Diké: diez notas (críticas) sobre el acceso a la justicia

 

 

 

A Julio

 

La calidad del fin se mide por la altura del valor que lo sostiene.

                                                 Risieri Frondizi

 

Toda persona natural o jurídica tiene derecho a ser amparada en sus derechos e intereses legítimos por los tribunales. A estos corresponde amparar la vida, la libertad, la dignidad, las relaciones familiares, el honor, el patrimonio y demás derechos de las mismas, así como dirimir las controversias laborales y de seguridad social, y revisar las resoluciones dictadas por los órganos y organismos en los casos en que la ley lo autoriza.

Ley 82 «De los tribunales populares»

 

        Quizás se imponga, de inicio, colocar una interrogante a modo de salvedad: ¿acceso de quiénes y a qué justicia? Hablamos aquí de la justicia como valor realizable. «El valor es una cualidad del bien, no el bien mismo».[1] Es esa nota —ser cualidad— la que separa a la justicia «valor » de la justicia «concepto». Es quizás debido a que, por regla general, esta se ubica o asume como un valor supremo, en un orden jerárquico, que tendemos a objetivarla. Risieri Frondizi observaba al respecto que «a medida que se asciende en la escala de valores, se acrecienta el elemento objetivo».[2] Ahora bien, en tanto valor, la justicia tiene múltiples encajes. No hay una justicia, como no hay un Derecho, aunque indistintamente nos refiramos a una y otro.

En consecuencia, resulta obligado asumir un marco, como referente, o sea, el complejo de elementos y circunstancias individuales, sociales, culturales e históricas dentro de las cuales los valores tienen existencia y sentido.[3] Es necesario, entonces, advertir las diferencias. En la concepción liberal, en cuyo discurso se inscribe de manera recurrente el tópico del «acceso a la justicia», y contrariamente a lo que pudiéramos asumir en un ideario político cuyas versiones más recientes no han dejado de proclamar y sostener —aun en las actuales condiciones de crisis económica mundial— la necesidad de limitar el papel de los Estados se encomienda a estos el fortalecimiento sostenido de los poderes judiciales. Ello ha inspirado todas las reformas judiciales que han acompañado el pensamiento neoliberal en nuestra región.

Como explica Boaventura Sousa Santos, estas reformas parten de conferir «absoluta prioridad a la propiedad privada, a las relaciones mercantiles y a un sector privado cuya funcionalidad depende de transacciones seguras y previsibles protegidas contra los riesgos de incumplimientos unilaterales».[4] Todo lo cual exige, como sostiene este autor, «un nuevo marco jurídico [...] el marco político de la contractualización social debe ir cediendo su sitio al marco jurídico de la contractualización individual»; expresión de lo que pudiera constituir «una de las principales dimensiones de la actual judicialización de la política».[5]

Más preocupados por los costes de transacción que por la realización de los derechos y la justicia, les resulta esencial

 

una tercera parte coercitiva [...] Sin embargo, los problemas de lograr el cumplimiento obligatorio de acuerdos por un tercer participante mediante un sistema judicial, que aplica quizás imperfectamente las normas, no solo son muy mal comprendidos sino que constituyen un gran dilema en el estudio de la evolución institucional.[6]

 

No es este nuestro caso. En Cuba, donde el perfeccionamiento de las estructuras judiciales y de los ordenamientos tributarios se justifican solo en la medida en que tiendan y se orienten —como ha venido siendo, de manera preponderante— a la realización del ideal martiano proclamado en el Preámbulo de la Constitución: «Yo quiero que la ley primera de nuestra República sea el culto de los cubanos a la dignidad plena del hombre».[7] Esta divisa es la piedra de toque en cuanto nos pueda faltar por hacer en materia de acceso a la justicia, sin lo que no es alcanzable ni realizable tal ideal. De ahí la importancia que reviste para los cubanos examinar y debatir este pilar fundacional de nuestro sistema de Derecho. Sin embargo,

 

cualquier indagación sobre el Derecho, es decir, cualquier reflexión ontológica al respecto —como la concerniente al acceso mismo a la justicia— no puede lograrse con olvido de su fundamental contenido axiológico, de su carácter normativo en el cual se recogen determinados valores que se proyectan como voluntad o conducta deseada, perseguida, como propósito deontológico.[8]

 

El estudio de la teoría y de los principios informadores de la justicia es tan necesario como necesario nos es teorizar. Alguien dijo alguna vez, seguramente con razón, que no hay nada más práctico que una buena teoría. Debe corresponder a esta ayudarnos a reevaluar los contenidos configuradores de nuestros actuales espacios e instancias jurisdiccionales y los criterios atributivos que hemos asignado a cada uno de estos, o advertirnos qué se nos ha quedado fuera y si se necesita hacerle un lugar. En materia de acceso a la justicia, nuestras grandes razones pueden estarse quedando sin expresar.

 

Debido Proceso

 

El acceso a la justicia está fuertemente relacionado con el debido proceso,[9] ya que no solo se trata de que una persona pueda reclamar ante los tribunales o cualquier otro órgano del Estado cualquier derecho que entienda le ha sido afectado; además, es imprescindible que esta demanda se lleve a cabo con todas las garantías esenciales del proceso.

Por tanto, el debido proceso debe entenderse como una manifestación del Estado que busca proteger al individuo frente a las actuaciones de las autoridades públicas, procurando en todo momento el respeto a las formas propias de cada proceso. Y constituye una garantía infranqueable para todo acto en el que se pretenda —legítimamente— imponer sanciones, cargas o castigos, así como un límite al abuso del poder de sancionar. Con mayor razón, se considera un principio rector de la actuación del Estado y no solo una obligación exigida a los juicios penales, aunque es en este tipo de proceso donde se manifiesta de forma superior.

Las situaciones de controversia que surjan de cualquier tipo de conflicto requieren una regulación jurídica previa que limite los poderes del Estado y establezca el respeto de los derechos y obligaciones de los sujetos procesales, de manera que ninguna actuación de las autoridades dependa de su propio arbitrio, sino que se encuentre sujeta a los procedimientos señalados en la ley.

 

Proceso penal: principales garantías

 

El debido proceso penal, que por razones obvias es más exigente, comprende normas procesales y sustantivas definidas y claras. El principio de legalidad,[10] a su vez, incluye la definición de los tipos penales y de la normas procesales para evitar que estas definiciones puedan formularse de modo tan general que propicien su uso abusivo por parte de los operadores penales. En este sentido, principio de legalidad constituye uno de los elementos centrales de toda sociedad, al evitar que a la descripción legal del delito se incorporen referencias a la peligrosidad del agente que influyan en la fijación judicial de la pena.

El derecho a ser juzgado por un tribunal, legal y previamente constituido, que actúe de forma independiente e imparcial; el derecho y el deber del Estado a garantizar la defensa; el derecho a la presunción de inocencia,[11] el principio de in dubio pro reo; el derecho del acusado a confrontar ante el tribunal todas las pruebas de cargo y a presentar sus propias pruebas de descargo, así como a no declarar contra sí mismo, son garantías inherentes al debido proceso.

En estricta correspondencia con estas exigencias, las confesiones recibidas por la policía en la etapa de investigaciones deben estar rodeadas de garantías para que su admisión no vulnere este último principio. La Constitución cubana establece, en su artículo 59, que no se ejercerá violencia ni coacción alguna sobre las personas para forzarlas a declarar, y que son nulas las declaraciones obtenidas violando estos principios; en tanto el artículo 161 de la Ley de Procedimiento Penal establece que ningún acusado tiene la obligación de declarar en su contra. Sin embargo, nuestra legislación no establece —a diferencia de otras como el Código Orgánico Procesal de Venezuela— el derecho a «ser asistido desde los actos iniciales de la investigación por un defensor que designe él o sus parientes, y en su defecto por un defensor público».

Debe existir racionalidad y fundamentación de las resoluciones conforme a derecho, y estas deben adoptarse en un término razonable, que asegure la necesaria correlación entre acusación y defensa, de modo que no se pueda condenar por hechos delictivos que no fueron parte de la acusación. Estos derechos deben entenderse en el sentido de requerir «igualdad de armas» en el proceso y de constituir un derecho de acceso de la víctima a la justicia en el ámbito penal.

Como ya han expuesto diversos especialistas en muchos congresos, seminarios y artículos de publicaciones especializadas, en Cuba el debido proceso penal necesita ser mejorado. En particular, el tema de la defensa en esta área, a mi juicio, requiere de una nueva consideración. La Constitución cubana establece, en su artículo 59, que todo acusado tiene derecho a la defensa; sin embargo, las más recientes y progresistas de América Latina —por ejemplo, la boliviana— reconocen la defensa como un derecho inviolable.[12] También la venezolana instituye el derecho a la defensa y la asistencia jurídica.[13]

Es cierto que en el caso de los servicios de defensa penal, donde no existe el ejercicio privado de la abogacía, las tarifas de honorarios de las instituciones que los prestan están reguladas por el Ministerio de Justicia y en general son modestas. Sin embargo, en los procesos ante los tribunales municipales, en los que se pueden imponer sanciones de hasta de un año de privación de libertad, buena parte de los imputados concurren sin abogado de oficio ni designado, sin que la ley establezca la obligación de hacerlo. Por otra parte, en los procesos ante tribunales provinciales, si bien existe la obligatoriedad de nombrar un abogado de oficio, esto solo se hace después de la apertura del juicio oral,[14] lo cual los deja desprovistos de abogado de oficio —salvo que exista medida cautelar— en una etapa tan importante del proceso penal como la fase preparatoria. Existen, además, disposiciones que obstaculizan la entrada inmediata o temprana del abogado en los procesos penales.

Como se ha debatido en múltiples ocasiones en los foros profesionales, este aspecto debe ser enmendado partiendo del principio irrenunciable de que toda persona objeto de imputación en un proceso penal tiene derecho a ser asistida por un abogado, y en caso de que no lo nombre, el Estado tiene la obligación de proveerlo. Algo nos dice que podemos hacerlo mejor.

 

Tribunales

 

La delicada misión del sistema de tribunales es, en lo esencial, garantizar los derechos de las personas. En consecuencia, si hay un derecho importante, justamente por su carácter instrumental, es el de acceso a la justicia. Es la vía que tiene toda persona para hacer valer sus derechos. Franquearla, en el sentido de hacer accesible la justicia, constituye una responsabilidad de todo Estado y pone de manifiesto la importancia que este confiere al papel del Derecho en la sociedad.

Sin embargo, no siempre ha sido objeto de la debida atención, ni lo sigue siendo en algunos países. A finales de los años 70, Mauro Cappelletti promovió y llevó a cabo un exhaustivo estudio, de Derecho comparado sobre el acceso a la justicia en el mundo, que permitió conocer, al menos en un grupo importante de indicadores, la situación en que se encontraba y bajo qué condiciones se ejercitaba el derecho de acceder a los tribunales en un número significativo de naciones. Después de este primer informe, al que siguieron algunos de carácter regional, solo se retoma el tema, y parece reclamar la atención de los gobiernos, en fecha relativamente cercana, a raíz o con motivo de lo que algunos estudiosos identifican «consecuencialmente» como empeños por «desjudicializar» la justicia y promover el empleo de los llamados medios alternativos de solución de conflictos (MASC),[15] lo que no necesariamente debe conducir en esa dirección.

En el caso cubano, sin dejar de reparar en discontinuidades —que las hay—, en lo fundamental cabe advertir una permanente preocupación por el acceso y la calidad de la justicia. Ello dio lugar, en fecha muy temprana, a una primera experiencia llevada a cabo por la Escuela de Ciencias Jurídicas de la Universidad de La Habana,[16] dirigida a crear y organizar los llamados «tribunales populares», integrados solo por jueces no profesionales que funcionaban de forma colegiada, a diferencia de los juzgados subsistentes entonces de la vieja organización del poder judicial, que administraban la justicia de manera unipersonal. Estos primeros «tribunales populares» llegaron a funcionar de forma experimental entre los años 1962 y 1964, y dieron paso a su ulterior institucionalización, para luego desaparecer con la primera reforma judicial, en 1973,[17] a la que siguieron otras dos importantes en los años 90.[18]

Es en la última reforma, introducida por la Ley 82, donde se producen los cambios más significativos en la fisonomía de los tribunales, al cobrar estos total independencia del Ministerio de Justicia y estructurarse como un sistema de órganos estatales subordinado a la Asamblea Nacional, a la que rinden cuenta periódicamente de sus resultados de trabajo,[19] sin que tal subordinación alcance ni afecte el funcionamiento de los tribunales en cuanto al ejercicio de la potestad decisoria de los jueces. Estos únicamente deben obediencia a la Ley.[20]

 

Indicadores y barreras: una introspección necesaria

 

En materia de acceso a la justicia, suelen tomarse como criterios o indicadores desde la localización y dotación de los tribunales y la independencia e imparcialidad en su actuación, con sujeción a procedimientos dotados de las necesarias garantías procesales y capacidad para asumir y resolver con la celeridad una determinada carga de asuntos, hasta la organización y eficiencia de los mecanismos de asistencia legal, hasta la voluntad real de los Estados de hacer efectivo el cumplimiento de las decisiones judiciales y, más recientemente, de reconocer y promover medios alternativos para solucionar los conflictos.[21]

Del comportamiento no satisfactorio de estos indicadores resulta lo que, tanto en los países como en el marco de agrupaciones internacionales de jueces y magistrados —como las cumbres de presidentes de las Cortes Supremas y Tribunales Supremos de Iberoamérica—, suele identificarse y examinarse como barreras «técnicas», «económicas», «burocráticas» y «culturales» que, más allá de la obligada atención de los gobiernos, reclaman una creciente vigilancia de los medios académicos y de un significativo número de ONG y de la sociedad civil en general.

Sin embargo, no siempre estas investigaciones se llevan a cabo con la requerida integralidad. Quizás el «Informe» rendido por Lord Woolf sobre acceso a la justicia,[22] a mediados de los años 90, con vistas a la ulterior reforma del sistema judicial del Reino Unido, sea una de las contadas excepciones. En el caso cubano, la mayor parte de las reformas, dirigidas de una forma u otra a garantizar el acceso a la justicia, no han estado presididas, en rigor, por las correspondientes investigaciones de campo. Su ausencia debe ser objeto de reconsideración como parte del proceso natural de perfeccionamiento de las instituciones. Gestar nuestra propia capacidad de diagnóstico —a partir del conocimiento de nuestras realidades— es un paso necesario para fortalecimiento de la institucionalidad. A las investigaciones en el campo del Derecho les corresponde aquí un insustituible papel.

 

Jueces: sin trocar deseos por realidades

 

Aunque no siempre incluido entre los indicadores que examinar, acceder a impartir justicia no deja de ser uno de los aspectos centrales por considerar, porque de nada sirven las leyes justas sin un órgano juzgador independiente e imparcial en su actuación.

En el caso de la justicia cubana, pueden acceder a esta función tanto profesionales del derecho como legos. Y es este uno de sus primeros y más distintivos rasgos, en tanto se encamina a hacer efectiva la participación popular en la administración de justicia. Ambos son elegibles, con igualdad de derechos y deberes;[23] los primeros sin sujeción a término alguno, los segundos por períodos de cinco años, y todos solo revocables por razones establecidas por ley.[24] Esto, en cualquier caso, tiene que ser objeto de examen y acuerdo del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular. Ello le da, tanto al juez profesional como al lego, una mayor seguridad en su función y ha contribuido a reforzar la independencia judicial.

Por otra parte, además de los requisitos exigibles en materia de ciudadanía, edad y experiencia de quienes aspiren a ingresar a la condición de juez, para asegurar su competencia profesional, en el caso del ingreso directo de los recién graduados, se establece un período de adiestramiento a cuyo término se añade, como requisito, el ejercicio de oposición que deben rendir conforme a las previsiones de la ley[25] y que ha sido reasumido por el Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo a fin de continuar fortaleciendo la calidad de la justicia.[26]

Asociados a este indicador, suelen ser objeto de especial consideración la existencia y funcionalidad de los sistemas de preparación profesional, de evaluación del desempeño y de los mecanismos de control o supervisión de la actividad jurisdiccional. No es casual que los jueces suelan ser tomados de «casos» o «modelos» en cualquier teorización que se proponga, y no son pocos los problemas y retos que su actividad supone para el pensamiento jurídico contemporáneo. Y ello impone la obligación de centrar la atención en su formación y desempeño.

A la vez, el asunto comporta y exige una visión de futuro y puede suponer la necesidad de «modelar». Un modelo encierra siempre una propuesta. No es un juez ideal, sino aquel que nos representamos como necesario para un escenario específico en un determinado momento. Es este modelo el que puede erigirse en guía o referente para la formación, evaluación y control de la práctica profesional.

 

Independencia judicial

 

No obstante los presupuestos precedentes, en ocasiones se pone en tela de juicio la independencia de los tribunales cubanos a partir del hecho de que están obligados a observar las instrucciones o dictámenes que aprueba su Consejo de Gobierno.[27] Lo cierto es, sin embargo, que desempeñan un papel de extraordinaria importancia, en tanto sin afectar la independencia de los tribunales inferiores —y a partir justamente de su práctica jurisdiccional— se dirigen a fijar y uniformar los resultados de esta para garantizar, con su generalización, la mayor predictibilidad, certeza y seguridad jurídicas en sus fallos.

Lo anterior no quiere decir que, por una parte, dicho órgano no esté llamado a cuidar celosamente el tenor de sus pronunciamientos, en tanto su desconocimiento o infracción se encuentran previstos como causales de casación[28] de las decisiones judiciales de las instancias inferiores; y por otra, que no deje de ser insuficiente —por no decir inexistente— el reconocimiento de las fuentes de derecho en nuestro ordenamiento sustantivo, un inconveniente mayor que han debido sortear —y suplir en algún caso— las instrucciones y dictámenes del Consejo.

En este examen no hay que buscar cotejos ni comparaciones para justificar su actuación y el ejercicio de sus facultades normativas, por lo demás de carácter constitucional. A raíz de promulgarse nuestra Constitución, en un seminal estudio sobre su articulado una de las personalidades más destacadas del Derecho cubano, el doctor Fernando Álvarez Tabío, se adelantó a reconocer al Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo como el órgano «creador de jurisprudencia», no mediante la casación «sino sobre la base de la experiencia judicial», mientras al dictar sus instrucciones, de carácter obligatorio para todos los tribunales, «con el fin de establecer una práctica judicial uniforme en la interpretación y aplicación de la ley», sus «interpretaciones se convierten en juicios de derecho, de rango equivalente a la norma legal, cuya contradicción, oscuridad u omisión viene a subsanar».[29]

Una posición continuadora de este pensamiento es la sostenida y desarrollada actualmente por el profesor Andry Matilla en relación con la presencia —tan discutida— de la jurisprudencia en nuestro sistema de Derecho. El autor advierte de su existencia como fuente «indirecta», en la medida en que a través de las instrucciones del Consejo de Gobierno «se le da carácter obligatorio a las reglas extraídas de las sentencias de los órganos judiciales nacionales».

En línea con estas ideas, de incuestionable importancia para el acceso a la justicia, y no por controvertidas menos fecundas, debemos sentirnos comprometidos a indagar en torno al binomio «instrucción-jurisprudencia» debido a su indudable trascendencia para nuestro sistema de Derecho. Las razones de una prolongada ausencia de la jurisprudencia en el Derecho cubano parecen quedar atrás. Otra cosa es el grado de sujeción —o libertad— que deba observar el juez respecto a la ley. Su examen, asociado a los problemas de la legitimación de las decisiones judiciales y la seguridad jurídica misma, debe corresponder a la teoría del Derecho. Es este un campo en el que igualmente se impone reflexionar.

Sin ese carácter vinculante, pero con una decisiva importancia en el ámbito de la administración de justicia, el Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo emitió un documento, eminentemente indicativo, dirigido sobre todo a promover una mayor racionalidad en la actuación de los tribunales, que parte del hecho de que

 

actuar de manera lógica, razonable y consecuente al impartir justicia en nuestro país, no es solo cuestión de necesidad y genuina aspiración, sino que es además la única forma legítima de actuar, tomando en cuenta que, en general, nuestras principales disposiciones legales, tanto en el orden sustantivo como en el procesal, establecen las pautas para que la justicia discurra de esa forma.[30]

 

La vocación de «razonabilidad» alentada por este documento ha dado lugar reiteradamente a instrucciones y dictámenes cuyos elementos valorativos han contribuido a asegurar una más justa aplicación de las normativas en vigor y una acertada interpretación de las políticas y los principios que las informan.

 

Jurisdicción estatal y medios alternativos: «modos» de justicia

 

Elegir dónde y ante qué tribunal se quiere colocar un asunto es un derecho importante que le reconoce la ley al justiciable. Es algo que —en el ámbito de la justicia civil, donde encuentran tutela, por regla general, todos esos derechos e intereses— los individuos pueden determinar de común acuerdo. Solo al faltar este la ley decide ante qué tribunal se debe acudir, fijando ciertos criterios atributivos de la competencia, facilitadores del acceso a la justicia comúnmente compartidos por muchos otros sistemas judiciales.

Esto solo deja de ser así en el ámbito de las relaciones laborales, en cuyo marco se impone la lógica del domicilio de la entidad en la que presta servicios el trabajador; y en el de las relaciones comerciales, en las que se preestablecen, en todos los casos, las reglas para determinar el tribunal competente para conocer de un litigio de carácter económico, siguiendo para ello criterios de proximidad, inmediatez y eficiencia. En el caso específico de las relaciones económicas internacionales, existe como alternativa elegible el arbitraje comercial internacional.[31]

Esto último puede sugerir, más allá de la necesaria e inobjetable centralidad de la justicia estatal, una determinada falta de espacio de los medios alternativos en Cuba. Entre una y otra forma de resolver los conflictos existen diferencias. Julio Fernández Bulté citaba un famoso pasaje de Cicerón en el que, buscando distinguir entre el iudex y el arbiter, se preguntaba y respondía: «¿Cómo es el juicio? Directo, áspero, simple... ¿Cómo es el arbitrio? Es suave, moderado».[32] «La justicia tiene sus modos», decía José Martí

Si hablamos de arbitraje, no habría razón para pensar que le falte espacio en nosotros: antecedentes, desarrollos y experiencia existen. Otra cosa es la forma en que se reconozca, instituya y organice, la cual, en opinión de muchos estudiosos y operadores de nuestra práctica profesional (tanto jueces como abogados), no deja de estar requerida, más que de reordenamiento, de «recolocación».[33]

No es el caso de la mediación, mucho más cercana a la persona natural y a los problemas de convivencia, que en Cuba no parece haber rebasado el ámbito académico y de investigación[34] en nuestro país, donde aún no cuenta con un reconocimiento institucional que trascienda los avances en el área de la mediación comercial.[35]

Procedente de países como China y los Estados Unidos, por razones no necesariamente coincidentes, la mediación ha alcanzado un considerable auge en Europa y América Latina en los últimos años, quizás —como sucede en algunos países con el arbitraje comercial— más en el plano doctrinal y legislativo que en la práctica conflictual. No obstante, se aprecia un importante avance en la creación de centros especializados en ella, y es significativo que en un buen número de países esto se haya logrado bajo la tutela de los poderes judiciales. Unidos a su función reglamentaria y ordenadora de la actividad, estos mantienen una estrecha vigilancia sobre sus resultados y sobre el comportamiento y la ética de los mediadores, por su estrecha relación con el acceso a la justicia.

Parece imponerse, en nuestro caso, la necesidad de evaluar la conveniencia de crear los mecanismos apropiados que posibiliten a las partes, de manera libre y voluntaria, acudir como alternativa a un tercero neutral que pueda ayudarles a encontrar una solución a su conflicto sin que sea impuesta por tribunal alguno. Se haría más participativa la justicia y más efectivos, en muchos casos, sus resultados.

Entre nosotros, los medios alternativos no tienen por qué hallar razón, ni tomar por principal fundamento la sobrecarga y los atrasos en el trabajo de los jueces, como suele suceder y justificarse en otros espacios. Los resultados que exhiben hoy las salas de justicia permiten ir por una calidad mayor en la práctica de los tribunales. Pero esta situación no debe impedir que encontremos las ventajas de los medios alternativos para hacerles un espacio contiguo o cercano a las estructuras judiciales. Son ideas que actualmente se examinan y debaten dentro del sistema judicial cubano, en el convencimiento de que su inclusión como parte del diseño del acceso a la justicia no solo es posible y realizable, sino también nos adelanta haciendo más participativa y efectiva nuestra justicia.

 

Legitimación: las claves de acceso a la justicia

 

Aunque la «legitimación» parece un término reservado a los operadores del Derecho y padece, en cierta medida, de una polisemia, quizás más aparente que real, no deja de significar, en materia de acceso a la justicia, un título —una justificación— de la acción que se pretende iniciar ante los tribunales. En rigor, esta depende en lo fundamental de qué tan claramente atribuidos y reconocidos puedan estar los derechos e intereses de las personas, que no siempre se establecen con la necesaria claridad. También sucede que, estando estos atribuidos y reconocidos por la ley, no estén tan claras las vías de acceso a los tribunales; o que, aun existiendo, las políticas o prácticas de algunas instituciones frustren su ejercicio, dando lugar así a una barrera u obstáculo al acceso a la justicia.

En el plano de las individualidades, de la persona natural, la entrada a los tribunales halla, por lo general, fácil acomodo.

En el ámbito de las relaciones civiles en el que estas desarrollan normalmente su vida familiar y se relacionan entre sí, habría que destacar en primer término los avances que han caracterizado siempre al legislador cubano en la protección de menores y mujeres, dispensándoles una tutela privilegiada con criterios de máxima simplicidad para acceder a ella. Es algo reconocido y un espacio en el que se puede hablar de celeridad, prontitud, predictibilidad, certeza. Son valores que se realizan en el Derecho de familia.[36] Lo mismo puede decirse, mutatis mutandis, de la generalidad de los procesos civiles donde los principios de inmediatez, celeridad, publicidad, y las garantías procesales de las que están dotados los procedimientos legales y su observancia por los jueces, permiten reputar de efectiva la tutela judicial extendida a todo un amplio registro de situaciones propias de la vida cotidiana.

Este, en alguna medida, es también el caso de las relaciones laborales, con un vasto soporte normativo, a las que, de manera general, se les asegura la debida tutela judicial en un amplio espectro de situaciones vinculadas con los derechos y la disciplina de los trabajadores. No obstante, esta tutela se complejiza cuando intervienen las entidades y agencias empleadoras,[37] y aún más si desplazamos nuestra atención al sistema de trabajo con los cuadros[38] o de la llamada «responsabilidad material»,[39] esferas en las que el «cuadro» —dirigente o funcionario— o el trabajador en su caso no deja de enfrentar determinadas limitaciones en el acceso a los tribunales, y de quedar sujeto por esta razón a los criterios de las instancias revisoras de la propia administración estatal.

Pero es quizás en el escenario de las relaciones de consumo donde se presentan mayores problemas de legitimación. En este, la persona natural se encuentra verdaderamente sujeta a determinados mecanismos y prácticas, en buena medida ineficientes, que suelen dar lugar, más que a un estado de «indefensión», a uno de «impotencia». Y sin «acción» que los llame y les permita conocer, poco o nada pueden hacer los tribunales. Los derechos e intereses del consumidor no se establecen y reconocen con la claridad necesaria, y se sustituyen, muchas veces indebidamente, por «deberes», con el consiguiente estrechamiento de los criterios de legitimación, y sin que los limitados medios que se propician para su defensa y protección resulten idóneos para garantizar una tutela efectiva.[40] Por estos fundamentos, el acceso a la justicia parece quebrar aquí por su base o, lo que pudiera ser peor, no contar con ella.

A la par, casi «capilarmente», junto a los espacios cubiertos por el Estado para satisfacer la necesidad de los bienes y servicios que cotidianamente demanda la población, existe, de manera intersticial, como espacio «alternativo», el trabajador por cuenta propia, llamado a sustentarse en las capacidades productivas presentes en el sector privado. Este, sin constituir una economía sumergida — ni «emergida» — propiamente dicha, a pesar de contar con un marco legal,[41] en la práctica no parece contar aún con el necesario reconocimiento y tutela, y queda sujeto a ciertas limitaciones para acceder al control judicial de las medidas que en el orden administrativo pueden ser adoptadas en su esfera de actividad.[42] Esta restricción del derecho a ulterior recurso en la vía judicial caracteriza, de manera general, a nuestro sistema contravencional,[43] a pesar de que, junto a las multas de rigor, suelen adoptarse otras medidas como el decomiso de bienes, que pueden justificar, a nuestro juicio, el control jurisdiccional.

De más a menos, una esfera carente aún de regulaciones apropiadas, dotadas de la necesaria flexibilidad, es la de los llamados intereses difusos, asociados a determinados colectivos que pueden corresponder tanto a grupos de consumidores como a comunidades afectadas por alguna conducta violatoria de las normativas establecidas en materia de medio ambiente. No obstante concurrir una serie de identidades que permiten reconocer una causa en común, se pueden ver impedidas de hacerse representar de manera colectiva.

Sin embargo, la justicia no puede ser solo individual. El sujeto colectivo existe, tiene su propia fisonomía, sus propios intereses que tutelar, y si estos hoy no encuentran la recepción requerida en el sistema judicial, es obligado hacerles un lugar. Parece imponerse una actualización de la normativa procesal; referentes existen.[44] Y en tanto no haya respuesta del legislador, la capacidad de acogimiento acaso deba recaer sobre los propios tribunales, de manera de llegar, en defecto y anticipadamente a la ley, por la vía de la generalización de la práctica judicial, a las soluciones que resulten más afines y garantizadoras. En procesos de tanta significación como las demandas del pueblo cubano contra el gobierno de los Estados Unidos,[45] supimos encontrar cómo hacerlo. Se trata entonces solo de dar continuidad y de abrir el espacio con la necesaria inteligencia y acomodo a nuestra realidad.

 

La administración y el control de la constitucionalidad

 

En la mayoría de las Constituciones se dispone que el debido proceso debe observarse en toda clase de actuaciones judiciales y administrativas; es decir, obliga no solamente a los jueces, sino también a los organismos y dependencias de la administración pública.

El debido proceso administrativo consiste en que los actos y actuaciones de las autoridades administrativas deben ajustarse no solo al ordenamiento jurídico legal, sino también a los preceptos constitucionales. Se pretende garantizar el correcto ejercicio de la administración pública a través de la expedición de actos que no resulten arbitrarios y contrarios a los principios del Estado de derecho; ello, en virtud de que toda autoridad tiene sus competencias definidas dentro del ordenamiento jurídico y debe ejercer sus funciones con sujeción al principio de legalidad, a fin de que los derechos e intereses de los administrados cuenten con la garantía de defensa necesaria ante eventuales actuaciones abusivas, realizadas fuera de los mandatos constitucionales, legales o reglamentarios vigentes.

De la aplicación del principio del debido proceso se desprende que los administrados tienen derecho a conocer las actuaciones de la administración, a pedir y a controvertir las pruebas, a ejercer con plenitud su derecho de defensa, a impugnar los actos administrativos y, en fin, a gozar de todas las garantías establecidas en su beneficio.

El derecho de defensa en materia administrativa se traduce en la facultad del administrado para conocer la actuación o proceso administrativo que se le adelante, e impugnar o contradecir las pruebas y las providencias adversas a sus intereses. La administración debe asegurar al ciudadano interesado tal derecho y cualquier actuación que desconozca esa garantía es contraria a la Constitución.

Las consideraciones precedentes evidencian que, en ocasiones, se adoptan disposiciones legales que limitan, excluyen o condicionan el ejercicio del derecho de acceso a los tribunales, en contradicción o apartándose de determinados principios consagrados en la Constitución de la República que informan este. Reservar la Asamblea Nacional como único órgano con potestad constituyente y legislativa,[46] al que por consiguiente quedó atribuida la facultad de decidir acerca de la constitucionalidad de las leyes, decretos-leyes, decretos y demás disposiciones generales[47] que conforman el sistema de Derecho cubano, el llamado control de regularidad, parece ser no solo una fórmula coherente, sino además eficiente; sin embargo, puede resultar ineficaz. Para que sea capaz de ejercitar este control se requiere, ante todo, que pueda conocer las presuntas desviaciones en que pudieran incurrir los expresados enunciados normativos; y algo parece faltar para ello o no funcionar adecuadamente. El sistema de tribunales pudiera ser una solución.

Actualmente, corresponde al Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular «dictaminar, a solicitud de la Asamblea Nacional del Poder Popular o del Consejo de Estado, acerca de la constitucionalidad de las leyes, decretos-leyes, decretos y demás disposiciones».[48] Hasta el presente se ha interpretado más bien restrictivamente, en el entendido de que en ausencia de una solicitud de los órganos supremos del Estado, no corresponde al Consejo emitir su opinión sobre la presunta inconstitucionalidad de la norma. Quizás esa fue, en rigor, la voluntad del legislador.

Sin embargo, el Consejo de Gobierno, al que corresponde «evacuar las consultas de carácter general que le formulen sus propias salas, los tribunales, el Fiscal General de la República y el Ministro de Justicia»,[49] está colocado en una posición en la que pudiera conocer, de manera privilegiada y directa, fundamentalmente a través de las consultas que le pudieran ser formuladas por las propias estructuras judiciales, la eventual falta de regularidad en las normativas que las instancias jurisdiccionales están llamadas a evaluar para su aplicación. Pudiera ser entonces el propio Consejo de Gobierno de la máxima instancia judicial el que, a partir de estas consultas, hiciera del conocimiento de la Asamblea Nacional o del Consejo de Estado, en su caso, la irregularidad advertida, sin comprometer evaluación alguna y sujeta a la indicación correspondiente de los expresados órganos superiores para proceder a resultas de su consulta.

Ello no parece apartarse del sistema centralizado del control de regularidad, el que no sería razonable cuestionar sin hacer antes por asegurar su mayor efectividad. Se trata solo de encontrar los cauces para ello. En esta dirección, el papel de los tribunales pudiera —y debe— cobrar una mayor centralidad. Son los que se encuentran a las puertas de la justicia. Esta vía puede no alcanzar a todo el universo. El ciudadano puede requerir, además, de otras vías —más directas— que hoy nos faltan y que, en un proceso de perfeccionamiento de nuestro marco institucional, habrá que considerar.

 

A modo de conclusión

 

En determinadas etapas de la Revolución hemos pensado que se ha alcanzado toda la justicia y que el socialismo, por sí solo, por su carácter democrático y popular, garantizaría toda la justicia y el respeto y la protección de los derechos y libertades de los individuos. La vida ha demostrado, como en tantas otras cosas, que no es un proceso espontáneo y que el Estado necesita crear mecanismos que de una forma u otra garanticen su ejercicio y defensa.

La Constitución de 1976 y su reforma en 1992, siguieron el modelo constitucional socialista, derivado de la experiencia del constitucionalismo soviético, tanto en la declaración o reconocimiento del conjunto de derechos como en lo referido a su sistema de garantías. No es un texto que trate con amplitud estos temas, ni que establezca un sistema de protección legal de los derechos humanos. Quizás por las razones antes apuntadas, en un modelo de sociedad donde se daba por sentado la baja conflictividad social y el bajo nivel de las contradicciones, se entendía innecesario explayarse en una regulación exhaustiva de los derechos humanos fundamentales, y lo que pudiera ser más importante, en cómo garantizar su cumplimiento mediante mecanismo legales.

Todo ello ha dado lugar, en la práctica, a que se haya conformado un sistema de garantías —en ocasiones no lo debidamente coordinado y coherente— para el ejercicio de los derechos fundamentales a través de los tribunales, a la vez que por medio de un sistema de garantías legales, no jurisdiccionales, y también de carácter extralegal. Cuando estas últimas asumen un papel protagónico, como cabe reconocer que sucede en algunas esferas donde se le confiere mayor efectividad a una carta dirigida a una autoridad central, ello puede indicar no tanto su afinamiento y efectividad, sino más bien la existencia de una falla o elemento disfuncional en las instituciones.

La mayoría de los especialistas de la práctica profesional depositan en el sistema de tribunales —con todas las falencias que pueda tener— la mayor confianza para la defensa y garantía de los derechos fundamentales. Las personas que suponen lesionados sus legítimos derechos pueden acudir, y de hecho acuden, ante los tribunales en busca de la tutela judicial efectiva y de un fallo justo. Vale destacar, entre otros, el procedimiento de habeas corpus, el civil de amparo a la posesión, o el proceso ordinario para la indemnización de daños y perjuicios. Además, existe la vía del procedimiento contencioso administrativo, que si bien es muy limitado y, a juicio de los autores, requiere de renovación, protege individualmente cualquier derecho, siempre que el perjuicio haya sido provocado por la administración pública o sus agentes. Como mismo están las regulaciones que conforman el procedimiento laboral, el cual extiende su protección a los individuos en su condición de trabajadores. Sin embargo, hay necesidad de revisar de forma coherente todos estos aspectos de competencia jurisdiccional para hacerlos más efectivos e integrales, reforzarlos, completarlos y perfeccionarlos.

De lo dicho no cabe derivar, en modo alguno, que no existan dificultades y problemas en materia de acceso a la justicia. Las hay. Falta, de manera general, información sobre los derechos de las personas. En los tribunales subsisten exigencias formales que a veces entorpecen o dilatan el acceso al proceso o que pueden hacerlo poco fluido y carente de la necesaria efectividad. Esto también puede afectar a los recursos dirigidos a asegurar el control de las resoluciones judiciales. Y, colocados al final, de cara al Derecho reconocido, no deja de ser un problema de acceso a la justicia que este no encuentre pronta realización. Ello afecta la vocación de eficacia de toda decisión judicial y la credibilidad misma del propio tribunal.

El acceso a la justicia tiene múltiples facetas que requieren ser examinadas. Siendo un derecho de tanto potencial movilizador, todo cuanto confunda, entorpezca o demore su realización requiere corrección. Ello obliga, ante todo, a gestar y asegurar una capacidad de diagnóstico para identificar cuanto resulte insatisfactorio o disfuncional en nuestro modo de administrar la justicia. Se impone pensarnos críticamente a nosotros mismos. Es la sola forma de corresponder a esa «actitud de búsqueda, a la voluntad de renovación, a la voluntad de enriquecimiento de la realidad, a la inconformidad con lo que se tiene ante los ojos, a la voluntad de perfeccionamiento o de descubrimiento de otros planos de la vida y del pensamiento»[50] a la que convoca uno de los más importantes intelectuales cubanos.

Decía Luz y Caballero: «Confesar la propia falta, (es ya) la mayor de las grandezas».[51]

 

[1]. Risieri Frondizi, Pensamiento axiológico. Antología, Instituto Cubano del Libro, La Habana, 1993, p. 49.

[2]. Ibídem, p. 38.

[3]. Ibídem, p. 45.

[4]. Boaventura Sousa Santos, Reinventar el Estado, Editorial José Martí, La Habana, 2005, p. 33.

[5]. Ibídem, p. 34.

[6]. Douglas C. North, Instituciones, cambio institucional y desempeño económico, FCE, México, DF, 1995, p. 53.

[7]. Constitución de la República de Cuba, «Preámbulo», Editora Política, La Habana, 1992.

[8]. Julio Fernández Bulté, Filosofía del Derecho, Editorial Félix Varela, La Habana, 1997, p. 21.

[9]. La doctrina define el debido proceso como el conjunto de garantías que protege al ciudadano sometido o parte en cualquier proceso, que le asegura a lo largo del mismo una recta y cumplida administración de justicia, la libertad y la seguridad jurídica, la racionalidad y la fundamentación de las resoluciones judiciales conforme a derecho. Por tanto, el debido proceso, en este sentido, es un principio generador del cual dimanan todos y cada uno de los principios del derecho procesal.

[10]. El artículo 59 de la Constitución cubana establece que nadie puede ser encausado ni condenado sino por tribunal competente en virtud de leyes anteriores al delito y con las formalidades y garantías que estas establecen.

[11]. La Declaración Universal de los Derechos del Hombre, formulada por Naciones Unidas, el 10 de diciembre de 1948, establece: «Toda persona acusada de cometer un delito tiene el derecho que se presuma inocente hasta que se pueda probar su culpabilidad acorde a la ley en juicio público a los cuales se le den todas las garantías legales para su defensa». La presunción de inocencia es una presunción iuris tantun que admite pruebas en contrario. La carga de la prueba está a cargo del Estado. La presunción de inocencia solo será desvirtuada a través de un proceso donde el acusado tenga la posibilidad de ejercer su derecho a la defensa en la debida forma.

[12]. Constitución boliviana, Artículo 119.2: «Toda persona tiene derecho inviolable a la defensa. El Estado proporcionará a las personas denunciadas o imputadas una defensora o defensor gratuito, en los casos que estas no cuenten con los recursos económicos necesarios».

[13]. Constitución venezolana, Artículo 49: «El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas y, en consecuencia: 1. La defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo Estado y grado de la investigación y del proceso. Toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga; de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa. Serán nulas las pruebas obtenidas mediante violación del debido proceso. Toda persona declarada culpable tiene derecho a recurrir del fallo, con las excepciones establecidas en esta Constitución y en la ley».

[14]. Ley de Procedimiento Penal, Artículo 281: «Formuladas las conclusiones por el fiscal, o en su caso, por el acusador particular, si el Tribunal estima que están completas las diligencias necesarias para proceder, abrirá la causa a juicio oral, teniendo por hecha la calificación y dispondrá se requiera de los acusados y terceros civilmente responsables, con entrega de las copias presentadas, a fin que designen abogado para su defensa de no tenerlo ya designado, bajo el apercibimiento de que de no hacerlo en el acto o, a más tardar dentro de cinco días hábiles, se le nombrará Defensor de Oficio».

[15]. Ugo Mattei, «Access to Justice. A Renewed Global Issue», Electronic Journal of Comparative Law, v. 11, n. 3, Maastricht, diciembre de 2007, disponible en www.ejcl.org.

[16]. Emigdio Gómez Darias, «Apuntes para la historia de los tribunales populares», mimeo, Biblioteca Unión Nacional de Juristas de Cuba.

[17]. Ley 1250 «De organización del sistema judicial», Gaceta Oficial de la República, 23 de junio de 1973. Al producir este primer reordenamiento de los tribunales, integrándolos en un sistema, se dispuso también la creación de una unión nacional que asociara a los juristas cubanos, dando paso al surgimiento de la Unión Nacional de Juristas de Cuba (UNJC), que tuvo su congreso constituyente en el propio año.

[18]. Ley 70 (de 12 de julio de 1990) y Ley 92 (11 de julio de 1997), ambas designadas «De los tribunales populares», esta última publicada en la Gaceta Oficial de la República el 14 de julio de 1997, actualmente en vigor.

[19]. «Los tribunales rinden cuenta de los resultados de su trabajo en la forma y con la periodicidad que establece la ley». Constitución de la República, Artículo 125.

[20]. «Los jueces, en su función de impartir justicia, son independientes y no deben obediencia más que a la ley». Constitución de la República, Artículo 122, y Ley 82, Artículo 2.1.

[21]. Consultative Council of European Judges, Opinión n. 6 «On Fair Trial Within a Reasonable Time and Judge’s Ole in Trials Taking into Account Alternative Means of Dispute Settlement», Estrasburgo, 22 al 24 de noviembre de 2004.

[22]. Lord Woolf, «Access to Justice Final Report», disponible en www.dcv.gov.uk

[23]. Constitución de la República, Artículo 124.

[24]. Ley 82, Artículo 67.

[25]. Ibídem, Artículo 42.5.

[26]. Acuerdo No. 69, de 14 de abril de 2009, «Convocatoria a concurso de oposición», Gaceta Oficial de la República (Extraordinaria), 4 de mayo de 2009.

[27]. Constitución de la República, Artículo 121.

[28]. Ley de Procedimiento civil, administrativo, laboral y económico, Artículo 630.1.

[29]. Fernando Álvarez Tabío, Comentarios a la Constitución socialista, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1981, p. 383.

[30]. «Importancia del interés social y la racionalidad en las decisiones judiciales», Tribunal Supremo Popular, mayo de 2000.

[31]. El arbitraje comercial internacional fue objeto de regulación mediante la Ley 1184 «De la Corte de Arbitraje de Comercio Exterior», de 15 de septiembre de 1965, posteriormente sustituida por la Ley 1303, de 26 de mayo de 1976, que rigió su organización y funcionamiento hasta su reciente derogación mediante el Decreto-Ley 250 «De la Corte Cubana de Arbitraje Comercial Internacional», de 30 de julio de 2007, Gaceta Oficial de la República (Extraordinaria), n. 37, 31 de julio de 2007, por el que se deroga la Ley 1303 de 1976.

[32]. Julio Fernández Bulté, Siete milenios de Estado y de Derecho, t. I, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 2008, p. 484.

[33]. Un ejemplo de ello pudiera ser el espacio abierto por el Decreto Ley 129 «De extinción del sistema de Arbitraje Estatal», de 1991, por el cual se reservó a los organismos de la administración central del Estado la organización y el establecimiento de los mecanismos internos para la solución de los conflictos dentro de los grupos empresariales y de las empresas subordinadas a un mismo organismo.

[34]. Armando Castanedo Abay, Una alternativa para la solución de conflictos, Colegio Nacional de Ciencias Jurídicas y Sociales, Sonora, 2001; Mara Fuentes Ávila, Mediación en la solución de conflictos, Centro Félix Varela, La Habana, 2000.

[35]. Como alternativa al proceso de arbitraje, la Cámara de Comercio de la República de Cuba dictó la Resolución n. 13, de 13 de septiembre de 2007, poniendo en vigor el «Reglamento de mediación de la Corte Cubana de Arbitraje Comercial Internacional», aprobando, mediante Resolución n. 18, de igual fecha, el «Código de ética de los mediadores de la CCACI», Gaceta Oficial de la República, 9 de noviembre de 2007.

[36]. Un ejemplo reciente es la instrucción del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular, por la que se promueve la realización de una importante experiencia en materia de familia, incorporando a la actuación de los tribunales competentes la intervención especializada de personas de diferentes perfiles profesionales, que aseguran una visión multidisciplinaria de los casos en los que están presentes los intereses de menores.

[37]. Ley 77 «De la inversión extranjera», de 5 de septiembre de 1995, Gaceta Oficial de la República (Extraordinaria), 6 de septiembre de 1995.

[38]. Decretos-leyes 196, 197, 236 y 251, los dos últimos modificativos de los anteriores. Véase versión unificada en Gaceta Oficial de la República (Extraordinaria), 20 de noviembre de 2007, artículos 63 al 67.

[39]. Decreto-Ley 249 «De la responsabilidad material», Gaceta Oficial de la República, 23 de julio de 2007, Artículo 33.

[40]. Nancy de la C. Ojeda Rodríguez, «Los consumidores en el derecho contractual cubano», en Leonardo B. Pérez Gallardo (coord.), El derecho de Contratos en los umbrales del Siglo XXI, M.p. Editora, Sao Paulo, 2007, p.695.

[41]. Decreto-Ley 141 «Regulaciones del ejercicio de las actividades laborales por cuenta propia», Gaceta Oficial Ordinaria, de 8 de noviembre de 1993.

[42]. Decreto-Ley 174 «De las contravenciones personales de las regulaciones del trabajo por cuenta propia», Gaceta Oficial Ordinaria, de 30 de junio de 1997.

[43]. Decreto-Ley 99 «De las contravenciones personales», de 25 de diciembre de 1987, Gaceta Oficial de la República, (Extraordinaria), de igual fecha, art. 23.

[44]. Anteproyecto de Código Procesal Civil Modelo para Iberoamérica, Artículo 53, en «Un Codice Tipo di Procedura Civile per l´America Latina, Roma e America 4», Cedam-Padova, 1990; y «Proyecto de Código Modelo de Procesos Colectivos para Iberoamérica», Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, agosto de 2004.

[45]. Demandas del Pueblo de Cuba contra el Gobierno de los Estados Unidos por Daños Humanos ocasionados a Cuba, y Demandas del Pueblo de Cuba contra el Gobierno de los Estados Unidos por Daños Económicos ocasionados a Cuba, Editora Política, 1999 y 2000, respectivamente.

[46]. Alfredo Guevara, «Ser hereje es ser revolucionario», Revolución es lucidez, Ediciones ICAIC, La Habana 1998, p.124.

[47]. Constitución de la República, Artículo 70.

[48]. Ibídem, Artículo 75, inciso c.

[49]. Ley 82, Artículo 19.1, inciso b.

[50]. Ibídem, inciso g.

[51]. José de la Luz y Caballero, Aforismos y apuntaciones, Biblioteca de Autores Cubanos, Universidad de La Habana, 1945, p. 160.