Planeamiento democrático: sí, pero ¿cómo hacerlo?

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Este artículo sostiene que Cuba puede estimular la participación y la iniciativa populares en su economía mediante un cambio dramático en su sistema de planificación que garantice a los trabajadores —en sus empresas socialistas— y a los consumidores —en sus CDR y órganos del Poder Popular— autonomía respecto a sus propias actividades económicas. En los de

 

Este artículo sostiene que Cuba puede estimular la participación y la iniciativa populares en su economía mediante un cambio dramático en su sistema de planificación que garantice a los trabajadores —en sus empresas socialistas— y a los consumidores —en sus CDR y órganos del Poder Popular— autonomía respecto a sus propias actividades económicas. En los debates del pasado, los que defendían la necesidad de estimular una mayor participación popular en las tomas de decisiones económicas en Cuba, pueden agruparse en dos campos. Algunos sostenían que podría lograrse una mayor participación mediante reformas dentro del marco del sistema de planificación existente; otros que solo si se le permitía a las cooperativas y pequeñas empresas privadas obtener beneficios mediante los intercambios mercantiles sería posible estimular más la iniciativa y la participación. En este prolongado debate interno, ambas partes se equivocan. 

Se engañan quienes creen que reformar el sistema de planificación existente —en vez de remplazarlo por un sistema fundamentalmente distinto— bastará para insuflarle vida a la economía cubana. Aunque los partidarios del sistema tradicional de planificación no pretenden desalentar la participación popular y rechazan que se utilice el adjetivo «autoritario» para describirlo, no obstante, es cierto, en primer lugar, que la planificación cubana sigue moldeándose según los viejos sistemas utilizados en la ex Unión Soviética y las economías de Europa oriental antes de 1989; y en segundo, que este procedimiento de planificación limita la participación principalmente al personal de los ministerios de planeación y organismos centrales, y a los administradores de las empresas estatales, y brinda solo limitadas oportunidades a la participación de los obreros y los consumidores en las tomas de decisiones que los afectan.

Este sistema de planificación debe ser remplazado por uno participativo, democrático, que opere sobre la base de principios diferentes y una lógica enteramente distinta. De otro lado, también se equivocan quienes creen que la solución radica en convertir más empresas socialistas en cooperativas poseídas por sus trabajadores, en tolerar más empresas privadas y en brindarles más libertad a las fuerzas del libre mercado. Desatar la lógica de la competencia y la avaricia no puede sino socavar los esfuerzos por construir un sistema de cooperación equitativa. Es decir, aunque este enfoque busca abrir un espacio a la acción autónoma y estimular la iniciativa, se convierte en una amenaza para el avance de Cuba hacia el socialismo. Afortunadamente, es posible crear un espacio autónomo para los obreros en las empresas socialistas y consumidores en sus CDR y órganos del Poder Popular de base mediante una transformación radical del sistema cubano de planificación de manera que impulse el proyecto socialista en vez de amenazarlo. 

El problema fundamental del sistema de planificación cubano es que ha desalentado la participación popular en la toma de decisiones económicas. No creo que esa haya sido nunca la intención de nadie. De hecho, existe evidencia de que los dirigentes cubanos han lamentado desde hace mucho tiempo esta dinámica, y han convocado públicamente a los críticos para proponer soluciones. Sin embargo, la predisposición respecto a la creación de oportunidades para el trabajo autogestionado, incluso en las mejores experiencias de planificación central, ha demostrado ser un serio impedimento para el desarrollo de capacidades de autogestión a nivel popular en todas las economías centralizadas. La apatía hacia esta se deriva de la falta de oportunidades reales para emprender la autogestión. Para el trabajador simple, lo mejor es no preocuparse, pues tiene poco sentido desarrollar un fuerte interés respecto a lo que ha de producir o cómo hacerlo, porque estas decisiones las toman los planificadores y directores de empresas, que participan en el proceso de «planificación centralizada». Las ineficiencias en el procedimiento de cálculo conocido como «balances materiales», y los problemas «planificador-ejecutor», que influyen en que los directores de empresas no orienten adecuadamente a los planificadores respecto a las verdaderas capacidades de sus empresas, son los obstáculos que los críticos pro capitalistas señalan y que los profesionales en los ministerios de planificación luchan por superar. Pero el verdadero talón de Aquiles de la planeación centralizada siempre ha sido su estructura autoritaria y su inherente predisposición contra la autogestión obrera.1  

 

No botar al niño junto con el agua sucia 

Aunque este artículo recomienda remplazar el sistema tradicional de planificación cubano por uno completamente distinto de «planeación participativa», sería un error deshacer los grandes progresos institucionales e ideológicos que Cuba se ha esforzado por mantener durante mucho tiempo en condiciones adversas. Sería, en efecto, botar al niño con el agua sucia. El agua sucia, de la que hay que librarse, es el sistema autoritario de planeación heredado de las ya fallecidas economías centralmente planificadas de la ex Unión Soviética y Europa oriental. El niño que ha de ser preservado y protegido es la empresa socialista y las convicciones ideológicas que la sustentan. Uno de los principales logros de la Revolución cubana es que la inmensa mayoría de los habitantes comprenden que todos los recursos productivos disponibles —los recursos naturales, el capital físico, y el humano creado por su magnífico sistema educativo— son propiedad del pueblo. En Cuba se da ampliamente por sentado que todas estas capacidades productivas, junto con el conocimiento técnico requerido para echarlas a andar, pertenecen a los cubanos y existen para beneficiar a todos por igual. La mayoría de los cubanos entiende que aunque diferentes empresas utilizan partes distintas de este potencial productivo, esto no significa que lo que utiliza una empresa pertenezca a quienes lo usen en ella. 

La empresa socialista es la encarnación institucional de esta convicción fundamental. Las privadas son la encarnación institucional de la perspectiva opuesta: partes específicas de las capacidades productivas de la sociedad son propiedad privada de su(s) dueño(s). Aunque constituyen un paso en la dirección acertada, las cooperativas tradicionales propiedad de sus trabajadores siguen tratando los recursos productivos sociales como si pertenecieran no a la sociedad en su conjunto, sino a un grupo particular de trabajadores.2  Si bien quienes buscan construir una economía socialista en otros países tienen aún que librar una batalla política para convencer a una mayoría de sus conciudadanos de que los recursos productivos pertenecen a todos, esa batalla ideológica ha sido librada y ganada en Cuba. Es importante que los cambios nos muevan hacia delante, no hacia atrás, y desgraciadamente las sugerencias referidas a adoptar el modelo de cooperativas propiedad de sus trabajadores y tolerar más empresas privadas amenazan, como ya se dijo, uno de los grandes logros de la Revolución cubana, aunque no sea esa la intención de quienes formulan las propuestas.

En Cuba, desde hace mucho, los trabajadores han estado organizados en empresas donde los recursos productivos con los que trabajan son vistos y tratados como propiedad común de todos. Además, la Revolución ha enseñado que, puesto que la sociedad asume el peso de la educación, los individuos afortunados de recibir más educación y, por ende, poseen niveles más altos de «capital» humano, han contraído una deuda que deben retribuir a la sociedad, y no a la inversa.3  Más adelante, se propone que las empresas sean administradas por un consejo de trabajadores en vez de administradores nombrados por (y que rinden cuentas a) otros. Pero cuando se abandone el sistema de planificación centralizada, las empresas cubanas deberán seguir siendo «socialistas» en el sentido de que los recursos utilizados son propiedad «social» que deberán beneficiar a todos por igual. No hay necesidad de crear cooperativas tradicionales propiedad de sus trabajadores —lo cual ideológicamente es un paso atrás— y mucho menos empresas privadas. La cuestión no es si debemos remplazar la propiedad social de la propiedad productiva por la privada, y tampoco si debemos remplazar la planificación abarcadora por las relaciones de libre mercado, sino cómo los trabajadores en empresas socialistas deben planear, de un modo abarcador, sus actividades interrelacionadas de manera que tengan un grado apropiado de autonomía respecto a qué y cómo producen. 

 

Modos erróneos de insuflar vida a la economía cubana

Desde primeros días de la Revolución ha habido una vibrante discusión acerca de los procedimientos de planificación y las reformas económicas. Durante el decenio de 1960-1969 hubo una importante polémica en torno a por qué el socialismo requería una planeación abarcadora, y un extenso debate sobre el papel de los estímulos morales frente a los materiales en una economía socialista. Durante el decenio siguiente, la relación entre balances materiales y contabilidad financiera se examinó más cuidadosamente, al igual que el tema de la discreción empresarial frente a la autoridad central. La campaña de rectificación durante 1985-1991 se lanzó para desalentar comportamientos considerados inconsistentes respecto a los valores socialistas y, por supuesto, se requirieron muchos cambios a raíz del Período especial que siguió a las crisis políticas y económicas en Europa oriental y la ex Unión Soviética: estos eventos privaron a la Cuba revolucionaria de la mayoría de sus socios comerciales tradicionales.4 

El último episodio de esta discusión en curso fue lanzado por Raúl Castro hace más de un año cuando desafió a todos a volver a pensar en el modo de organizar mejor la economía cubana y exhortó a no vacilar en criticar lo que creyeran erróneo y a formular sugerencias concretas de reformas económicas, sin importar lo osadas que fuesen. Una crítica, que ya se había suscitado en los debates previos, es que las personas, en muchos niveles, muestran muy poca iniciativa ante la toma de decisiones económicas. En muchas ocasiones, Fidel Castro había tocado el tema de la participación popular en la toma de decisiones económicas. Por ejemplo, en 1961, durante el diseño del primer plan anual, enfatizó la importancia de tal participación; al igual que en 1970, ante el fracaso de la zafra de los diez millones; en 1984, como parte de la campaña de rectificación; en 1990, cuando el Llamamiento al IV Congreso del Partido; y nuevamente en 1994, en el contexto de los Parlamentos Obreros. 

Una de las propuestas formuladas en respuesta a los llamados de una mayor participación popular fue la de crear más cooperativas y pequeñas empresas capitalistas y permitirles involucrarse en intercambios mercantiles menos regulados con vistas a «insuflar más vida» a la economía cubana. Pocos de los que hicieron esta propuesta fueron al extremo de sugerir que se remplazaran totalmente las empresas estatales, la planificación centralizada y las relaciones de mercado por cooperativas propiedad de sus trabajadores, empresas privadas y relaciones mercantiles. Pero si las cooperativas, las empresas privadas y los mercados estimulan la iniciativa, mientras que las empresas socialistas y la planeación centralizada generan apatía, uno podría preguntarse: ¿por qué no reformar completamente el sistema económico según esas líneas, incluso si la transición ocurriera gradualmente con vistas a minimizar los trastornos económicos? 

En mi opinión, los críticos que proponen estas reformas no se equivocan al creer que el principal problema del sistema económico cubano es la falta de participación popular en la toma de decisiones económicas, algo que emana de la falta de autonomía de los trabajadores y consumidores; pero pienso que no tienen razón al dar por sentado que la única manera de crear más espacio para la acción autónoma de trabajadores y consumidores es avanzar hacia el incremento de la propiedad privada y de las relaciones mercantiles. Es difícil culparlos por hacer esa injustificada suposición, porque todo el establishment económico fuera de Cuba ha obrado larga y duramente para insistir en esta versión particular de NHA: No Hay Alternativa a la propiedad privada y los mercados si lo que se desea es la «soberanía» del productor y el consumidor. Pero esa suposición es falsa. Hay modos de organizar la planeación democrática abarcadora, de modo que los consejos de trabajadores y consumidores disfruten de autonomía, al tiempo que se comporten de manera socialmente responsable. En su prisa por crear un espacio autónomo para la iniciativa individual y grupal, quienes proponen remplazar la planificación abarcadora con los mercados también cometen el error de ignorar, o al menos restarle importancia, a los efectos negativos al tratar de frenar la avaricia mediante la competencia guiada por el libre mercado. Al usarse para coordinar las actividades de cooperativas propiedad de sus trabajadores o firmas privadas, los sistemas de libre mercado generan inevitablemente desigualdades intolerables y una gran ineficiencia. También socavan la verdadera democracia económica y abusan del medio ambiente, además de recompensar el comportamiento egoísta y penalizar la solidaridad.5  La promoción de cooperativas propiedad de sus trabajadores en un país como Venezuela es un paso sensible para proveer una alternativa a las empresas de propiedad capitalista, aunque allí todavía no se ha hallado una alternativa a las relaciones de libre mercado, puesto que aún está por organizarse un sistema de planeación democrática. Pero en Cuba la propiedad productiva ya es de propiedad social, y sería un trágico error permitir que pequeños grupos de trabajadores, y mucho menos empresarios privados, vuelvan a ser dueños de la propiedad productiva; al igual que desatar relaciones de mercado —con todo lo que esto conlleva—, ya que las actividades de distintas empresas y consumidores han sido, desde hace mucho, coordinadas a través de un sistema de planificación, cuando hay un modo mejor de cambiar el sistema de planeación para brindar autonomía a los trabajadores y consumidores. La conclusión es que no puede esperarse que algunas personas se comporten de manera socialmente responsable cuando se permite que otras se beneficien personalmente al hacerlo de forma irresponsable, lo cual equivale a apropiarse de recursos productivos que deben pertenecer y beneficiar a todos, y aprovecharse de otros en los intercambios mercantiles. 

 

El desafío 

El desafío que se nos presenta es el siguiente: ¿cómo empoderar a los consejos de trabajadores y consumidores y proteger al mismo tiempo los intereses de otros participantes en la economía que resultan afectados por lo que hacen esos consejos?, ¿cómo proveer a grupos de trabajadores con derechos de utilización de parte de los recursos productivos de la sociedad sin permitirles adueñarse o beneficiarse de un modo desproporcionado de recursos productivos que pertenecen a todos? Lo que han reconocido los socialistas desde hace tiempo es que las decisiones sobre lo que hace o no hace cualquier grupo individual en una economía afectará inevitablemente a muchos más e, incluso, podría afectar a todos. La conclusión que han extraído de este hecho es que la planeación democrática ha de permitir que todos tengan voz y voto en la mayoría de las decisiones económicas. Pero las distintas decisiones generalmente no afectan en el mismo grado a todos. Podría decirse que este es el dilema fundamental que enfrentamos quienes deseamos organizar un sistema de toma de decisiones económicas que brinde a las personas el poder de tomar decisiones hasta el punto en que sean afectadas por diferentes decisiones económicas. La mayoría de estas involucran a muchas personas, pero en diferentes grados. Los sistemas de libre mercado tratan las decisiones económicas como si solo afectasen al comprador y al vendedor, privando de derechos de voto a las «partes externas» que también resultan afectadas. La planificación central, en la que la función objetiva está determinada por algún tipo de procedimiento de voto democrático, trata todas las decisiones económicas como si afectasen a todos por igual, sin conseguir permitir mayor voz a los obreros que resultan más perjudicados por una decisión que a aquellos que lo son menos. Desgraciadamente, la mayoría de las decisiones económicas no afectan solo a un comprador y a un vendedor, ni tampoco a todos por igual, sino que caen en lo que podríamos llamar el «turbio medio», que incide más en unos que en otros. A menos que organicemos la toma de decisiones económicas de modo que las personas tengan más voz en aquellas que más les afectan, seguiremos fracasando en el intento de conseguir una democracia económica significativa. El desafío consiste en cómo brindar a los trabajadores y consumidores, en sus propios consejos, un grado de autonomía que sea apropiado respecto a lo que hacen.

 

Una solución: planeamiento participativo

¿Cómo brindar a los trabajadores en las empresas socialistas cubanas y a los consumidores, en los CDR y órganos del Poder Popular, la autonomía necesaria para estimularlos a que se conviertan en, y sigan siendo, participantes activos en las tomas de decisiones económicas y asegurar, al mismo tiempo, que los consejos de trabajadores y consumidores no tomen opciones que sean socialmente irresponsables? ¿Cómo brindar a pequeños grupos de trabajadores y consumidores suficiente autonomía para estimularlos a dedicar tiempo y esfuerzos a participar sin privar de voto a otros que resultan afectados —aun cuando sea en un grado inferior— por las decisiones que ellos toman? ¿Cómo garantizar a grupos de trabajadores el derecho a utilizar algunos de los recursos productivos de la sociedad según deseen, sin permitirles que se beneficien injustamente? El procedimiento de planeación participativa, que es parte del modelo conocido como «economía participativa», fue diseñado para resolver este problema.6 

Quienes participan en el procedimiento de planeación participativa son los consejos y federaciones de trabajadores, de consumidores y una Junta de Facilitación de Iteraciones (JFI). Conceptualmente, el procedimiento de planificación es muy sencillo: 

1. La JFI anuncia los estimados en curso de los costos de oportunidad social para todos los productos, recursos, categorías de trabajo y existencias de capital.

2. Los consejos y federaciones de consumidores responden con propuestas de consumo. Los consejos y federaciones de trabajadores responden con propuestas de producción que enumeran los artículos que se proponen producir y los insumos que requieren para hacerlo.

3. La JFI calcula el exceso de demanda o de oferta para cada uno de los productos y servicios acabados, bienes de capital, recursos naturales y categorías de trabajo, y ajusta el estimado del costo de oportunidad para el producto subiéndolo o bajándolo en proporción al exceso de demanda u oferta. 

4. Utilizando los nuevos estimados de costos de oportunidad, los consejos y federaciones de trabajadores revisan y vuelven a someter sus propuestas. Los consejos individuales de trabajadores y consumidores deben seguir revisando sus propuestas hasta que sometan una que otros consejos hayan aceptado. El proceso de planificación continúa hasta que ya no exista exceso de demanda para ningún producto, ninguna categoría de trabajo, ningún insumo primario ni ninguna existencia de capital: dicho de otro modo, hasta que se llegue a un plan factible.

 

Los hogares someten a sus consejos barriales de consumo a solicitudes de bienes privados de consumo junto a calificaciones de esfuerzo que sus miembros recibieron de sus compañeros de trabajo.7  «Estipendios» de consumo para niños, estudiantes y discapacitados o retirados de los hogares se combinan con las calificaciones de los esfuerzos de los trabajadores, y si las calificaciones de esfuerzo y los estipendios son suficientes para justificar el costo para la sociedad de producir la solicitud de consumo hogareña, esta es aprobada automáticamente. El consejo de barrio también puede aprobar solicitudes por encima de lo que justifican las calificaciones de esfuerzo y los estipendios de un hogar si halla una razón para hacerlo. La propuesta de consumo de un consejo de barrio consiste en la suma total de solicitudes aprobadas para bienes de consumo privados de sus hogares miembros, más cualquier bien público del barrio como aceras, aparatos para un parque de diversiones, etc. Esta propuesta de consumo del consejo de barrio es la que se somete durante cada ronda del proceso de planeación, junto con los promedios de las calificaciones de esfuerzo y los estipendios de todos los miembros del consejo. Las federaciones de consejos de consumidores también someten en cada ronda solicitudes de bienes públicos, utilizados por todos los que viven en zonas geográficas más extensas. Los miembros de los consejos de trabajadores se reúnen y deciden qué producirán y qué insumos necesitan; al igual que los miembros de los consejos de consumo de barrio, para discutir qué bienes públicos desean. Los representantes de los consejos que comprenden una federación de consejos de consumidores deberán reunirse para discutir cuáles bienes públicos desean pedir los grupos más grandes de consumidores. No obstante, todas estas son reuniones dentro de los consejos y federaciones de trabajadores y consumidores, no reuniones entre ellos. La JFI se limita a realizar un cálculo mecánico para ajustar los estimados de los costos de oportunidad entre cada ronda en el procedimiento de planificación. No «fija» precios, ni mucho menos dicta lo que pueden hacer los trabajadores o consumidores. La JFI no se parece en nada al Ministerio de Economía y Planificación, que sí tiene poder para decidir quién producirá tal cosa y cómo. En la planeación participativa, los trabajadores y consumidores proponen y revisan sus propias actividades, un proceso que revela los costos y beneficios sociales de sus propuestas. No solo hacen los consejos de trabajadores y consumidores sus propias propuestas iniciales, sino que son además responsables de su revisión.

Cuando los consejos de trabajadores formulan propuestas, están pidiendo permiso para utilizar determinadas partes de los recursos que pertenecen a todos. En efecto, en sus propuestas dirían: «Si el resto de ustedes —con quienes estamos involucrados en una división del trabajo cooperativo con recursos pertenecientes a todos— está de acuerdo en utilizar estos recursos productivos como insumos, entonces prometemos suministrar los siguientes bienes y servicios para que otros los usen». Cuando los consejos de consumidores formulan propuestas, están pidiendo permiso para consumir bienes y servicios cuya producción conlleva costos sociales. En efecto, sus propuestas dicen: «Creemos que las calificaciones de esfuerzo que recibimos de nuestros compañeros de trabajo, junto con los estipendios que podrían tener miembros de hogares, pueden haber indicado que merecemos el derecho a consumir bienes y servicios cuya producción conlleva un nivel equivalente de costos sociales». 

El procedimiento de planificación está diseñado para que quede claro cuándo las propuestas de producción sean ineficientes y las de consumo injustas, y otros consejos de trabajadores y consumidores pueden desaprobarlas cuando se consideran ineficientes o injustas. Pero las propuestas iniciales y todas las revisiones corresponden enteramente a cada consejo de trabajadores y consumidores. En otras palabras, si una propuesta de producción o consumo es desaprobada, el consejo que la hizo la revisa para proponerla en la siguiente ronda. Este aspecto del procedimiento de planificación participativa lo distingue de todos los demás modelos de planeación y resulta crucial si se espera que los trabajadores y consumidores disfruten de autogestión. La planeación participativa brinda poder a cada consejo individual de trabajadores y consumidores sobre sus propias actividades. Solo resultan constreñidos por los intereses legítimos de otros a los que afectan. Siempre y cuando la propuesta de un consejo de trabajadores no despilfarre los escasos recursos productivos que pertenecen a todos, será aprobada por los demás consejos porque los beneficiará más de lo que les cuesta. 

Los lectores interesados pueden consultar el capítulo 5 de The Political Economy of Participatory Economics para un análisis formal de las condiciones necesarias y suficientes que garantizan que el procedimiento de planeación conducirá a un plan factible que también será un óptimo de Pareto.8 Esencialmente, el procedimiento de planificación va reduciendo las propuestas en exceso optimistas, irrealizables, para elaborar un plan factible por dos vías: multiplicando la cantidad de diferentes bienes de consumo solicitados por los actuales estimados de sus costos sociales de producción es posible calcular el costo social de las propuestas de consumo. Siempre y cuando los promedios de calificaciones de esfuerzo de quienes formulen una solicitud sean tan elevados como el costo social por miembro de una solicitud de consumo, los miembros del consejo de consumidores no estarán siendo demasiado egoístas o injustos con los demás. De otro modo, los consumidores que soliciten más de lo que merecen sus calificaciones de esfuerzo se verán obligados, o bien a reducir sus solicitudes, o a modificarlas a artículos menos costosos, si esperan ganar la aprobación de otros consejos de consumidores que no tienen razón para aprobar solicitudes de consumo cuyos costos sociales no se justifican por los sacrificios de quienes formulen las solicitudes. De manera similar, los consejos de trabajadores se ven obligados a incrementar sus esfuerzos, a cambiar en dirección a la producción de un surtido más deseable de bienes o a utilizar un surtido menos costoso de insumos para obtener aprobación para sus propuestas. Al multiplicar las producciones por los estimados actuales de sus beneficios sociales, y dividiéndolo entre insumos multiplicados por los actuales estimados de sus costos sociales, resulta posible calcular el índice de beneficios sociales con respecto a los costos sociales de cualquier propuesta de un consejo de trabajadores. Estos, cuyas propuestas tienen índices por debajo de los promedios, se verán obligados a aumentar sus esfuerzos o su eficiencia para obtener la aprobación de otros consejos. La eficiencia es promovida en la medida en que los consumidores y los trabajadores intentan modificar sus propuestas y evitar reducciones en el consumo o aumento en el esfuerzo de trabajo. Se promueve la equidad cuando ya no es efectivo seguir cambiando y la aprobación de los colegas consumidores y trabajadores solo puede lograrse a través de la reducción del consumo o de un mayor esfuerzo de trabajo. Cada nueva ronda de propuestas revisadas acerca más el plan general a la factibilidad y aproxima los estimados de costos de oportunidad a los verdaderos costos sociales de oportunidad. El procedimiento genera equidad y eficiencia simultáneamente, al tiempo que deja a los consejos y federaciones de trabajadores y consumidores encargados de hacer y revisar lo que se proponen llevar a cabo. 

El procedimiento de planeación participativa protege el medio ambiente del siguiente modo: las federaciones de todos los afectados por un tipo particular de contaminante quedan facultadas en el proceso de planeación participativa para limitar las emisiones a niveles que consideren deseables. Una desventaja principal de las economías de libre mercado es que puesto que la contaminación afecta de manera adversa a quienes son «externos» a la transacción de mercado, permiten mucha más contaminación de la que resulta eficiente. El procedimiento de planificación participativa garantiza que jamás se permita la contaminación a no ser que los afectados sientan que los efectos positivos de permitir una actividad que genere contaminación como un subproducto supere los efectos negativos de la contaminación sobre ellos mismos y el medio ambiente.9 

Por supuesto, una economía participativa no puede brindar a cada persona autoridad de toma de decisiones exactamente en el mismo grado en que son afectadas en cada decisión que toman. La idea es diseñar procedimientos que aproximan este objetivo. ¿Cómo lo hace una economía participativa? 

1. Cada trabajador tiene un voto en su consejo de trabajadores.

2. En los consejos de trabajadores más amplios hay subunidades que gobiernan sus propios asuntos internos por la vía de «cada trabajador, un voto». 

3. Todos los empleos contienen algunas tareas que «empoderan» a aquellos que las realizan para ser más capaces de participar con efectividad en firmes tomas de decisiones, y ningún trabajo monopoliza todas las tareas de empoderamiento en una empresa.

4. Cada consumidor tiene un voto en su consejo de consumidores.

5. Las federaciones que soliciten distintos niveles de consumo colectivo y la limitación de los niveles de contaminación también se rigen por procedimientos democráticos de toma de decisiones en los que cada consejo en la federación envía a representantes a la federación en proporción con el tamaño de su membresía. 

6. Más importante aún, resulta que los consejos y federaciones de consumidores no solo proponen lo que harán en la ronda inicial del procedimiento de planeación participativa, sino que también ellos solos realizan todas las revisiones referidas a su propia actividad durante las repeticiones subsiguientes del procedimiento de planificación.

 

¿Quién decide si son aceptables las propuestas de consejos y federaciones de trabajadores y consumidores? En la planeación centralizada, esta decisión radica, en última instancia, en la autoridad central de planificación. La razón que se ofrece para explicar esto es que se supone que solo la autoridad central de planificación tiene la información y los medios de cómputo necesarios para determinar si las propuestas utilizarían los escasos recursos productivos de un modo eficiente y si las propuestas distribuirían el peso y los beneficios económicos de un modo justo. Dicho de otro modo, se supone que solo la autoridad central de planificación puede proteger el interés social. Pero ambas partes de esta suposición son falsas. Puesto que gran cantidad de información sobre lo que los distintos consejos de trabajadores pueden o no hacer radica en quienes laboran en ellos, y en cómo hay iniciativas perversas que conducen los planificadores centrales a errar sobre su «conocimiento tácito», es falso asumir que una autoridad central tenga la información veraz requerida para formular juicios informados. De otro lado, los consejos de trabajadores solo se harían daño a sí mismos al no conseguir formular propuestas que revelen de un modo exacto sus verdaderas capacidades durante el proceso de planeación participativa, puesto que la subestimación de las capacidades reduce la probabilidad de que se les asignen los recursos productivos que desean. Además, el procedimiento no solo produce un plan eficiente, sino que también genera estimados precisos de los costos sociales de los escasos recursos productivos y las emisiones dañinas. Esto significa que todos tienen la información necesaria para calcular la correlación entre beneficio social y costo social de cada propuesta de los consejos de trabajadores, y todos tienen la información necesaria para comparar el costo social de cada consejo de consumidores con respecto al promedio de la calificación de esfuerzos de sus miembros. Permitir a los consejos votar «sí» o «no» respecto a las propuestas de otros consejos, lo cual no significa que deban involucrarse en una evaluación detallada de ellas que les consuma mucho tiempo. Lo único que tienen que hacer es ver la correlación entre beneficio social y costo en las propuestas de los consejos de trabajadores. Cuando la correlación de los beneficios con respecto a los costos sociales de la propuesta de un consejo de trabajadores queda por debajo del promedio, probablemente estén utilizando recursos de un modo ineficiente o no están trabajando con el mismo ahínco que los demás. Cuando el costo social por miembro de la propuesta de un consejo de consumidores es más alto que el promedio de la calificación de esfuerzos de sus miembros, es probable que estén siendo demasiado egoístas e injustos con los demás. Pero en los otros casos, todos salen ganando al aprobar una propuesta de un consejo de trabajadores, y en los demás casos las propuestas de un consejo de consumidores son perfectamente justas. Dicho de otro modo, el procedimiento de planeación participativa no solo posibilita que cada consejo juzgue si las propuestas de otros consejos son socialmente responsables; sino que también les facilita hacerlo sin pérdida de tiempo. De modo que es falso dar por sentado que solo una autoridad central podría tener la información y los medios de proteger el interés social. En el proceso de planeación participativa cada uno de los consejos tiene la información que necesita para forjarse esos juicios acerca de las propuestas de los demás, razón por la cual resulta posible que los consejos de trabajadores y consumidores decidan ellos mismos sobre un plan de cooperación económica, y por el cual no tienen que delegar ese poder en una autoridad central. 

Por supuesto, podría haber circunstancias especiales que requieran de consideración. Las federaciones desempeñarían un importante papel en otros casos donde una propuesta requiriese de revisión más cuidadosa que demandara más tiempo de estudio. Habrá casos en los que se requerirá más información cualitativa para forjarse un juicio responsable, y otros en que los consejos atraigan un voto negativo. Además, un voto «sí» o «no» unánimes de todos los demás consejos resulta improbable, pero también innecesario. Las reglas referidas a cuánto más de la mayoría simple se requerirá para la aprobación tendrán que ajustarse colectivamente, y las federaciones podrían fijar la línea en sitios distintos. Pero lo importante es que hay lineamientos y mecanismos claros que brindan a cada consejo y federación autonomía, al tiempo que les permiten protegerse de comportamientos sociales irresponsables de parte de los demás sin delegar el poder de decisiones a una autoridad central. ¿Acaso todo esto garantiza que si una decisión me afecta 1,24 veces más de lo que afecta a otra persona, yo tendré exactamente 1,24 más voz que esta última? Por supuesto que no. Pero yo podré decidir cuáles son los bienes privados que necesito, mi vecino y yo podremos decidir qué bienes públicos locales deseamos consumir, y todos los que usan bienes públicos de nivel más amplio podrán decidir cuáles serán estos últimos, siempre y cuando nuestros esfuerzos de trabajo y sacrificios merezcan el gasto social de proveernos con lo que necesitamos. Y mis compañeros de trabajo y yo podremos decidir lo que producimos y cómo, siempre que nos propongamos usar los escasos recursos productivos de la sociedad de un modo eficiente.10  

 

Peligros a sortear en el planeamiento democrático

La planificación autoritaria desalienta la participación de trabajadores y consumidores porque los priva del derecho al voto. Aunque quienes propugnan el planeamiento democrático lo hacen para ofrecer a las personas un mayor control respecto a las decisiones económicas que las afectan, los sistemas mal diseñados de planificación democrática podrían seguir desalentando la participación de trabajadores y consumidores de un modo diferente. Si los consejos no tienen una esfera autónoma de acción respecto a sus propias actividades de trabajo y consumo, y son sometidos a discusiones, debates y negociaciones interminables sobre lo que desean hacer junto a muchos más, en varios cuerpos diferentes de planificación, los trabajadores y consumidores podrían retrotraerse a la apatía incluso después de haberse abandonado un procedimiento autoritario de planificación. Existe el peligro de que algunas formas de planeación democrática puedan desalentar la participación de los trabajadores y consumidores comunes al exigirles que se involucren en demasiadas negociaciones con los demás, especialmente si la mayoría de estas negociaciones son dirigidas por representantes. En este caso, los trabajadores y consumidores comunes ya no estarían privados del derecho al voto, como lo estaban bajo el planeamiento autoritario, pero si los procedimientos para involucrar a todos los afectados son incómodos y dependen principalmente de representantes, podrían convertirse en una barrera práctica a la participación que solo los trabajadores y consumidores más dedicados y decididos estarán dispuestos a esforzarse por vencer; o sea, cuando la democracia está mal organizada puede convertirse en otro rollo burocrático desde la perspectiva de los trabajadores y consumidores comunes.

La planeación participativa está diseñada para que los consejos decidan lo que desean hacer siempre y cuando no malgasten los recursos pertenecientes a todos o saquen ventajas injustas de los demás. Está creada para ayudar a los consejos de trabajadores y consumidores a demostrarse recíprocamente que sus propuestas son socialmente responsables, por la vía de generar la información para conformar tales juicios. Y está diseñada para evitar reuniones improductivas y polémicas en las que representantes de distintos consejos hagan propuestas no solo sobre lo que harán aquellos a los que representan, sino sobre lo que también harán los trabajadores de otros consejos. En la planeación participativa, siempre que el costo social de lo que desean los consumidores se justifique por los sacrificios que hacen en su trabajo, sus propuestas serán aprobadas. Y cuando el beneficio social de las producciones que un grupo de trabajadores se proponga hacer pese más que el costo de los insumos que solicitan usar, se les permitirá hacer lo que proponen. El procedimiento de planificación podría requerir cierto número de rondas antes de que se confirmase que las propuestas son justas y no despilfarradoras de recursos, pero las rondas en el procedimiento de planificación no serían reuniones entre representantes de distintos consejos para discutir los méritos de los diferentes planes generales.

En cada ronda, las propuestas que no fueron aprobadas reciben evidencia objetiva de la razón por la cual no resultaron aceptadas.11  En cada nueva ronda los consejos también reciben información actualizada sobre el modo en que cualquier propuesta que hagan afectaría a los demás. Habría que celebrar una nueva reunión para decidir cómo revisar una propuesta que hubiera sido rechazada. Pero esta sería interna del consejo o de la federación. Los miembros de cada consejo y federación discuten entre ellos cómo revisar su propuesta con claros lineamientos sobre lo que ha de garantizar que los demás la aprueben. Si someten una propuesta que sigue los lineamientos, jamás tendrán que argumentar su caso. También pueden someter materiales que deseen que otros consideren, explicando cualquier costo o beneficio humano que no pueda ser captado en estimados cuantitativos de costos de oportunidad, o cualesquiera circunstancias especiales que crean deban ser tomadas en cuenta antes de que se pronuncie la sentencia sobre su propuesta. Por último, si desean explicar en persona por qué creen que una propuesta que no consigue seguir los lineamientos debería ser aceptada por otros, pueden pedir una reunión con representantes de los consejos que juzgaron inaceptable su anterior propuesta. Pero una importante diferencia entre la planeación participativa y otros modelos de planeamiento democrático es que los consejos jamás tienen que debatir las ideas de otra persona sobre lo que ellos deben hacer, y tienen maneras fáciles de ganar la aprobación de lo que desean hacer sin tener que defender sus casos en reuniones polémicas con otras personas. 

La planificación participativa se diferencia de otras concepciones de «planeación democrática». Ha sido cuidadosamente diseñada para no constituir un peso excesivo en el proceso de planificación con reuniones de representantes de distintos consejos y, particularmente, con reuniones carentes de criterios claros para solucionar desacuerdos debido a la falta de estimados razonablemente precisos de los costos y beneficios sociales de distintos bienes y servicios. No existen reuniones de representantes de todos los consejos y federaciones de trabajadores y consumidores en las que los asistentes propongan, debatan y eventualmente voten sobre lo que hará cada cual.12  En vez de ello, el procedimiento de planificación participativa ofrece la posibilidad de discusiones significativas mediante un proceso social reiterativo cuidadosamente estructurado en el que los trabajadores y los consumidores:

1. Descubren cómo afectan recíprocamente sus opciones unos a otros en la medida en que, en rondas sucesivas, se generan estimados cada vez más precisos de los costos de oportunidad social. 

2. Tienen bastante control sobre lo que han de ser sus propias actividades económicas, puesto que cada consejo y federación formula y revisa sus propias propuestas.

3. Son protegidos de un comportamiento socialmente irresponsable, puesto que pueden votar en contra de la aprobación de propuestas derrochadoras e injustas presentadas por otros. 

 

En otras versiones de la planeación democrática es frecuente que se otorguen puestos en los consejos de empresa a los involucrados cuando existen motivos para creer que las personas que no trabajan en una empresa son afectadas por decisiones esta.13 Pero dicha manera de enfocar el problema (referido a que hay personas que no trabajan en una empresa y resultan afectadas por lo que hace la empresa) tiene dos desventajas: primero ¿cómo se decide cuáles sectores son afectados y cuántos puestos deben otorgársele? Parece ingenuo dar por sentado que no habría diferencias de opinión en estos asuntos, y en ausencia de cualesquiera que fueran los criterios objetivos las decisiones serían arbitrarias, aunque no polémicas. Segundo, si hay personas ajenas con puestos, los trabajadores de una empresa no tendrán lugar alguno donde puedan discutir lo que desean hacer libres de injerencia externa. Requeriría que los trabajadores escucharan y convencieran a los «de afuera» antes de que pudieran siquiera formular una propuesta sobre lo que deseen hacer. Si la única manera de dar derecho de voto a los «de afuera» fuese otorgarles puestos en los consejos de las empresas, podría ser necesario hacerlo. Pero el procedimiento de planificación participativa brinda a los afectados un grado adecuado de influencia en las decisiones de la empresa sin infringir la autonomía de sus trabajadores. El procedimiento de planificación empodera a otros para rechazar cualquier propuesta que haga un grupo de trabajadores que no consiga beneficiar a quienes estén fuera del consejo de trabajadores, al menos en la misma medida en que les cuesta, y lo hacen sin decidir de manera arbitraria cuáles de «los de afuera» son afectados y hasta qué grado. El hecho de limitar la membresía de los consejos de trabajadores solo a los trabajadores de una empresa no significa que consigan hacer cualquier cosa que deseen. Si votan a favor de utilizar de manera ineficiente recursos productivos que pertenecen a todos, su propuesta no será aprobada en el procedimiento de planificación participativa. Es decir, que los legítimos intereses de los demás podrán ser mejor protegidos a través del procedimiento de planificación participativa en vez de hacerlo por la vía de negarles a los trabajadores el derecho a funcionar en un consejo donde solo ellos tienen voz y voto. 

De manera similar, la democracia deliberativa puede llevarse a efecto a través de reuniones frente a frente de representantes de distintos consejos para planear sus actividades interrelacionadas, o la democracia deliberativa puede ocurrir por la vía de hacer que los consejos propongan lo que desean hacer y entonces revisar sus propuestas a la luz de la nueva información de cómo dichas propuestas afectan a los demás. Aunque el primer concepto mencionado de democracia deliberativa es más común, tiene tres desventajas:

1. Solo un puñado de personas de cada consejo se beneficia de las deliberaciones —las que han sido enviadas como representantes— que entonces portan el peso de tratar de trasladarles su experiencia deliberativa a quienes representan.

2. Los miembros de un consejo de trabajadores jamás formulan propuestas para lo que desean hacer. En vez de ello, sus representantes, junto a los de otros consejos, formulan propuestas sobre lo que todos, ellos incluidos, harán. 

3. Las reuniones de representantes que proponen diferentes planes abarcadores no generan estimados cuantitativos de costos y beneficios sociales de distintos bienes y recursos sin los cuales la discusión racional de los méritos de los distintos planes resulta severamente entorpecida, cuando no totalmente imposibilitada. El procedimiento de planeación participativa, de otro lado, empodera a los consejos de trabajadores y consumidores a formular sus propias propuestas y genera estimados de costos de oportunidad social que son todo lo precisos que se pueda desear. 

 

Todas las versiones de la planificación socialista, democrática, pueden concebirse como maneras para que las personas discutan y decidan sobre una división de trabajo entre ellas, una vez que hayan acordado tratar los recursos productivos como propiedad común de todos ellos. Podríamos desear que los procedimientos utilizados permitan que las personas influyan en las decisiones en relación proporcional al grado en que estas las afectan; distribuyan de un modo equitativo las cargas y los beneficios de la actividad económica; y usen de manera eficiente los escasos recursos productivos.

Una idea sobre cómo hacerlo plantea que los participantes en el proceso de planificación formulen propuestas sobre el aspecto que debe tener el plan general de producción/consumo, para que todos discutan, debatan y eventualmente voten al respecto. Otra visión sobre cómo organizar el diálogo democrático es que distintos grupos de productores y consumidores propongan lo que desean hacer y entonces perfilar esas propuestas a la luz de una información cada vez más precisa sobre el modo en que los afectan recíprocamente, y cuál sería entonces la utilización eficiente y justa de los recursos productivos que pertenecen a todos. Este artículo ha explorado diferencias entre estas visiones de planeación democrática arguyendo que el segundo enfoque tiene ventajas respecto al primero, especialmente en lo referido a estimular la activa participación de trabajadores y consumidores. 

 

Ventajas cubanas

En Cuba, los trabajadores han estado organizados durante mucho tiempo en empresas socialistas y deberían permanecer así. No obstante, esas empresas deben ser dirigidas por un consejo de trabajadores dotado de autoridad total para proponer y revisar qué y cómo la empresa producirá en un proceso de planificación participativa. Para empoderar a los trabajadores no hay necesidad de retroceder desde el punto de vista ideológico por la vía de remplazar las empresas plenamente socialistas por las tradicionales cooperativas propiedad de sus trabajadores, y mucho menos por empresas privadas.

Desde los mismos inicios de la Revolución, los cubanos han estado organizados en los CDR. Estos pueden fácilmente asumir el papel de consejos de barrios de consumo que representen los intereses de sus residentes en el proceso de planificación participativa. Además, las instituciones existentes del Poder Popular pueden funcionar como las federaciones de consumidores requeridas para formular propuestas en distintos niveles de bienes públicos y autorizar niveles de emisiones para distintos contaminantes cuyos efectos son unas veces más concentrados y otras más extendidos. Dicho de otro modo, en Cuba no hay necesidad de crear nuevas organizaciones de barrio y nuevas federaciones de consumidores para representar a los consumidores y a las víctimas de la contaminación en el proceso de planeación participativa anteriormente descrito. A diferencia de las economías capitalistas, en las que no existen organizaciones semejantes y en las que los nuevos consejos y federaciones demorarían décadas para desarrollarse y refinar prácticas de toma de decisiones apropiadas para sus miembros, en Cuba ya existen los CDR y los distintos niveles del Poder Popular, que gozan de la ventaja de décadas de práctica en la toma de decisiones participativas y colectivas. Lo que ha faltado a los CDR y a los órganos del Poder Popular es la autoridad para controlar las importantes opciones económicas que los afectan. En cuanto se les autorice para que propongan y revisen tanto los niveles como la composición del consumo hogareño, el consumo colectivo (atención a la salud, educación, parques y recreación) y los niveles de emisión de distintos contaminantes dentro del proceso de planificación participativa, el ámbito y la profundidad de la participación popular en los CDR y los órganos de Poder Popular aumentarán dramáticamente en vez de permanecer siempre corriendo el riesgo de atrofiarse. 

Hasta el momento, una de las principales deficiencias de la planificación cubana ha sido que los consumidores tienen poca influencia en lo que se produce y la calidad de lo que consumen. El procedimiento de planificación participativa anteriormente delineado no solo empodera a los consumidores en un grado mucho mayor que el sistema actual, sino también les da a estos más poder que en los sistemas de libre mercado. Los hogares tendrían tanta influencia sobre los bienes y servicios a producir en la planeación participativa como en una economía de libre mercado. Pero la existencia de poderosos consejos y federaciones de consumidores les brinda también un poder adicional. En las economías de libre mercado, los consumidores individuales enfrentados a poderosos productores en los intercambios mercantiles solo pueden votar cuando se sienten insatisfechos. En una economía participativa, los consumidores también tendrán poderosos consejos y federaciones de consumidores que representen sus intereses respecto a la calidad de los productos. Además, los consumidores tendrán tanta influencia sobre la decisión de cuáles bienes públicos serán producidos, a cada nivel, como sobre la de cuáles bienes privados serán producidos, sin ningún prejuicio en contra del consumo público a favor del privado, algo que cunde como una plaga en las economías de libre mercado. Finalmente, no existe razón alguna para que la investigación y el desarrollo de nuevos productos no quede en manos de departamentos de investigación y desarrollo adjuntos a federaciones de consumidores y no a federaciones de productores, cuya investigación debe centrarse en las innovaciones referidas a la producción, no al consumo. 

Los cubanos entienden que la planificación económica nacional es algo sensato; pero tienen buenas razones para estar hartos de un sistema de planeación que tomaron prestado de los países en los que el socialismo fracasó y que privaban de derecho al voto tanto a los trabajadores como a los consumidores comunes. Los cubanos son capaces de planear (y están listos para ello) por sí mismos sus actividades económicas sin que nadie más lo haga por ellos. El Ministerio de Economía y Planificación necesita abandonar su vieja misión para adoptar otra nueva: los planificadores cubanos no deben seguir tratando de imaginarse cómo hacer planes cada vez mejores. En lugar de ello, deben tratar de descifrar cómo ayudar mejor a los trabajadores y consumidores a planear ellos mismos sus actividades respectivas de un modo efectivo. Los cubanos saben que las actividades económicas de diferentes grupos de trabajadores y consumidores están interrelacionadas. Pero también que la mayoría de las decisiones económicas afectan más a algunas personas que a otras, y por ende se justifica que los consejos de trabajadores y consumidores tengan cierto grado de autonomía. Somos optimistas respecto a que los cubanos diseñarán el mejor modo de combinar el grado adecuado de autonomía para los consejos de trabajadores y consumidores con un procedimiento de planificación que permita a todos protegerse de un comportamiento socialmente irresponsable de parte de otros. El procedimiento de planificación participativa esbozado aquí ha sido discutido fuera de Cuba, tanto por economistas profesionales como por activistas socialistas durante más de quince años. 

 

Traducción: David González.

 

Notas

1. En este artículo se eliminó, por razones de espacio, una evaluación crítica más amplia sobre la planificación centralizada, pero el autor puede hacérsela llegar al que la solicite, en inglés o en español, a robinhahnel@comcast.net. Para una investigación más minuciosa sobre la planificación centralizada, incluyendo una discusión de la planificación central «óptima» frente a los balances materiales, y una discusión acerca de los procedimientos para superar el problema entre planificadores y directores de empresas, véase el capítulo 9 de Robin Hahnel y Michael Albert, Quiet Revolution in Welfare Economics, Princeton University Press, Nueva Jersey, 1990.

2. Las cooperativas en Cuba, a menudo, difieren de las cooperativas propiedad de sus trabajadores en otras partes. Aunque la tierra y el capital habitualmente pertenecen a las cooperativas de este tipo en otras partes, con frecuencia las cooperativas cubanas tienen derechos de usufructo sin derecho a vender. Lo que recomiendo es el usufructo y no la propiedad. 

3. Los miembros más exitosos de algunas comunidades afronorteamericanas en los Estados Unidos se refieren al momento de «devolución del pago» a sus comunidades. La actitud cubana respecto a los privilegios y deberes de los cubanos más educados es más coherente respecto a esta filosofía que la noción contraria, referida a quienes más contribuyen porque tienen más capital humano merecen consumir más.

4. No puedo soñar con rendir la debida justicia a una extensa literatura cubana sobre la economía socialista, que incluye los nombres de «históricos» como Che Guevara, Carlos Rafael Rodríguez, Osvaldo Dorticós y Fidel Castro, junto a otros incontables cubanos que laboraban en ministerios económicos e impartían docencia en el medio académico. Lo único que puedo hacer es reconocer que esta rica literatura forma parte importante del cuerpo literario sobre economía socialista a partir del cual trabajamos todos, y que los temas tratados ahí siguen siendo de suma relevancia.

5. Los argumentos teóricos y empíricos de estas conclusiones son aplastantes. Para argumentaciones contra los mercados sobre las bases de la eficiencia, véase Robin Hahnel, «The Case Against Markets», Journal of Economics, v. 41, n. 4, diciembre de 2007, pp. 1139-60. Para una refutación de la afirmación común referida a que los mercados promueven la democracia económica y política, véase Robin Hahnel, «Why the Market Subverts Democracy», en Joyce Rothschild y Max Stephenson, Jr., eds., Democracy at A Crossroads: Acknowledging Deficiencies, Encouraging Engagement, SAGE, 2008. Y para los argumentos en contra de los mercados como instituciones que son incompatibles con los valores socialistas, véase Robin Hahnel «Against the Market Economy: Friendly Advice for Venezuela», Monthly Review Magazine, v. 60, n. 1, Nueva York, enero de 2008.

6. Véase Michael Albert y Robin Hahnel, The Political Economy of Participatory Economics, Princeton University Press, Princeton, 1991, capítulos 4 y 5; «Socialist Planning as It Was Always Meant to Be», Review of Radical Political Economics, v. 24, n. 3-4, Londres, otoño-invierno de 1992; «Participatory Economics», Science & Society, v. 56, n. 1, Nueva York, primavera de 1992; y Robin Hahnel, Economic Justice and Democracy: From Competition to Cooperation, Routledge, Nueva York, 2005, capítulos 8 y 9. Puesto que aquí me centro en el procedimiento de la planificación participativa, hay muchos aspectos de una «economía participativa» y asuntos que no trato en este artículo. Los lectores interesados en cómo se definen los empleos y se determinan los salarios, y qué incentivos hay para los trabajadores, los innovadores y las empresas, deben consultar las publicaciones señaladas en esta nota, en especial los capítulos 8 y 9 de Economic Justice and Democracy...

7. Todos los trabajadores reciben una «calificación de esfuerzo» de sus compañeros de trabajo en su consejo de trabajadores, que es una estimación de cuánto se han esforzado y sacrificado en su labor en comparación con otros. Una calificación del esfuerzo por encima del promedio faculta a un trabajador para consumir más que otro promedio, y a la inversa.

8. Vale la pena observar que los presupuestos son menos restrictivos que los presupuestos necesarios para demostrar que habrá un equilibrio general de una economía de libre mercado que será un óptimo de Pareto. Véase Michael Albert y Robin Hahnel, The Political Economy..., ob. cit.

9. La generación de estimados creíbles de los costos y beneficios de distintos niveles de contaminación es una ventaja principal del procedimiento de planificación participativa en comparación tanto con los sistemas de libre mercado como con la planificación centralizada. Véase Robin Hahnel, Economic Justice and Democracy..., ob. cit., pp. 198-207, para una discusión más completa sobre el modo en que el procedimiento de planificación anual, el procedimiento de planeación de largo plazo y otros rasgos de una economía participativa se combinan para proteger al medio ambiente sin pérdida de eficiencia económica. 

10. El procedimiento de planeación participativa puede fácilmente adaptarse para que identifique cuándo la importación resulta más beneficiosa que la producción local y cuáles bienes preferibles exportar para ganar divisas extranjeras. Este aspecto de la planificación es común a todos los procedimientos de planificación, y la planeación participativa, al igual que la centralizada, es una forma abarcadora de planificación, es decir, un procedimiento para desembocar en un plan de producción y consumo para todos los bienes y servicios. En lo referido a términos de intercambio, he recomendado lo que llamo la regla del 50%, basada en el ejemplo de la práctica cubana a este respecto. Véase Robin Hahnel, Economic Justice and Democracy..., ob. cit., pp. 207-212. Para reducir las desigualdades globales, los términos del intercambio deberían fijarse de modo que asignen una porción mayor de las ganancias de eficiencia a partir de la especialización y el comercio al socio comercial menos desarrollado. El Che explicó por qué la solidaridad socialista requería que la ex Unión Soviética y los socios comerciales de Cuba en Europa oriental accedieran a términos de intercambio que diesen a Cuba una parte mayor de las ganancias de la eficiencia a partir de la especialización y el comercio hasta que llegase el momento en que Cuba alcanzara el nivel de desarrollo económico de ellos. A través de la historia revolucionaria, Cuba ha demostrado su solidaridad socialista ofreciendo a países hermanos menos desarrollados términos de intercambio que les han concedido una porción mayor de los beneficios mientras que Cuba recibía una más pequeña. 

11. En los consejos de consumidores la razón sería que los costos sociales estimados de su propuesta de consumo superan lo justificado por las calificaciones de esfuerzos que sus miembros recibieran de sus compañeros de trabajo. En el caso de los consejos de trabajadores, sería que los beneficios sociales estimados de las producciones que se proponían hacer era inferior a los costos sociales de los insumos que pedían y a los estimados de daños por cualquier contaminación que se propusieran emitir. 

12. Los consejos que abarcan una federación de consumidores sí envían representantes a estas, que son las que discuten y deciden qué bienes públicos desean solicitar.

13. Véase Pat Devine, Democracy and Economic Planning, Westview Press, Boulder, 1988.