problemas se encuentre en el camino de la represión penal. En ese sentido, la apertura al turismo ha permitido y propiciado el surgimiento de conductas que habían desaparecido de la sociedad cubana, como la prostitución, el proxenetismo, manifestaciones incipientes de consumo de drogas e intentos de introducirlas en redes clandestinas de comercialización vinculadas al aludido turismo; reaparición de tendencias al juego con interés económico, etc.
  • La descompensación entre la oferta y la demanda ha originado un fuerte proceso inflacionario, especialmente en el ámbito de los productos ofertados en el mercado negro o en la economía sumergida, que se sostiene, en buena medida, mediante alguna acción ilegal y hasta delictiva, en las cuales se ha comprometido a sectores significativos de la población, al menos como receptores y, en cierta medida, cómplices. Esta situación afecta no solo a la formulación jurídica penal de esas conductas y su tratamiento, sino de modo más directo al de las relaciones civiles —incluida la estimulación laboral— y algo más importante, la esencia ética del proceso político cubano y de sus protagonistas.
  • Las relaciones mercantiles han ampliado sus esferas y espacios, y exigen reacondicionamientos de determinadas instituciones del Derecho Civil, especialmente en todo lo relacionado con los contratos, las garantías, los derechos de los consumidores etc.
  • Las relaciones jurídicas trabadas en torno a los fundos agrícolas se han complicado de modo especial, particularmente con la existencia de las Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC), que exigen nuevas consideraciones jurídicas no solo referidas a la propiedad de la tierra y los instrumentos de trabajo, sino a la refacción de las cosechas, los créditos y todo lo relativo al acopio y comercialización de los productos agrícolas.

Para algunos observadores, la crisis cubana a la caída del campo socialista es de origen puramente exógeno y circunstancial. Para otros es la conjugación de viejos defectos estructurales, catalizados por el derrumbe del socialismo en Europa del este. En esa misma lógica, para algunos el Período especial es solo el resultado de determinados cambios cuantitativos, es decir, menos mercado, menos petróleo, menos créditos, más altos precios internacionales, más desempleo, etc. Otros advierten que se trata de una nueva cualidad de la vida económico-social, y hasta político-ideológica. Para los que tienen la primera visión, los impactos en el sistema del Derecho son también puramente cuantitativos: se expresan en la existencia de más cantidad de contratos, más sociedades por acciones o de capital mixto, un poco más de algunos delitos, menos recursos financieros y, por ello, algunas normas más de carácter tributario, etc. Para este discurso, los problemas no afectan o no deben afectar la médula del sistema jurídico, sino que bastarían simples adiciones o sustracciones normativas. Los desafíos al respecto, no son, por tanto, demasiado importantes.

Los de la segunda percepción afirman que el sistema tiene que ser recompuesto en su totalidad. Y ello no solo porque cualquier afectación en él, si efectivamente es un sistema, influye sobre la totalidad, sino además porque el sistema jurídico está llamado a normar y regular una realidad económico-social y político-ideológica otra y distinta a la anterior.

Desde ese punto de vista, que es el que sostengo, no puede pretenderse una aproximación válida a los desafíos de Cuba en el tercer milenio, en el orden del sistema jurídico, sin cumplir dos exigencias metodológicas: a)examinar qué se ha hecho hasta el momento o, en otras palabras, qué medidas ha adoptado el país, en el campo aludido, dentro del conjunto de acciones correspondientes al Período especial, y b)determinar cuál es la voluntad política visible y realizable en las condiciones económicas y políticas nacionales e internacionales y qué exigencias tendría —desde el punto de vista del sistema político y del sistema jurídico—la consecución de esa voluntad política condicionada.

A su vez, una correcta comprensión sobre las medidas económicas y jurídicas adoptadas en el período especial por la dirección estatal y partidista de Cuba, exige tener una clara idea sobre dos particulares no siempre bien asumidos por los analistas extranjeros:

  • Ante todo, que la crisis económica ha sido afrontada bajo la voluntad política de conservar, a toda costa, la médula de justicia social que caracterizó al régimen cubano en todo el proceso revolucionario y particularmente en los momentos de su configuración como alternativa económica y política. Ello es tanto como decir que esa crisis ha sido afrontada con medidas que en todo caso han evitado asumir las políticas de choque de corte neoliberal. Ello condujo a la extensión de los subsidios —no solo salariales, sino de presupuestos empresariales y de precios a productos preferenciados por su importancia social—que en cierta medida agudizaron la situación financiera del país en los primeros años del periodo especial, ahondando el abismo existente entre la demanda solvente y la exigua oferta de productos y servicios. Tal política, considerada un craso error por algunos economistas, nacionales y extranjeros, constituía sin embargo la audaz posibilidad de sostener, e incluso ampliar, los consensos políticos de respaldo al régimen. Lo contrario podría haber supuesto un acierto más o menos relativo en la restringida esfera financiera, o hasta económica en general, pero a costa de la enajenación del consenso político.
  • De otro lado, muchas de las medidas que se han adoptado al calor del Período especial, particularmente las reformas constitucionales de 1992, según mis investigaciones, habían comenzado a ser pensadas y analizadas antes de los impactos del derrumbe del campo socialista, y se inscribían, por el contrario, en una tendencia política de ampliación de los derechos civiles y políticos, que la Revolución comenzara a instrumentar desde mediados de la década de los 80.

A partir de esas premisas es más fácil entender las instrumentaciones jurídicas que se han adoptado durante los últimos años, particularmente después del Quinto Congreso del Partido Comunista Cubano. Sobre todo, será más fácil medir, en su calado profundo, los desafíos de Cuba para el próximo milenio.

Las medidas jurídicas adoptadas no han sido copiosas ni notables. En general, se han reducido a unas pocas esferas específicas: primero que todo a la correspondiente a una mejor gestión empresarial en las nuevas condiciones de inversión extranjera. Ello condujo a que el viejo Decreto-Ley 50, de 15 de febrero de 1982, fuera enriquecido con la promulgación de la nueva Ley para la Inversión Extranjera (Ley 77, de diciembre de 1995), que puede constituir un instrumento eficaz para organizar e impulsar dichas inversiones, por demás crecientes, a pesar del acoso de la administración norteamericana y la aprobación de la Ley Helms-Burton. Se ha avanzado lentamente, pero con aplomo, en lo referente a las marcas y patentes y la protección de los derechos autorales. Sin embargo, seguimos valiéndonos del viejo Código de Comercio español, de finales del siglo pasado, el que por increíble paradoja no había sido nunca abrogado.

En el ámbito del Derecho Penal ha habido menos organicidad en las medidas jurídicas adoptadas. Varios Decretos-Leyes han introducido nuevas figuras delictivas, derivadas de los requerimientos de punir conductas apreciadas como antisociales, vinculadas con el turismo, la prostitución, el juego e incluso el consumo o el tráfico de drogas. En este sentido fue especialmente importante el Decreto-Ley 175 de 17 de junio de 1997. Asimismo se han introducido cambios en los procedimientos penales, con el fin de hacerlos más expeditos y directos, particularmente en el nivel de los tribunales municipales y ante delitos menores. Finalmente, se promulgó la Ley 87, de 1999, que tipifica nuevas figuras delictivas y endurece algunas sanciones.

En Derecho Civil se dispone de un Código que no es demasiado viejo (Ley No. 89 de octubre de 1987). Sin embargo, siempre he considerado que ese cuerpo legal tuvo un pecado original : abandonó en grandísima medida los patrones, principios y matrices del viejo sistema de derecho romano-francés y se deslizó por la pendiente del utilitarismo, el simple positivismo y el mimetismo, copiando flagrantemente instituciones y soluciones de países de Europa del este, con muy poco desarrollo científico y doctrinal, lo cual ha hecho del Código un cuerpo defectuoso, débil, doctrinalmente inconsecuente y, a mi juicio, incapaz de servir medularmente a los reacomodos jurídicos que imponen las nuevas condiciones económicas y sociales del país.

En el campo del Derecho Financiero, en el Fiscal e incluso en el Laboral se han establecido algunas modificaciones y se han creado nuevas disposiciones, particularmente en las dos primeras ramas jurídicas aludidas, pero considero que también se ha ido avanzando sin sistematicidad, sin lo que los viejos juristas llamaríamos, «escuela doctrinal», sino más bien implementando soluciones específicas ante problemas concretos, con un pragmatismo en ocasiones alarmante. Todo esto se explica fácilmente porque durante muchos años esas ramas jurídicas habían brillado por su ausencia en Cuba, tanto en lo que a legislación o derecho positivo se refiere, cuanto en sus elaboraciones teóricas o doctrinales; algunas ni siquiera eran impartidas en las universidades del país.

En términos de una gran generalización, podría afirmar que el sistema jurídico cubano sufrió y padece ahora, después del derrumbe del campo socialista, un nuevo impacto que lo coloca en situación francamente transicional. Las afectaciones que se habían producido con ocasión de las políticas de rectificación de errores y tendencias negativas se vieron aumentadas no solo por el reflejo en el ámbito económico y social de la crisis estructural del país, sino además porque el mismo sistema jurídico se convulsionó, en alguna medida porque muchas disposiciones quedaron inaplicables y obsoletas, en tanto se abrieron nuevos espacios de desregulación jurídica, creados por situaciones económicas y sociales que no habían podido ser previstas en la legislación hasta entonces dictada.

Por supuesto que la suerte del sistema jurídico al respecto está íntimamente vinculada con el rumbo y la capacidad de desarrollo que adquiera el modelo económico que se vaya perfilando en el país, sin que con esto esté afirmando que el sistema jurídico es incapaz, por si mismo, de afrontar y resolver determinados retos y desafíos en las nuevas circunstancias históricas que vive Cuba.

Recientemente, la revista Temas propició una rica polémica en torno a una pregunta: ¿Qué podemos esperar hoy del Derecho en Cuba?[26] Si se repasa esa polémica, en la cual tuve el honor de participar, se advertirá fácilmente que algunos juristas afirmaron que el Derecho era incapaz, por sí mismo, de diseñar soluciones a los problemas de Cuba y que en definitiva cualquier solución dependía absolutamente de la base económica, en cuya dimensión debían resolverse, absoluta y exclusivamente, los problemas del país, para que entonces el Derecho viniera blandamente a plasmar, a «reflejar» en su normativa, esa realidad, triunfal o derrotada.

Frente a tales puntos de vista levanté, como puede verse en la aludida polémica, la convicción de que

 

el Derecho tiene un sentido teleológico, en función de un fin, y no es un simple conjunto de normas para regular lo que ya existe, sino algo que se quiere que exista, de ahí que lo teleológico esté imantado a lo deontológico, al deber ser. De otra manera el Derecho es un simple relato de lo que pasa en la sociedad [...] Tenemos que levantar cada vez más el contenido ideológico, paradigmático, teleológico y deontológico del Derecho. No podemos resignarnos a un Derecho que sea un resultado cándido de situaciones sociales ya dadas [...] El Derecho tiene que ser paradigmáticamente un ideal de justicia, de ética y mucho más para los cubanos que estamos haciendo una revolución sustentada en el paradigma de la justicia social, herederos del pensamiento martiano.[27]

 

Quiero subrayar que esas apasionadas afirmaciones, —que no pueden dejar de contextualizarse en una polémica— no impiden mi apreciación de que efectivamente, en grandísima medida, la suerte del sistema jurídico cubano está en íntima dependencia de la capacidad que alcance el modelo económico, de elevarse, de un simple modelo de resistencia, a un verdadero modelo de desarrollo, alternativo al capitalismo. Solo cuando estén esclarecidos esos particulares y exista luz suficiente al respecto, irá cuajando la posibilidad real de articular un sistema jurídico concomitante, orgánico, vertebral y coherente, que impulse esos designios y evite desviaciones de los mismos y, a partir de ello, vaya completando el aparato ético y los paradigmas conductuales a que antes me refería.

Sin embargo, creo que el desafío principal de Cuba en el próximo milenio, en punto al perfeccionamiento del sistema de derecho, no consiste en vencer el requerimiento aludido de completar las regulaciones jurídicas capaces de afrontar adecuadamente las nuevas coyunturas económicas, y particularmente comerciales, en que tiene que desenvolverse el país; ni siquiera considero que el principal desafío está en la armonización o precisamente, en la sistematización de todo el cuerpo normativo de las distintas ramas del derecho que han sido afectadas por la dispersión, la yuxtaposición y la desarmonización tanto vertical como horizontal. Por el contrario, creo que el desafío más importante estriba en alcanzar un sistema jurídico armónico, orgánico, completo, capaz de regular las nuevas situaciones económico-sociales, y que, al mismo tiempo pueda conservar los núcleos éticos que lo caracterizaron como sistema socialista, sin deslizarse por un pragmatismo ingenuo que lo separe de esos fundamentos.

Por supuesto que el más elemental examen de problemas y desafíos presentes introduce preguntas que se hacen observadores, politólogos, juristas y cientistas sociales en general.

Desde una perspectiva muy pesimista abundan los que se preguntan si podrá articularse un sistema de Derecho que quiere seguir siendo fundamentalmente socialista, en medio de poderosas relaciones económicas de corte capitalista y en medio de un mundo en que crece la globalización económica capitalista. La pregunta suele formularse del modo siguiente:¿podrá el Derecho imponerse sobre la economía o, no obstante la voluntad jurídica y hasta política que existe en la dirigencia de Cuba, la economía mixta y sus influencias en el país, y las multifacéticas relaciones económicas de Cuba con el entorno capitalista impondrán, necesariamente, un giro político y jurídico hacia el capitalismo?

Toda respuesta que se brinde al respecto podrá asumirse, y aceptarse o no, según la posición ideológica y las expectativas políticas de cada cual; pero en cualesquiera de las posiciones que se adopte al respecto —particularmente cuando se trata de avanzar ideas y soluciones posibles para articular, en el próximo milenio, un sistema de Derecho alternativo al capitalismo, y fiel a los postulados éticos del proceso político cubano vivido hasta hoy—, es necesario asumir una posición filosófica en relación con el Derecho y las posibilidades y expectativas sobre él. Una posición supuestamente marxista, que reduce el Derecho a un simple reflejo de la base económica, reduce notablemente o cancela sus posibilidades de contribuir seriamente a lograr los objetivos enunciados. Otra posición que, en la línea contraria, reduce el Derecho a ser simple voluntad política de la clase o los grupos dominantes, también cancelaría sus posibilidades de contribuir a enriquecer, mejorar, salvar y formular un ordenamiento jurídico que, a partir de un sentido dentológico determinado, contribuya a la formación de una conducta paradigmática, con cierto sentido de absolutez y permanencia.

Las pistas que nos revela la marcha del Derecho en estos cuarenta años nos llenan de optimismo y esperanzas. Esas pistas enseñan que la obra de la Revolución se ha ido realizando, de forma integral, en todos los ámbitos de la sociedad, y nos enseñan que el Derecho la ha propiciado, en tanto él mismo ha sido el resultado de las nuevas dimensiones que la Revolución abrió para toda nuestra sociedad. Ahora, en lo adelante, vendrán otros muchos años, un nuevo siglo, un nuevo milenio, pero los que años más tarde pretendan seguir las pistas de nuestra producción jurídica de hoy, podrán descubrir la misma voluntad ética, política y social, inspirada en una irrenunciable concepción martiana y marxista de nuestro pasado y nuestro porvenir.

 

[1] Es sabido que hay una poderosa corriente historiográfica que ha pretendido, desde hace algún tiempo, entender la Revolución Francesa desde el avatar de las mentalidades.

[2] Ese término, como es sabido, es de vieja prosapia, pues era ya usado en el siglo XIX. Pero ese concepto también ha ido evolucionando y adquiriendo una redimensión en que cada vez más se vincula no solo a consideraciones técnico-jurídicas, sino además, lingüísticas y culturales, en su más amplia dimensión. En ese sentido se habla crecientemente de las relaciones entre las áreas jurídicas y las áreas culturales. En los momentos actuales el sentido multidisciplinario de los estudios sociales aboca a una interdependencia inexcusable entre la Antropología, la Historiografía, la Lingüística y la Literatura, con la Sociología y las Ciencias Jurídicas. Por supuesto que en esa interconexión el pensamiento científico sobre el Derecho, lejos de perder espacios, avanza en posibilidades de precisión y comprensión cabal de sus objetivos.

[3] Estos conceptos pueden verse en el trabajo de Pierángelo Catalano «Sistemas jurídicos, sistema jurídico latinoamericano y Derecho Romano», en Revista general de legislación y jurisprudencia, segunda época, t. LXXXV, n. 3, Madrid, 1982.

[4] En el campo penal, a más de los elementos tipificadores de este sistema, se advertían fuertes influencias del positivismo italiano, particularmente en las tendencias de Enrico Ferri y G. Tarde. El Código de Defensa Social, promulgado en 1936, y vigente desde 1938, fue de declarada adscripción doctrinal a la escuela penal positivista, aunque plagado de inconsecuencias al respecto.

 

[5] La Constitución de 1940, aprobada dentro de un contexto internacional especial, y por ello en un marco nacional muy radicalizado, contó, en los debates convencionales, con la presencia de una delegación de los comunistas de entonces, organizados en el Partido Unión Revolucionaria Comunista, los cuales, apoyándose en una extraordinaria movilización popular, lograron la redacción de un texto constitucional considerado de los más progresistas de América en esos momentos. No obstante, las grandes conquistas políticas y sociales de aquella constitución quedaron como simple letra muerta porque las mismas se difirieron a supuestas leyes complementarias que nunca llegaron a dictarse.

[6] Esta es una interpretación sutil, pero valedera, que es común en la cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad de La Habana.

[7] Véase al respecto la copiosa producción de proclamas y leyes  dictadas en el apretado lapso de un mes (enero de 1959) en Proclamas y Leyes del Gobierno Provisional de la Revolución (Folletos de Divulgación Legislativa, t. I, Editorial Lex, La Habana, 1959).

 

[8] En ese sentido es notable un crecido número de reformas constitucionales, como —para solo mencionar singulares ejemplos—, la suspensión de la vigencia de los preceptos constitucionales que establecían edades mínimas y tiempo mínimo de ejercicio profesional para el desempeño de cargos públicos; suspensión de la inamovilidad de funcionarios judiciales y fiscales; junto a otras trascendentales reformas como el establecimiento de la retroactividad de la ley penal cuando se tratare de crímenes cometidos por personeros de la tiranía derrotada o suspendiendo la vigencia del recurso de habeas corpus por el término de 90 días y solo en relación con personas sometidas a la jurisdicción de los Tribunales Revolucionarios, por delitos cometidos durante la guerra.

[9] Esa legislación recorre el espectro de cuestiones tales como vigencia de los pasaportes, legislación de Seguros y Reaseguros; formalidades en la firma de Leyes y Decretos; suspensión del curso académico en los centros de Enseñanza Secundaria de la nación; anulación de títulos académicos otorgados por universidades privadas y extinción de estas; normas para los registradores de la propiedad; abolición de la cuota sindical obligatoria, hasta cuestiones tan trascendentes como el nuevo presupuesto de la nación; y modificaciones de las leyes orgánicas del poder judicial y del poder ejecutivo.

[10] Como se fundamenta en la Resolución de agosto de 1960, fue la respuesta a la actitud de constante agresión del Gobierno y del Congreso de los Estados Unidos, con fines políticos, contra los intereses fundamentales de la economía cubana; la manera de afrontar la necesidad que tiene la Nación Cubana de resarcirse de los daños causados en su economía y de afirmar la consolidación de la independencia económica del país; la inevitable respuesta a la continua estafa a la economía nacional, al desacato a las leyes del país y a la elaboración de un criminal plan de boicot por parte de las compañías petroleras norteamericanas. Se respondía así, además, al deber de los pueblos de América Latina de recuperar sus riquezas nacionales y al deber de Cuba de ser ejemplo luminoso y estimulante para los pueblos subdesarrollados del mundo en su lucha por librarse de las garras brutales del Imperialismo.

[11] Esas medidas eran una exigencia del desarrollo económico de la Nación, que solo podía conseguirse mediante la planificación de la economía; las grandes compañías privadas han seguido una política contraria a los intereses de la Revolución y las grandes empresas importadoras constituyen un obstáculo a la ejecución de la nueva política de comercio exterior. Además, como allí se declaraba con palabra inflamada, las grandes empresas habían creado alarma y confusión en sectores de la economía nacional y otras financiado grupos contrarrevolucionarios, en alianza con el imperialismo internacional y, ante todo ello, el Gobierno Revolucionario debía liquidar definitivamente el poder económico de los intereses privilegiados que conspiraban contra el pueblo y que jamás se podrán adaptar a la realidad revolucionaria de nuestra Patria.

[12] Un rasgo caracterizador de ese proceso es la verdaderamente curiosa y singular supervivencia de normativas, incluso de la época colonial, con interpretaciones y adecuaciones sorprendentes en ocasiones, y que logran su armonización con los nuevos tiempos. No hay que olvidar que incluso Lenín había aludido a la posibilidad de empleo extensivo de las normas burguesas para completar las regulaciones jurídicas en la nueva sociedad.

[13] Durante dos cursos, los estudios que siempre habían sido de cinco años, se redujeron a cuatro, en tanto desaparecían algunas asignaturas como el Derecho Romano, el Mercantil, la Filosofía del Derecho, etc., y otras perdían extensión y profundidad. Por suerte esta situación comenzó a ser rectificada desde los primeros años de la década de los 70 y, al fundarse el Ministerio de Educación Superior en 1976, se procedió de inmediato a la confección de un plan de estudios con pretensiones científicas y pedagógicas, que ha sido sistemáticamente perfeccionado.

[14] Es precisamente en estos contextos, cuando empieza a pensarse seriamente, en la vida académica, en investigaciones jurídicas que desbordaran los estrechos límites del normativismo anterior y alcanzaran dimensiones multidisciplinarias, dentro de las ciencias sociales, lo que condujo, incluso, a que por primera vez, justamente en torno al año 1988-89, la Academia de Ciencias de Cuba incorporara en su plan de investigaciones, un Problema Principal referido precisamente al Perfeccionamiento del sistema de Derecho Socialista.   Por cierto, autores en el mundo que nada tenían que ver con el llamado «socialismo real» admitían la presencia y singularidad de dicho sistema. La mayoría de los comparativistas contemporáneos admitían la existencia de un llamado sistema de Derecho Socialista. Algunos como Boris Nolde hablaban del sistema que llamaron soviético. Autores nada sospechosos de izquierdismo marxista como Pierángelo Catalano, en varios trabajos sobre los sistemas de Derecho y el sistema romano o latino, ha insistido en considerar al socialista como un sistema per se, al cual incluso, en uno de sus mejores trabajos al respecto, llegó a calificar como sistema en desarollo o ampliación.

[15] El profesor  yugoslavo Bojrislav Blagojevic afirmaba que para la justa conceptualización de un  sistema jurídico, desde un punto de vista marxista, es preciso tener en cuenta al tipo de derecho de que se trata, esto es, que «El Derecho debe ser considerado en relación y en dependencia con la organización económica y social de ls diferentes Estados».

 

 

[16] Tal negativa constituye una burocratización contrastante con el conocido fragmento de Justiniano I, en el Digesto, donde se dice: «Porque así como las mismas leyes por ninguna otra causa obligan, sino porque fueron recibidas por el juicio del pueblo, así también con razón guardarán todos lo que sin estar escrito aprobó el pueblo; porque, ¿qué importa que el pueblo declare su voluntad con el sufragio, o con las mismas cosas y con los hechos? Por lo cual está también muy correctamente recibido que las leyes se deroguen no solo por el sufragio del legislador, sino también por el tácito consentimiento de todos por medio del desuso.» Véase Justiniano I, Digesto, Libro 1, Cap. III, Pontificia Universidad Católica del Perú, pp. 67-9.

[17] Carlos Marx, Crítica al programa de Gotha, en Carlos Marx y Federico Engels, Obras Escogidas,  Ediciones en Lenguas Extranjeras, Moscú, t. 11, pp. 15-6.

[18] Armando Hart Dávalos, «¿Qué es un intelectual?», Juventud Rebelde, La Habana, l5 de septiembre, 1996.

 

[19] Medardo Vitier apunta atinadamente que sin perder realismo y sin abandonar una posición pragmática, en Varela se descubre un vuelo que salta por encima de lo circunstancial que aconseja el interés inmediato, para sostener un modelo abstracto y paradigmático que se asienta en una valoración global de la política y del hombre, en torno a un claro entendido ético irrenunciable. Véase Medardo Vitier, Las ideas y la filosofía en Cuba, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1970, especialmente pp. 7l y ss.

[20] Para los medianamente enterados del curso de las ideas jurídicas queda claro que una de las corrientes jusfilosóficas más poderosas de la contemporaneidad ha sido la del normativismo fundado por Hans Kelsen y conocida como Escuela de Viena o de la Teoría Pura del Derecho. El gran maestro austríaco, imbuido del espíritu cientificista del positivismo, se propuso encontrar un lugar y una explicación al Derecho, desligados de toda mistificación iusnaturalista. En ese camino elabora, desde 1911, su teoría pura del Derecho. Para Kelsen el derecho es un conjunto normativo, un sistema de normas y no de hechos naturales, ni siquiera sociales. El Derecho es norma y solo norma. Sobre el pensamiento de Kelsen al respecto puede consultarse cualquiera de las ediciones de su obra cumbre, La teoría pura del Derecho. Véase Hans Kelsen, Hauptproblerme der Staatrechchebre, 2da edición, Tüubinuen, 1923, p. 6, citado por Antonio Sánchez de Bustamante y Montoro en Teoría General del Derecho, Editorial Cultural, S.A. La Habana, 1953, p. 25.

[21] Al respecto véase, por su sentido de resumen y la abundante bibliografía que ofrece sobre el tema, la obra de Oscar Correas, Kelsen y los marxistas, Editora Coyoacán, México, 1994.

[22] Entre esos proyectos se cuentan: Creación del Registro de Población y de Identidad, (197l); Restructuración del Consejo de Ministros y creación de su Comité Ejecutivo,(1972); Ley de Organización del Sistema Judicial, (1973); Ley de Procedimiento Penal, (1973); Ley aboliendo el ejercicio privado de la abogacía y estableciendo los Bufetes Colectivos,(1973); Preparación de la experiencia del Poder Popular en Matanzas, (1973); Ley de Procedimiento Administrativo, (1974); Ley de Maternidad (1974); Código de Familia, (1975).

[23] Algunas disposiciones notables de ese segundo momento legislativo fueron: La Ley de la División Político Administrativa del país, (1976); La Ley Electoral,  (1976); Ley de la organización de la Administración Central del Estado, (1976); Establecimiento de los principios fundamentales del sistema de dirección de la economía, (1976); Nueva Ley del Sistema Judicial, (1977); Nueva Ley de Procedimiento Penal, (1977); Ley de Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral,  (1977); Ley de la Protección del Patrimonio Nacional, (1977); Código de la Niñez y la Juventud, (1978); Código Penal de 1979.

[24] Participaron en el proceso 6 216 981 ciudadanos, que propusieron un total de 12 883 enmiendas y 2 343 adiciones al proyecto originalmente presentado; las cuales fueron apoyadas por 91 861 votos, amén de otros 64 020 votos que se otorgaron a otras propuestas. Su redacción final, fue aprobada en referendo popular, mediante voto directo y secreto, por 5 602 973 electores, es decir, el 98% del cuerpo electoral. Votaron contra el proyecto 54 070, es decir, el 1,0%, anularon sus boletas 31 148 y dieron voto en blanco, sin pronunciarse en favor o en contra, 44 221 electores.

[25] A las legislaciones ya existentes se sumaron otras de sentido importante y general, como fueron, para solo citar algunos ejemplos, la nueva Ley de Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral; el Código de Vialidad y Tránsito; El de la Niñez y la Juventud, el del Trabajo, y en 1987 el nuevo Código Civil, con el que se salía del imperio jurídico, en ese campo, del viejo código español de l889. Mención especial merece la promulgación, en 1988, de la Ley 62, que deroga o subroga, según distintas posiciones doctrinales, el Código Penal de 1984 y que fue aprobado en medio de un profundo movimiento político, además de jurídico, de «despenalización».

[26] Véase «¿Qué esperar del Derecho?», Temas, n. 8, La Habana, octubre-diciembre de 1996, pp. 80-96.

 

[27] Ibídem, p. 88.