¿Qué pasa con las leyes? Legislación, política y reordenamiento

Resumen: 

¿En qué medida la legislación es fundamental en el proceso de implementación de los cambios? ¿Qué peso tiene en la Actualización del modelo? ¿Cuáles son los problemas que tienen que ver con la instrumentación normativa de las políticas y qué afecta hoy el área específica de producción de normas, de regulaciones? ¿Cómo se explica que la legislación aparezca retrasada con respecto a las políticas enunciadas hace un lustro?

Desde diferentes criterios una profesora, una fiscal, una asesora y dos funcionarios reflexionan sobre el  papel de la legislación en la política de reordenamiento que acompaña el proceso de cambios en Cuba.

Abstract: 

To what extent is the legislation essential in the process of implementing the changes? What weight does it have in the updating of the model? What problems have to do with the normative instrumentation of the policies and what affects today the specific area of production of norms and regulations? What explanation is there for the delay in the legislation of policies enunciated five years ago?

From different points of view, a professor, a public prosecutor, an adviser and two civil servants reflect on the role of legislation in the reordering policy that accompanies the process of changes in Cuba.

Rafael Hernández (moderador): El propósito de esta sesión es hacer una reflexión colectiva sobre el papel de la legislación en la política de reordenamiento que está en curso, el aspecto específico de la producción legislativa, es decir, en qué medida la legislación acompaña el proceso de cambios en Cuba y qué problemas se presentan en esta esfera.

A lo largo de más de ciento cuarenta sesiones de Último Jueves, en quince años, hemos abordado temas relacionados con la cuestión jurídica una y otra vez. Hemos tratado sobre qué es el Estado de derecho, la ley y el orden, en fin, una diversidad de debates que tiene que ver con el derecho y con aspectos asociados con él; de manera que el propósito de esta sesión es el mismo: reflexionar de manera ecuánime, analítica, e intercambiar sobre este tema.

Y sin más, quisiera empezar con la primera pregunta: ¿en qué medida la legislación es fundamental en el proceso de implementación de los cambios?, ¿qué peso tiene en la Actualización del modelo?

Fernando Lavín: Voy a contestar esta pregunta desde el punto de vista práctico, del trabajo cotidiano. A nosotros nos ha tocado la responsabilidad de coordinar la implementación de los Lineamientos. La Comisión creada al efecto no es un órgano decisorio, sino auxiliar del gobierno para coordinar con los organismos de la administración central del Estado y las entidades ese proceso. Aunque está legislado, muchas personas no tienen suficiente claridad de la misión y de las funciones de la Comisión.

Las transformaciones importantes que estamos haciendo en el campo de la economía, en el empresarial, en otras formas de propiedad, de gestión, en política fiscal, etc., requieren un cuidado y una velocidad que contribuya a no cometer errores costosos e improvisaciones, como ha ocurrido en otras experiencias.

Cuando hablamos de las normas jurídicas estamos hablando de la base de los cambios. Para nosotros es un principio que no haya cambios sin base jurídica. Se han hecho cosas y la base normativa y regulativa ha ido detrás, y aunque nos demoremos un poquito más pensamos que estamos haciendo lo correcto, y siempre la base y las normas jurídicas han precedido los cambios, y posteriormente los han acompañado.

Quiero aclarar cuál es la ruta de las normas jurídicas referentes a la actualización del modelo económico; no estoy hablando de otras. Lo primero que nosotros hacemos en la Comisión es conocer la política sobre el tema en cuestión, si es en relación con el agua, la política del agua; con la inversión extranjera, igual. Esa política tiene un diagnóstico, principios, otros elementos, y un cronograma de cómo se cumple. Las políticas constituyen la base de las normas jurídicas, y no al revés. ¿Quién aprueba esas políticas? Ya aclaré al principio que no es la Comisión, sino los niveles decisorios: el Buró Político y el Consejo de Ministros o el Consejo de Estado —depende el tema—, después se ajustan para darle forma jurídica a cada política aprobada.

Rosabel Gamón: Lo que explicaba el compañero Lavín es algo que distingue a nuestra Actualización del modelo económico de otros procesos en otros países. Nuestro gobierno parte de que las decisiones políticas se instrumenten en normas jurídicas; por tanto, la implementación jurídica constituye la base legal e institucional para todas las modificaciones y ajustes que se van a ir produciendo y se han producido en nuestro país.

Quisiera aclarar, pues no todos somos juristas, que cuando se habla de legislación no solo estamos hablando de leyes. La ley es una norma jurídica de rango superior, pero nuestras políticas han ido acompañadas de paquetes de normas, como los llamamos, que pueden ser decretos leyes, decretos, resoluciones y, por supuesto, también leyes, que van acompañando la implementación de las decisiones que se adoptan.

Existe un grupo jurídico, por supuesto, del que formo parte, pero no es el único en este proceso de elaboración de las normas; cuando se elabora una política, participa un grupo multidisciplinario al que se incorporan juristas de los diversos organismos, para no solo plantear propuestas de política, sino que, desde que esta se vaya formulando, aparezca el rango de la norma que la va a implementar, o las normas que se necesitan, y a su vez las que queden modificadas o se deroguen.

Es conocido que en nuestro país ha existido una gran dispersión legislativa, y uno de los propósitos con esto, es concentrar los temas en la menor cantidad posible de normas y que su publicación se haga en un solo número de la Gaceta Oficial. Se trata de que cuando la política se presente y se listen las normas jurídicas, no haya posibilidad de que luego cualquier jefe de organismo disponga otra cosa. Si se considera, ya publicada la norma, que quedó algún aspecto que no fue regulado, se debe consultar, por supuesto, y si hay que añadirlo se hace.

Se aprueba una política, se elaboran las normas, y viene todo un proceso de consultas sobre las normas jurídicas que se van circulando. Si durante ese proceso se considera que algún aspecto de la política no ha sido abordado integralmente, o que algo de lo que esté aprobado en la política choca contra una norma de las que tenemos dispuestas y es necesario modificarla, pues se hace. Es un proceso complicado, quizás no todo lo ágil que se quiere, pero legislar es complejo en todas partes del mundo, en nuestro país también.

Hortensia Bonachea: Quisiera que me permitieran realizar una breve introducción en cuanto al tema central del panel: legislación, política y reordenamiento, y preferiría, en ese sentido, que se organizara a la inversa, o sea, priorizando la política, teniendo en cuenta precisamente que de ella se derivan las principales transformaciones que en el orden económico y legislativo se pueden realizar o se realizan en nuestro país.

Coincido con los dos colegas que me han antecedido. El derecho es parte de la sociedad, y la legislación lógicamente se relaciona con los demás factores y productos sociales, demográficos, políticos, culturales, económicos. Considero, además, que las relaciones sociales y económicas constituyen la base de las jurídicas, y como tal pasa a ser la forma en que la norma va a encontrar interacción con esta realidad.

Para hacer las valoraciones, tenemos que dejar sentado que la legislación no es, por lo tanto, un elemento independiente ni actúa como una panacea universal que lo resuelve todo; es un conjunto de acciones y reacciones entre todos los factores sociales, y en especial con el aparato de poder del que deviene y se le impone. Hay que tener presente que la legislación no es norma y solo norma, sino que está impregnada de elementos sociales, políticos, culturales, económicos, y también de valores morales y de conductas en una sociedad determinada.

La importancia de la legislación, del derecho, es precisamente su carácter regulador, pues fija y consagra lo querido, lo permitido, y puede haber muchos postulados ingeniosos en las políticas para poder avanzar en el plano económico, pero si no existen normas jurídicas que los respalden no podría lograrse actualizar nuestro modelo económico y avanzar en este plano. Ningún sistema económico puede concebirse sin una estructura jurídica. Con la economía no basta para poner orden en las sociedades. Por eso es importante el derecho, para que entre a desempeñar su papel regulador y evitar que las sociedades sean un caos.

Hasta la fecha, la implementación de 21% de los Lineamientos, que ha dado lugar a la emisión de trescientas cuarenta y cuatro normas jurídicas, a la derogación o modificación de otras tantas, es precisamente el reflejo del papel decisivo que tiene la legislación en este proceso de actualización del modelo económico. Estamos conscientes de que esta no es la única reforma legislativa que se requiere, y que tendremos que seguir avanzando en otras modificaciones para poder asegurar y lograr esta actualización y todo este proceso al que estamos todos llamados.

 Miguel Limia: Quiero decir tres ideas; la primera de ellas es que el proceso de actualización del modelo está respondiendo preguntas claves que se plantearon en la sociedad cubana desde el año 2000, abordadas por el Comandante en Jefe, el 17 de noviembre de 2005, en la Universidad. Son antecedentes teóricos y políticos, metodológicos, de la decisión del VII Congreso del Partido, en cuanto a que la actualización del modelo económico y social exige no simplemente una transformación institucional, sino un fortalecimiento de la institucionalidad. Esa es una idea clave, como modo de dirección política del desarrollo del país. En consecuencia, como fundamento de estructuración, de funcionamiento y desarrollo de las relaciones sociales e interpersonales, ese proceso trasciende lo económico y social y lo jurídico.

La segunda idea es que en ese proceso de fortalecimiento institucional y no simplemente de su transformación, corresponde a la normación jurídica, en particular, un papel muy singular, pero no solo a ella. Le corresponde también a otras esferas normativas ejercer un papel fundamental en el plano de la moral, de la estética, etc. Además, se requieren transformaciones organizacionales, de gestión, de control, de mentalidades, de capacitación pública, que van más allá de la labor normativa estricta.

La tercera es que la expresión legal de estas políticas resulta un recurso imprescindible para canalizar las acciones, las necesidades, los intereses, las expectativas, tanto individuales como colectivos, en el proceso del desarrollo económico y social del país para ordenar el escenario y, además, disminuir la arbitrariedad. Eso es muy importante para darle predictibilidad y estabilidad al plan de desarrollo del país.

Martha Prieto: La legislación es decisiva, con condicionantes. No basta con la definición de política, sino que el proceso de creación de las normas tiene que ser de búsqueda de causas y efectos, de definición de los límites; hay que saber hasta dónde se quiere llegar, los medios con que se va a contar, las garantías que se van a ofrecer al ciudadano y al que vaya a tomar la medida, y los instrumentos de control jurídico, que hasta ahora no han sido los más eficaces en sentido general; por lo tanto, creo que la legislación es decisiva si se asienta en esos principios. Como ha quedado claro, las políticas han sido aprobadas de manera precisa, entonces nos tocaría a los juristas ordenar eso.

También habría que tener en cuenta la necesidad del avance coherente. Se está haciendo un esfuerzo sobrehumano —soy consciente de ello— para evitar contradicciones normativas, pero todavía perviven; y desde este punto de vista no permiten que el avance sea lo más coherente posible, y eso afecta la legitimidad de la medida, la actuación del órgano, y las garantías al ciudadano. Entonces, hay que tener en cuenta que no solamente es ordenar las políticas, sino prever los efectos de ellas y de esas normativas sobre la sociedad, para también tener capacidad de respuesta oportuna y rápida, y brindar garantías.

Cuando yo abordo en clases el concepto de institucionalidad, siempre dejo claro que no es lo mismo que institucionalización. Institucionalidad es darle calidad a lo que tenemos, funcionalidad, efectividad. Las normas de derecho no pueden solas proveerla, tiene que haber también una actuación consciente de todos aquellos que se van a implicar en la transformación, también de la ciudadanía.

Miguel Limia: Cuando hablé de institucionalidad me estaba refiriendo a la pauta; estamos modificando la pauta del desarrollo económico y social, eso es cierto; pero estamos fortaleciendo el ordenamiento de las pautas en la existencia de la vida de nuestra sociedad. Ese es un elemento muy importante, porque no tiene que ver solo con el derecho.

 Rafael Hernández: Existe la impresión de que hasta tanto no haya un orden de normas, un orden establecido de cómo hacer las cosas, las políticas no van a aterrizar y no van a desarrollarse de una manera homogénea. Eso, probablemente, es algo más que una impresión.

Ustedes han explicado cómo la legislación no es inmanente, no se genera a sí misma, es un instrumento de cambio, pero sin el cual es imposible que la política se convierta en un orden. Eso puede leerse como un círculo vicioso, por el cual, dado que todavía no estamos seguros de cómo van a ser los impactos de todas las políticas y de todas las nuevas regulaciones, vamos a esperar a ver qué ocurre antes de formularlo de manera legislativa, o normativa, o como sea procedente llamarlo.

¿Cuáles son los problemas que tienen que ver con la instrumentación normativa de las políticas?, ¿qué problemas afectan, en el momento actual, el área específica de producción de normas, de regulaciones que permitan que todos los que están involucrados en su implementación, de San Antonio a Maisí, tengan como referente una sola formulación, un solo orden, una sola normativa, y que no se aplique la política de una manera en un lugar y de otra manera en otro?, ¿qué tipo de problemas permiten explicarse, si no justificar, que la legislación aparezca como retrasada respecto a las políticas que se han enunciado desde hace cinco años?, ¿cómo ustedes explican eso?

Fernando Lavín: Los trescientos trece lineamientos no son las políticas a las cuales nos estamos refiriendo. Sería imposible aplicar cada lineamiento por separado, ya que tienen una gran relación. Algunas políticas a las que nos referimos implementan un lineamiento, pero la mayoría de las veces a un grupo de ellos, por la política fiscal. Entonces, a pesar de que hay 313 aprobados, y actualizados 274 que se publicaron recientemente, se han aprobado 130 políticas, que generaron la emisión de 344 nuevas normas legales de diferentes rangos: leyes, decretos leyes, resoluciones, decretos; la modificación de 55, y la derogación de 684. Yo no sé si, en cuatro años, esto es mucho o poco; lo dejo a la interpretación de cada cual. Eso encuentra su reflejo en las normas jurídicas hechas y demás; sin embargo, la lenta puesta en práctica de las regulaciones jurídicas y su asimilación han dilatado la implantación de las políticas aprobadas.

Como ya se dijo, se han implementado 21% de los Lineamientos, otro 78% está en diferentes fases de implementación, y 1% no se ha tocado por diferentes razones. Esto demuestra que actualizar el modelo no es un problema de cuatro ni de cinco años. Nosotros estamos estudiando las experiencias chinas y vietnamitas, adecuándolas a nuestras particularidades, porque el socialismo no es igual en todas partes, aunque las bases sean muy similares o iguales.

El presidente Raúl Castro decía, refiriéndose a la Actualización y no a las normas jurídicas: «El obstáculo fundamental que hemos enfrentado, tal y como previmos, es el lastre de una mentalidad obsoleta que conforma una actitud de inercia o de ausencia de confianza en el futuro; no han faltado, como era lógico esperar, sentimientos de nostalgia hacia otros momentos menos complejos del proceso revolucionario cuando existía la Unión Soviética y el campo socialista; en el otro extremo han estado presentes aspiraciones enmascaradas de restauración del capitalismo como solución a nuestros problemas». Eso tiene que ver con las normas jurídicas y con todo.

El primer desafío en la formulación y/o en la aplicación de la legislación dirigida a implementar los cambios económicos, sociales y políticos, planteados en la Actualización, está en proyectar los cambios, las políticas, en medir los impactos de cada política de antemano, sus riesgos, objetivos, metas, y los indicadores para ir comprobando cómo va avanzando, una vez que se hagan las normas correspondientes; no obstante, estas no están exentas de dificultades. Tengo enunciadas algunas y creo que pueden generar algún debate.

Por ejemplo, hay problemas con la preparación del personal jurídico. He apreciado que, a veces, en todas las esferas, esta rama del derecho se ha subestimado, y es importantísima, como decía la profesora. Por otra parte, en determinados momentos se ha manifestado lentitud en el proceso de elaboración de las normas, lo cual enlentece la implantación de las políticas; a veces una política es aprobada y la norma se ha demorado hasta doce meses. Eso es justo reconocerlo.

Hablé de la formulación de las normas, en cuanto a su aplicación, ha habido dificultades en la capacitación del personal encargado de ello y de controlar la legislación. Hablo no solo de los juristas, sino de los cuadros de diferentes niveles: administradores o gerentes, directores, vicedirectores, etc., que son los encargados de ejecutar eso. Tenemos problemas de capacitación no solo con las normas jurídicas, sino con todo, lo que pasa es que estas son lo que se aplica, porque la política no tiene carácter vinculante, lo que tiene carácter obligatorio es la ley, el decreto, las resoluciones, y hay que capacitar a las personas en ese sentido.

Hay un limitado proceso de comunicación y divulgación que no permite un amplio dominio de lo legislado. ¿Dónde empieza la protección al consumidor? En que conozca sus derechos. Lo primero es que el individuo domine la legislación en lo que le corresponde. La primera protección tiene que salir de su conocimiento, y para eso hay que comunicar, divulgar, y eso no es capacitación, es comunicación social.

También tenemos insuficiencia en el control de lo legislado. El control permite ir tomándole el pulso a cómo se está aplicando. Si se controla sistemáticamente —control del Estado, popular, social, como se le quiera llamar—, se puede ir corrigiendo el tiro, y si nos equivocamos en legislar o en la política que fue base de esa legislación, hay que virar para atrás. A veces hemos sido lentos en eso, si la política que se convierte en decreto ley o en resolución no da los resultados que se esperaban, o quedó una rendija por donde se colaron los pillos; y si no hay control, y una reacción rápida, el fenómeno ya se ha generalizado.

Por último, para evitar manipulaciones en otros escenarios, yo prefiero que esta pregunta no hablara de cambios políticos, sino de cambios sociales, económicos.

Rosabel Gamón: La cantidad de normas jurídicas de las que se ha hablado son las que han tenido relación con la implementación de los Lineamientos. No quiere decir que en este tiempo han sido las únicas dictadas y aprobadas.

Como se ha explicado, el proceso de su elaboración y publicación no es perfecto ni mucho menos; existen dificultades, pero hay que comprender que es un proceso complicado. Muchas personas creen que es muy fácil elaborar una norma después que esté fijada la política, y que en dos días puede salir. No es así. Considero que uno de los desafíos más grandes es que las políticas se ajusten realmente a las realidades. La política no solo identifica los problemas, sino también las propuestas de soluciones. En la medida en que seamos capaces de elaborar políticas integradoras, que lleguen al fondo de los problemas, entonces tocará que la norma jurídica refleje eso y se corresponda exactamente con lo que se quiere, que no sea omisa, que sea también integradora, flexible, abarcadora, lo cual permitirá que sean más o menos duraderas en el tiempo, que es otro gran desafío.

Hablábamos de que los juristas se incorporan desde el inicio a la elaboración de la política, pero no siempre es así; ha habido situaciones en las que la norma propuesta, al no participar juristas en su elaboración, no ha sido la adecuada y ha traído problemas.

Por otro lado, la asignatura Técnica Legislativa no se imparte en las universidades. Ninguno de los graduados, por lo menos de nuestra generación, ha conocido de esa especialidad del derecho, que es complicadísima, y lo estamos asumiendo como reto; pero no todo el que participa en este proceso, ni siquiera los juristas, tienen la capacidad idónea para enfrentarlo. Tampoco los especialistas y cuadros que participan en la elaboración de la política tienen la preparación jurídica suficiente, y es otro de los retos.

Supongamos que podamos tener una política y una norma jurídica perfectas; luego debe venir el proceso de capacitación de los que las van ejecutar, y de divulgación para que la conozca todo el que será partícipe de ellas, sea destinatario o no, porque hay muchas que tocan a todas las esferas de la sociedad. Divulgar no es solo que se publique en la Gaceta Oficial, sino ser suficientemente capaces de llegar al más humilde ciudadano para que se entienda lo que se está legislando; porque lo que sale es la norma, no se explica la política, como se decía. Entonces, las críticas a la norma son porque es lo que la población ve.

 Hortensia Bonachea: He podido identificar, de una manera muy similar a la de los colegas, cuáles son los principales desafíos que tenemos para con este propósito. Sin duda alguna, el primero de ellos es lograr la serenidad en la implementación, la capacitación del personal encargado de aplicar la norma. Coincido con ellos sobre el tema de la divulgación y pienso que vale la pena recalcarlo y reiterarlo. Y esto tiene que ir de la mano del control de lo legislado, del cumplimiento de lo que está dispuesto en las normas, para alcanzar la efectividad y evitar que se conviertan en males mayores.

Otro gran desafío es lograr que se supere el mal hábito de esperar —por los que tienen facultades en los niveles medios y de base— a que lleguen las decisiones de la superioridad para poder adoptarlas. No tenemos iniciativas, no somos emprendedores.

Miguel Limia: Voy a insistir en la complejidad. Me parece que no se puede confundir el deseo con las realidades; hay que tomar en cuenta las constricciones reales y las fortalezas y potencialidades con que se cuenta en este proceso. A veces no nos percatamos de la profundidad de las transformaciones que se están impulsando en el país. Por ejemplo, las relaciones de los organismos de la administración central del Estado (OACE) con el sistema empresarial, que están sujetas a una profundísima transformación, le plantean al derecho retos trascendentales, porque modifican la relación del derecho público con el privado, les crea nuevos desafíos al derecho mercantil, al empresarial, al laboral, en un asunto como la organización de trabajo y salarios cuyos presupuestos organizacionales se tomaron en Cuba en la década de los 70, o cuando el Estado deja de ser empresario y mantiene la condición de dueño, ¿cómo se codifica esa relación en el sistema de órganos de dirección del sistema empresarial? Eso es realmente un reto para el derecho no solo en Cuba.

Una de las líneas que están establecidas en los Lineamientos del VI Congreso es la descentralización, es decir, el paso de facultades, de atribuciones específicas a los territorios, a las provincias y a los municipios requiere hasta tocar el estatuto constitucional, sencilla y llanamente. No es fácil codificar ese tema de una manera distinta, cómo lograr que el Estado, a ese nivel, pueda definir y gestionar políticas públicas. El asunto es también de mentalidades: del legislador y de quien ejecuta la norma; es además organizacional, a veces no vemos que las organizaciones tienen costos de transacción, que cualquier cambio organizacional es sin costo, y no es así. Por lo tanto, no es simplemente reformular la norma, todo eso lleva un proceso de ajustes, de recursos; por eso digo, hay que tomar noción de las constricciones y de las potencialidades. Y digo más: hay que tomar en cuenta los conflictos de recursos, entre agentes, etc., que aparecen en el reordenamiento. Eso le crea una complejidad adicional al legislador porque hay que resolverlos con bajos costos de transacción, mediante negociaciones. Hay que aprender a hacer eso, si no, vamos a recargar a los tribunales; ¿y qué presupuesto público va a poder sostener todo ese proceso?

Martha Prieto: Quiero partir de tres presupuestos. Primero, que las transformaciones que prevén los Lineamientos y el Modelo son económico-sociales, no políticas, que sería transformar el diseño del Estado, que no es lo que se pretende. Entonces, recabar el perfeccionamiento de la Asamblea Nacional, que sea permanente, quizás que tenga menos diputados para que le cueste menos al presupuesto, que pueda tener un grupo asesor, no es un reclamo de cambio político. En estos momentos se está descentralizando a favor de las provincias, falta todavía llegar al municipio, si no, no hay desarrollo local; pero eso no es transformación política, es perfeccionamiento de la dinámica estatal. Sí, es una reforma administrativa profunda. Eso en un primer presupuesto.

Segundo, algunos cambios que se han hecho, otros que estamos haciendo, y otros que están por venir, o normativas que hemos adoptado, introducen cambios en esquemas, conceptos, nociones, que defendimos durante años, y esto también genera un impacto en diversas esferas de la sociedad; por lo tanto, hay que saber cómo transparentar el proceso de formulación de políticas, no solo de la ley, para que se entienda la toma de decisión y se legitime. Esto es importante.

También ha habido impactos socioideológicos en la población cubana que hay que considerar en todo el proceso de toma de medidas. En el momento en que votamos el texto constitucional, en 1976, éramos una sociedad homogénea. Hoy hay heterogeneidad social, hay un desarrollo de la diversidad, que debe ser tenida en cuenta e incorporarla al proceso de concientización de las políticas y de las normativas que se adopten.

En cuanto a la creación de la ley, yo insisto en el lenguaje claro, no digo lenguaje popular, sino técnicamente claro, con dominio de los principios técnico-jurídicos que son necesarios para que una normativa sea coherente, y eso no es un problema de formación del jurista, porque son contenidos básicos; lo que pasa es que tampoco podemos perder de vista que el jurista formula lo que el decisor le sugiere o le ordena. De ahí la importancia de grupos de juristas, quienes con una visión plural, más diversa, puedan intervenir en las sugerencias, y lo digo por experiencia personal. No es mi criterio, es nuestro criterio, por lo tanto, va a salir mucho mejor el producto.

Además, hace falta identificar los efectos, no podemos adoptar normativas desde una postura pragmática; hay que tener en cuenta las causas del fenómeno, porque si no se atajan las causas, los efectos se van a seguir produciendo. Este es otro tema que tiene que estar presente en el proceso de creación de las normas, e incluso valorar después los diversos efectos, los deseables, los no deseables, y dentro de estos, los que sabía de antemano que se iban a producir, para poder tener una capacidad de respuesta, para aminorarlos, y eso tiene que estar concebido en el propio proceso de formulación de políticas y de creación de la ley, y mostrado de alguna manera en la normativa a través de las competencias que se le definen a los órganos y las garantías que se postulan para los ciudadanos.

También está el tema de acabar de comprender que hemos confundido principios de ordenación. La administración pública debe poder hacer lo que le está permitido o facultado; por lo tanto, hay que regularle los límites mínimos y máximos de sus facultades para que se pueda controlar lo que está haciendo. Al ciudadano no debe regulársele todo lo que puede hacer o no, eso genera contradicciones, disfuncionalidades, salvo en derecho penal, donde sí hay que regular lo que no se puede hacer. Pero hemos creado normativas, por la idea de que todo lo que no esté en blanco y negro no está permitido. Tengo un sinnúmero de ejemplos. También hay que tener en cuenta eso en el propio proceso de creación de la ley.

Debemos romper el verticalismo en la elaboración de la ley. Mis compañeros han hablado de la integralidad, perfecto: un deber ser; ¿pero la hemos logrado en el proceso de creación de las normas, o todavía tenemos normativas que se siguen creando por una postura vertical? Le corresponde al Ministro de Finanzas, al Ministerio del Transporte, etc. Eso genera incongruencias a la hora de la aplicación.

En cuanto a la aplicación de las normas, que era otro desafío, hay que acabar de entender que el respeto a la ley es una expresión válida para todos: dirigentes, funcionarios, y los destinatarios de la norma. Muchas veces el esquema se plantea errado, y se dice «exigencia y el respeto a la ley» y se mira al ciudadano. La exigencia y el respeto a la ley también deben ir para el propio creador de la norma y los que se subordinan a su creación. Algo que vengo defendiendo mucho en mis clases es la necesidad del respeto de la jerarquía normativa. Si la ley establece que se puede hacer algo, no debe haber una normativa inferior que restrinja ese ámbito de actuación. Los controles no solo administrativos o políticos, sino jurídicos, tienen que activarse y realizarse, y si los que tenemos no son eficientes hay que buscar otros mecanismos de control; no le podemos pedir a la Fiscalía que haga todo eso; tiene que haber una intervención consciente de los tribunales de justicia en la verificación del cumplimiento de la ley, a partir de la reclamación que pueda hacer un ente administrativo o un ciudadano, porque se ha visto afectado de alguna manera.

Sí tenemos retos, pero debemos tener en cuenta de que si se demoran las normas, muchas veces es por esperar a ver cómo nos van quedando, lo más detalladas y explícitas posible. Ahí está el error: si la norma se consigna así, se corre el riesgo de que se quede añeja en un dos por tres, y que queden lagunas, porque el ser humano no lo puede prever todo. Por eso, desde el punto de vista de la técnica legislativa, lo conveniente es que se formulen normas en un sentido general, que delimiten los mínimos y los máximos, y establezcan jurídicamente los mecanismos de control y los entes que pueden participar y estimular estos. Yo voto porque la norma sea previa, pero la realidad no siempre nos acompaña.

Rafael Hernández: Vamos a darle la palabra ahora al público.

Juan C. Pedroso: La ciudadanía, la gente de a pie, no domina hasta dónde se ha desarrollado el proceso de los Lineamientos. Y otro problema, que para mí es más importante, es que muchos funcionarios que en la práctica tienen que hacerlos valer, no dominan la política, y eso es grave porque se forma un caos. A mí, en particular, me está pasando ahora en el trabajo.

Rafael Hernández: ¿Cuál es tu trabajo, Juan Carlos?

Juan C. Pedroso: Yo trabajo en demoliciones; parece sencillo, pero no lo es. Trabajamos con el Poder Popular, con los gobiernos de los municipios, y hay muchos compañeros que no saben lo que están haciendo porque no dominan las leyes. Mi sugerencia sería hacer más hincapié en la promoción, dar a conocer hasta dónde llegan los Lineamientos, qué es lo que se ha aprobado, por dónde va la historia. Por ejemplo, hay gente que invierte o está pensando en invertir y no conoce, no domina las leyes. A mí me han preguntado dónde se compra una Gaceta Oficial, porque en ningún lugar se dice: «En tal lugar se puede obtener la documentación».

Es cierto que la implementación lleva tiempo, ¿pero cuánto? Esto no se puede alargar demasiado; tiene que haber un límite, porque entonces pierde sentido.

Nils Ponce: El profesor Limia habló sobre el fortalecimiento de la institucionalidad, evitar arbitrariedades, y que es un reto al derecho constitucional. En la Conceptualización yo no vi eso, y así lo plantee en el momento que se discutió. Después de la Constitución del 40, en Cuba se estableció un Tribunal de Derecho Constitucional, y veo que en la del 76 no hay ninguno, y si existe, yo no lo siento, no lo veo; no sé si está previsto o se prevé. Quiero saber si planea establecer, objetiva y concretamente, un Tribunal de Derecho Constitucional que defienda al ciudadano de las violaciones de la Constitución —que las ha habido y las hay. Eso es muy importante, porque la Constitución es la Ley de leyes, la Ley fundamental del país.

Manuel Alonso: Soy economista, o sea, sé muy poco de derecho. Se apela mucho a la necesidad de la lentitud en la redacción de las normas, y yo digo que la velocidad es rápida para cerrar el grifo, pero cuando se trata de abrirlo hay que tomarse su tiempo. Las normas que han salido son muy vagas; ¿la jornada laboral es de cuarenta o de cuarenta y cuatro horas semanales? En el siglo pasado aquí corrieron ríos de sangre porque se pagaran cuarenta y cuatro horas por cuarenta de trabajo, y ahora no sabemos si es cuarenta o cuarenta y cuatro porque el Código dejo eso en el aire.

La facultad que tienen los empresarios según el Decreto Ley 281, acordado y concordado, es para pedir permiso; hay ciento ochenta artículos para pedir permiso, no para decidir nada, y los funcionarios tienen garantizada su impunidad. Esto lo he dicho varias veces en distintos paneles, normas a contrapelo de la legislación. Ellos hacen lo que les parece y punto, y nadie les dice nada, porque no hay tribunales, nadie que les hale las orejas.

El retraso en la elaboración de las normas frena el desarrollo de este país, hay que resolverlo, porque citando al presidente Raúl Castro en un discurso de 2010, «nos hundimos, y hundiremos si no resolvemos este problema; seremos arrollados por la misma sociedad que pretendemos normar».

Tania M. Jiménez: Tengo una duda y no sé si cabe en este tema, a lo mejor por mi desconocimiento, porque no soy jurista. Soy cibernético-matemática y diplomada en organización del trabajo y los salarios. Trabajando en la Dirección Municipal de Trabajo fue donde aprendí el valor de la ley, que en Cuba, como todos sabemos, se cumple muy poco, y hay muy poco conocimiento de las leyes.

He dicho en varias ocasiones que cuando leo las leyes, veo que se pondera más a los dirigentes y menos al pueblo. Cuando usted va al Código del Trabajo, los dirigentes tienen mucha fuerza, y los trabajadores muy poca, y esto es un problema muy grande para nuestra sociedad.

En el Poder Popular, que hace mucho tiempo está haciendo reajustes, hay una ley para revocar a los delegados de base, pero ninguna para revocar a los dirigentes. Entonces tengo muchas dudas con las leyes, porque hay mucha corrupción, muchos problemas en las entidades, y muchas veces se bota al que quiere que se resuelvan los problemas. En todo esto tiene que ver el desconocimiento —inclusive de delegados y diputados— de las leyes. Es un problema muy complejo y depende de todos solucionarlo para que vayamos adelante.

 

Darío A. Escobar: Soy periodista de profesión; redactor de El Caimán Barbudo. Quiero, más o menos, integrar dos preguntas que tienen que ver con lo que los anteriores participantes han mencionado: ¿qué mecanismos de control popular existen sobre esas formas de legislar y de pensar y construir políticas?, y la otra es del ámbito profesional: ¿qué mecanismos tendría hoy un profesional de la información, por ejemplo un periodista, para acceder de manera objetiva, ética, a esa información? Alguna vez traté de hacer un reportaje sobre el matrimonio igualitario en Cuba, y accedí a muchísima información, pero no a la oficial, porque me dijeron que la política estaba —y todavía está según conozco— discutiéndose con los organismos y estudiándose los estatutos sobre eso, y al final no pude hacer el reportaje porque no había manera de saber en qué punto estaba la discusión. Este es un asunto, como tantos, de agenda pública y de agenda mediática súper importante. ¿De qué manera uno puede acceder a esa información profesionalmente, y qué formas de control popular tiene la ciudadanía para acceder a maneras de revocar, de construir, de debatir, de hacer los asuntos mucho más transparentes, más democráticos?

 

Ramón García: Después de quince años de asistir a Último Jueves me despido de Temas y quiero hacerlo con una intervención de cinco puntos. Uno: carecemos de muchas leyes, y las que tenemos son ineficaces; pero el país funciona, existe una legalidad en la práctica. Dos: esa legalidad se basa en elementos extrajurídicos y es la expresión de una típica relación de diglosia cultural, que enfrenta la razón de Estado con la vida cotidiana. Entonces, la adopción de un enfoque cultural del proceso político nos lleva al derecho comparado; me refiero a buscar las experiencias, por ejemplo, en el derecho tribal africano, en el derecho consuetudinario malayo, en el derecho chino antiguo; o sea, hay muchas experiencias que podemos desempolvar. Tres: contamos con una tradición de pensamiento que aboga por el Estado de derecho —este es el caso de Fernández Bulté, Gómez Treto y otros— que fija su referente en los años 60, que fue como el canto de cisne del derecho; después vino el normativismo soviético, y toda la cosa que conocemos después, tradición esta que habla de cierta relación entre la ética y el derecho, en medio de una revolución, en el caso nuestro. Y cuatro: sugerimos un giro comunitario que exige la adopción de un sistema de derecho en particular. Pongámonos a pensar eso.

 

Ramiro Feijóo: Soy jubilado. Considero que sin una Constitución que lo respalde, el hombre deja de ser eso, casi se convierte otra vez en mono. Yo pregunto cuántos de los que estamos aquí hemos leído a conciencia, analizado la Constitución, cuál es su sentido y por qué su existencia y la del derecho constitucional.

El concepto de educación del hombre tiene que variar. Sobre todo si queremos hacer una sociedad nueva, el hombre tiene que empezar a conocer sus derechos desde la cuna. Pienso que no puede ser privativo de un grupo de especialistas y de expertos en derecho. Hay que enseñarle al hombre sus derechos como se le enseña la bandera, el himno y el escudo. El derecho constitucional debe estar entre esos elementos válidos en la sociedad, debe impartirse, hay que enseñar las leyes, debe haber una asignatura, si no en la primaria, en la secundaria, en el preuniversitario, en todos los niveles, que le enseñe cuál es la aplicación constitucional y de derecho en cada especialidad, y sepa cómo actuar en cada momento y lo que implica hacer o dejar de hacer.

 

Andrés Dovale: Soy médico y profesor de la Escuela de Medicina. En Cuba hay un grupo decisor —eso quedó bien claro— que indica la política, lo que hay que hacer. Los lineamientos son realmente líneas políticas. En otros países, el poder legislativo es una cámara donde hay senadores, representantes, y a veces se pasan meses discutiendo una ley que va a afectar a todo el pueblo. Aquí es mucho más sencillo. Han sido contadas las leyes que ha hecho nuestra Asamblea Nacional: la Constitución, el Código del Trabajo, y así. Todo lo demás son decretos, y estos vienen de los ministerios. Los ministros son el poder decisor, y cada rama de esas va haciendo sus leyes.

No existen las garantías constitucionales; eso que está en todas partes del mundo. La Constitución se viola groseramente, empezando por que dice cuatro veces, como país socialista que se suponía que iba a ser, que no puede haber explotación del hombre por el hombre, y lo que estamos haciendo desde 2005 para acá es legitimándola con los llamados cuentapropistas. En el campo, en lugar de hacer más cooperativas, entregaron cinco caballerías de tierra a individuos para que las trabajaran con quince y hasta veinte trabajadores asalariados. El trabajo asalariado es capitalismo. Eso no es socialismo. Este no es un país socialista, este es un país de un capitalismo de Estado, que quedó bien claro cuando Marino Murillo, en la Asamblea Nacional, dijo que la empresa estatal era capitalista porque de lo que se ocupaba era de obtener ganancias.

 

Rafael Hernández: Le doy ahora la palabra al panel para que comenten sobre lo que se ha planteado.

 

Fernando Lavín: Algunas cosas que se han dicho las compartimos y otras las respetamos; pero, por supuesto, no coincido en que en Cuba se esté construyendo el capitalismo, ni que sea capitalismo a pulso; no comparto que la empresa estatal sea capitalista; es propiedad social, de todo el pueblo, que es quien la debe representar. El socialismo que estamos construyendo es el que estamos actualizando, donde la pequeña empresa privada, la microempresa, tendrá su espacio, pero jamás podrá decidir los destinos de este país, porque una pizzería no decide los destinos de un país.

Una sociedad donde los medios principales de producción son propiedad social, aunque ahora no funcione exactamente así, porque las cosas no son porque uno se las imagina y ya funcionan. Pasamos mucho tiempo con una elevada centralización, ahora estamos dándole más facultades a la empresa estatal socialista, que aún no lo hemos logrado, porque eso, como tantas cosas, no se logra por decreto. Cuando alguien lleva mucho tiempo trabajando de una forma y empieza a trabajar de otra, requiere de un período de adaptación, de mentalidad, de regulaciones y demás.

Un país cuyos destinos se rigen por la empresa estatal socialista, que es la forma principal, donde nadie queda desamparado, donde existe un régimen de seguridad social que abarca a todos, incluidos los cuentapropistas, donde todos reciben parte de la ganancia por la redistribución social, donde todos tienen derecho a la educación gratuita, a la salud gratuita, a igualdad de oportunidades, es muy difícil calificarlo como capitalista, a pesar de que existan negocios por cuenta propia, que pueden coexistir perfectamente con la empresa estatal. Considero que el Estado tiene que concentrarse en las cosas que deciden su futuro, y que garantizan el derecho a las conquistas sociales de la población.

El compañero que habló con un buen sentido del humor, dijo además que en Cuba no teníamos esos problemas de que la Asamblea tuviera que dedicarse a hacer leyes porque no se hacían. Es cierto que tenemos que perfeccionar el trabajo de la Asamblea, en eso no caben dudas, y la profesora aclaró las medidas de perfeccionamiento administrativo que hay que tomar. En lo particular, no tengo dudas de que nuestra Asamblea tiene que ser más ágil, quizás tenga que sesionar más permanentemente.

Pero los decretos leyes los aprueba el Consejo de Estado, que es el órgano que funciona cuando no sesiona la Asamblea, y después esta los ratifica o no, no es que un ministro, desde una oficina con aire acondicionado, diga: «Voy a hacer mañana un decreto ley». Nada más lejos de la realidad.

Las políticas, antes de aprobarse —y a veces se demoran por eso—, se circulan a todos los ministerios, a todos los gobiernos provinciales, muchas veces a las organizaciones de masas y políticas, y se tiene en cuenta hasta el último criterio antes de definirlas. Al final, esos niveles decisores toman una decisión, porque alguien tiene que tomarlas, y a veces se dan dos y tres vueltas y se vuelven a conciliar las leyes parecidas y los decretos leyes parecidos. Ese es el trabajo, ese es el funcionamiento. Aquí no hay autoridades jerárquicas personales que tomen esta clase de decisión.

 

Miguel Limia: Quiero decir dos o tres ideas. La primera, recordar que los Lineamientos tuvieron un nivel de discusión popular sumamente amplio, y fueron la fuente del proceso que se desató después del VI Congreso del Partido. Lo segundo es que soy de la Comisión de Implementación, y les digo que estamos trabajando escrupulosamente con más de noventa mil opiniones que hemos recibido sobre la Conceptualización. Si eso no es ejercicio de democracia yo pido que comparen con otro país y me digan dónde se ha hecho una consulta popular en algo tan trascendental como la institucionalidad, la pauta, las reglas del juego de la organización de la vida económica y social del país, como en este. No es perfecta, es mejorable, efectivamente, pero es una realidad, y yo la testimonio con mi vida, y por eso lo digo aquí con toda franqueza.

La tercera es que antes creía, como científico, que las situaciones sociales se podían resolver de una manera más expedita, y me di de bruces con la realidad, trabajando con los tomadores de decisiones. Todos los años que llevé trabajando en la ciencia no me habían informado de todas las necesidades que hay que cubrir para decidir una norma, una medida, de forma que refleje la voluntad, las expectativas, las necesidades y los intereses del pueblo, y cuente con las potencialidades reales y las constricciones en que está viviendo el país. Esa es mi experiencia muy personal.

La actual es una nueva noción de la construcción del socialismo; pero tiene detrás la historia de Cuba desde el siglo xix, y la experiencia de la construcción del socialismo durante el siglo xx; no es improvisada. Es una noción compleja que resulta difícil captar. Sí es una visión que entra en diálogo con la manera en que se concebía el socialismo en el siglo xix y en el xx.

Otra cuestión es que es imprescindible en Cuba hacer un perfeccionamiento del derecho público. Soy diputado a la Asamblea Nacional por la provincia de Granma, y camino el territorio, y también respondo por lo que hago allí, y es verdad que hay que perfeccionar el trabajo de la Asamblea Nacional; esa es una noción y una conciencia que tenemos hace muchos años, y críticamente estamos asumiendo ese problema.

Con respecto al perfeccionamiento de los mecanismos, de las garantías de los derechos, se está trabajando en eso. Efectivamente, hay que mejorarlas, pero desde nuestros principios, los de la Revolución cubana, no desde los que vengan de otro lugar y con otras intenciones. Estoy dando mi opinión, y respeto la de todo el mundo: estoy por que se perfeccionen desde nuestros principios, porque cuando se habla del derecho en los Estados no socialistas esa historia me la conozco porque he trabajado treinta años en las ciencias sociales, y no quiero verla repetida en mi país. Hay que desarrollar nuestro derecho constitucional, el privado, el mercantil, el empresarial; y la concepción que estamos moviendo en la Conceptualización se ajusta a nuestros principios, y ahora se está debatiendo.

En consecuencia, es verdad que hay que mejorar el acceso a la ley, la tutela judicial, los mecanismos de las garantías. En eso hay que trabajar, hay que hacer más perfecta esta sociedad; para eso estamos, esa es nuestra lucha, ese es el sentido de la vida que tenemos cuando nos comprometemos con la noción de revolucionario.

 

Rosabel Gamón: Hay muchas de las opiniones que no compartimos, aunque respetamos la posición de cada cual. Algún compañero mencionaba que es un país que carece de leyes y sin embargo el país funciona; pero no hay ningún país que pueda funcionar sin leyes.

Coincido con el planteamiento del respeto a la Constitución y con el de la educación jurídica de la población. Tengo un hijo pequeño, y sé que en la primaria y en la secundaria dan la asignatura de Cívica, con la pretensión de educar a los niños en esa formación jurídica, pero todavía no es suficiente. Es cierto que la población no conoce el texto constitucional, mucho menos los deberes y derechos que tenemos. La ministra de Justicia lo ha planteado, es una de las tareas que tiene el Ministerio de Justicia, pero es una labor que requiere tiempo.

Ciertamente podemos considerar que son pocas las leyes aprobadas por la Asamblea Nacional. Se ha reconocido que hay que activar su papel legislativo. En eso se está trabajando. También abogamos porque este proceso sea ágil; entonces es un reclamo por una parte, de que haya muchas leyes, y estas demoran mucho más en concretarse, por lo que hay lineamientos que se están implementando de manera experimental, y no puede ser a través de leyes; por eso se busca otros tipos de normas jurídicas para implementarlos, corregirlos en el tiempo; pero es otro de los problemas que están identificados y abogamos por que la Asamblea tenga un papel más activo, porque sesione más, quizás de manera permanente.

Limia hablaba del proceso de consulta que han tenido los Lineamientos y ahora la Conceptualización. Solo quiero referirme a que el Código de Trabajo fue una ley que se debatió, no solo en la Asamblea Nacional, sino en todos los centros de trabajo, y podemos considerar las opiniones de si se tuvieron en cuenta o no; eso puede suceder. Nosotros fuimos parte del proceso, y fue enorme la cantidad de opiniones que se recibieron, y puedo asegurar que del proyecto que se concibió al que luego salió, el cambio fue total, porque se tuvo en cuenta los criterios planteados por la población.

 

Martha Prieto: Las leyes no pueden ser —y estoy recogiendo criterios que se han dado tanto desde el lado de la sala como del lado del panel— una sumatoria de intereses, siempre se traza la línea media, y habrá unos que se aseguran, y otros que no.

Lo que creo que tenemos que perfeccionar es ese mecanismo nuestro de recepción de criterios, cuáles acogemos, cuáles no, en todo proceso de debate de cualquier normativa, de las políticas, del modelo, para que la población vea que su participación no fue por gusto, sino que tuvo sentido. Por lo tanto, es vital la transparencia, que sea efectiva, y más porque los medios de difusión son nuestros, no son privados, por lo que no hay inconveniente para hacerlo, como no lo hay para que las sesiones de las asambleas del Poder Popular sean públicas; al contrario, la Constitución manda que sean públicas. Trasmítanlas por radio, pongan afuera los altoparlantes, algo, para que las personas que quieran las oigan; es decir, hay que buscar fórmulas para que de verdad se transparenten plenamente.

En cuanto al reclamo de garantías, voto por el perfeccionamiento de ese sistema. Nosotros concebimos originalmente —digo nosotros porque me impliqué en el voto del texto del 76, como unas cuantas cabezas que veo por aquí— que con las garantías materiales de los derechos sociales era suficiente. El Estado no puede asumir todas las garantías de todos los derechos; tiene que dar posibilidad para que la persona también defienda sus derechos y sus intereses, y eso hay que perfeccionarlo. No solo puede reclamársele a la Fiscalía; su función es el control de la legalidad, no asegurar reconocer o privar de derechos. Esos son los tribunales, por lo tanto, tenemos que llegar a una postura mucho más activa de los tribunales dirimiendo conflictos.

También se ha valorado un Defensor del Pueblo, despegar un poco de la Fiscalía el sistema de protección de los derechos ciudadanos, o vía de las quejas, porque es demasiada carga para una institución. Eso lo puede asumir, con toda plenitud, el Defensor del Pueblo, que existe en otros lugares del mundo. Yo también tengo mis reservas de las copias, porque cuando se va a mirar un modelo hay que saber las disfuncionalidades que tiene adonde existe, para cuando se vaya a recepcionar, no cargar con ellas, o por lo menos tener capacidad de respuesta para esa institución que llega.

Necesitamos una institución que pueda mandatar a la Administración a que cumpla lo que no ha cumplido, o que pueda mandatar al ciudadano a que respete el espacio privado del otro, y que sea efectiva. Para eso están los tribunales, hay que luchar por la efectividad de esa decisión.

Yo misma he propuesto programas de televisión para explicar la enseñanza de la Constitución y los derechos; siempre empiezo por los derechos, porque parto del criterio de que nadie se matrimonia, me perdonan el ejemplo, para cumplir deberes, sino para disfrutar los derechos de la vida en pareja, y luego, responsablemente, cumple los deberes. Por eso siempre prefiero hablar primero de los derechos, y ahí hay confusión, porque si se regula un derecho como un deber, lo están vaciando, afectando el derecho.

También he abogado por una ley de medios, porque desde mi especialidad he trabajado con muchos estudiantes de periodismo sobre este tema, y ciertamente hace falta para que paute y delimite las responsabilidades de cada uno en esta dinámica de transparentar, y para que también establezca las obligaciones de la administración pública de darles información a los medios para que la hagan llegar a nosotros como ciudadanos.

Sobre la revocación de mandatos, es verdad que hay que perfeccionar eso. Ahora nada más podemos revocar al delegado municipal. ¿Por qué no al delegado provincial o al diputado, si yo lo elegí? Son situaciones, reglas, que hay que perfeccionar.

En relación con la Constitución, vengo explicando la materia hace cuarenta años, defendiendo el magno texto y sus contenidos; por lo tanto, siempre que sea para salvaguardar los principios y valores que están consagrados en ella, para que sea eficaz jurídica y socialmente, y que pueda constatarse en lo cotidiano su fuerza e imperatividad sobre la actuación de todos, para que sus postulados sean realidad, bienvenido sea. Por ello, no dejo de reconocer la necesidad de perfeccionar los órganos y mecanismos de control de legalidad y de la constitucionalidad.

 

Rafael Hernández: Para terminar, quiero agradecer a cada uno de los panelistas que desde sus perspectivas y experiencias ayudaron a profundizar en el tema; y a los ocho compañeros que, desde el público, contribuyeron al debate, así como a todos los que hoy nos acompañaron.

 

Panel realizado en el Centro Cultural Cinematográfico ICAIC, el 29 de septiembre de 2016.