Derechos laborales y derechos humanos

 

      Tal vez la mayor conquista del derecho del trabajo, en su concepción contemporánea, sea el reconocimiento de los derechos humanos individuales y sociales que, por influencia del derecho laboral, se plasman en las disposiciones constitucionales y en las cartas y pactos internacionales, lo que marca la doctrina del constitucionalismo social del siglo xx y lo vincula estrechamente al derecho internacional.[1]

 

 

Una perspectiva histórica

 

El siglo xix, con su concepción racionalista, concibe la libertad alrededor de un ser abstracto, intemporal y universal, el ciudadano, poseedor de una libertad insensible a las contingencias sociales. Frente a esta idea, en el siglo xx aparece la del hombre concreto, definido por las particularidades que debe a la situación contingente en que se halla. Es el individuo que encontramos en las relaciones de la vida cotidiana, a quien caracterizan su trabajo, sus medios de vida, sus necesidades y las oportunidades que se le ofrecen y para quien los derechos son verdaderas exigencias, las que si no son satisfechas le impedirán alcanzar su plenitud.

Se concibe así la libertad como derecho humano de categoría social, como la exigencia de que exista un nivel de desarrollo cultural y de posibilidades socioeconómicas que permitan la realización de las personas, dentro de un marco de independencia. De tal forma, los derechos individuales dejan de ser formales. A través de esta nueva idea de la libertad, se podrá llegar al logro de la justicia como valor jurídico supremo.

Se produce de este modo una simbiosis entre el Derecho del trabajo y el Derecho constitucional. Eugenio Pérez Botija señaló que «el Derecho del trabajo revela al Derecho constitucional la importancia esencialmente política de los problemas laborales, la participación de la sociedad en su elaboración»,[2] y Mariano Tissembaum destaca que

la constitucionalización de los principios fundamentales del Derecho del trabajo surge de la naturaleza de sus normas, que no solo son inherentes a la vida humana, pues afectan a su existencia e integran los derechos de su personalidad, sino que trascienden el orden colectivo y se vinculan, por tal razón, a la organización social.[3]

La primera manifestación de este tipo de normas la encontramos en la Constitución mexicana de 1917, donde se plasman una serie de derechos y principios laborales avanzados para su época. Su peculiaridad consistía en que eran disposiciones, en su mayoría, de carácter operativo, o sea, que pueden ser aplicadas directamente sin necesidad de la ley reglamentaria. Por ejemplo, se establece la jornada diurna de ocho horas, la máxima nocturna de siete horas, la prohibición de trabajar a menores de doce años, la protección a la mujer embarazada, y otras.

En 1919, la Constitución de Weimar, Alemania, de gran importancia para el subsiguiente constitucionalismo social europeo, estableció que el trabajo estaba bajo la protección social del Estado, definió conceptos como libertad de trabajo, y derecho a este; obligación, sobre todo moral, de todos los habitantes de trabajar. Esta Constitución, de corte socialista, propugnaba la llamada internacionalización del derecho del trabajo. Se trataba de declaraciones generales, de tipo programático, que a diferencia de la mexicana, necesitaba de una legislación positiva que la complementara en su aplicación; pero, sin dudas, fue un referente de influencia en el constitucionalismo social europeo post Segunda guerra mundial, que generó el llamado «Estado benefactor o Estado social de derecho», tan ampliamente tratado en la doctrina social y como paradigma, erosionado posteriormente con el predominio del neoliberalismo en la década de los 80 del siglo pasado.

En 1917 se produjo la gran Revolución bolchevique en Rusia, que tuvo gran trascendencia en todas las medidas protectoras del trabajo y concesiones otorgadas a los trabajadores en el mundo, impacto que quieren desconocer muchos académicos actuales.

En el caso de Cuba, la Constitución de 1940 clasificada entre las más avanzadas de su época, reguló y reconoció el derecho al trabajo, la protección al salario, la jornada laboral, la prohibición de trabajar a los menores de catorce años, el reconocimiento de enfermedades profesionales, la protección y seguro de accidentes de trabajo, y el derecho a los seguros sociales, entre otras conquistas. A partir de estas, se tuvo en cuenta la personalidad humana mediante el trato al trabajador como persona, en toda su plenitud espiritual y material. Este humanismo es una de las notas características del Derecho del trabajo actual. Según Will Durand, es el estudio y respeto del hombre «en toda su fuerza y belleza potenciales, en todo el gozo y dolor de sus sentidos y sentimientos, en toda la frágil majestad de su razón».[4]

Como señala Jorge Iván Hübner Gallo, entre los derechos humanos fundamentales está «el derecho del trabajador, tanto bajo el régimen capitalista como en los sistemas socialistas, a ser tratado como persona y no como un simple y anónimo instrumento de producción, con todas las demás prerrogativas inherentes a esta consideración primordial».[5] Este derecho básico está íntimamente ligado y complementado con otros dos: el derecho a la igualdad y a la dignidad del trabajador —también aquí su interacción con los derechos humanos es evidente.[6] Tal concepción se ha incorporado a la filosofía del Derecho del trabajo contemporáneo.

El fortalecimiento del concepto de la tutela de la dignidad del trabajador permite que el Derecho del trabajo deje de ser un catálogo de problemas y sanciones económicas y disciplinarias y se centre en la protección contra la enajenación de la personalidad del que labora y sus consecuencias jurídicas. Esta dignificación se refiere no solo a su reconocimiento como persona, sino a su mejoramiento intelectual y material. Así, el concepto de Derecho laboral abarca el conjunto de principios, normas e instituciones aplicables a las relaciones de trabajo y a las situaciones equiparables, teniendo en cuenta la mejoría de la condición social del trabajador a través de medidas protectoras y la modificación de las estructuras sociales.

El otro gran principio contemporáneo es la igualdad social, que consiste «en una posición social equilibrada en todos los miembros de la sociedad, que sea el resultado del ejercicio no arbitrario del poder social por parte de individuos o grupos».[7] Aunque escapa a la posibilidad de este trabajo el análisis amplio del principio de la igualdad social, es necesario apuntar que, en los últimos tiempos, los movimientos sociales han hecho aparecer su propia doctrina, al margen de las definiciones académicas sobre el derecho a la «inclusión social».[8] En la realidad de las relaciones sociales existen diferencias y desigualdades personales y funcionales, propias de toda estructura jerárquica, pero asumirlas no equivale a tolerar las discriminaciones arbitrarias, por lo que la aspiración a este principio comprende la prohibición del trato diferente e injusto. El derecho subjetivo consiste en no ser tratado arbitrariamente con desigualdad.

En esta obra de desarrollo social a través del Derecho del trabajo, las organizaciones sindicales, como instituciones intermedias, adquieren una participación activa, sin que por ello el Estado pierda el poder de decisión. Este deja así de ser un ente omnipotente, frente al cual el individuo aislado nada puede hacer. El ilustre maestro brasileño Mozart Víctor Russomano ha hablado, con toda razón, de

la progresiva ampliación de las áreas sociales en las que penetra la actuación sindical, desempeñando un papel cultural, moral técnico y político en la sociedad de nuestros días. El sindicato [...] desempeña una función social, cuando aparece —y no puede dejar de aparecer— como colaborador del poder público, sin perjuicio de su autonomía y como partícipe en el esfuerzo de desarrollo nacional.[9]

En su dimensión internacional, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de 1948, concretó las aspiraciones de los trabajadores al establecer

el derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo, así como también el derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por igual trabajo; el derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure al trabajador, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será complementada, en caso necesario, por otros medios de protección social.

También ha establecido «el derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a sus vacaciones periódicas pagadas, como a los beneficios de la seguridad social». Y en el ámbito colectivo, el «derecho a fundar sindicatos y a sindicalizarse para la defensa de sus intereses».[10]

 

La Organización Internacional del Trabajo y los derechos humanos de naturaleza laboral

 

Creada en 1919, con el propósito de la colaboración entre las clases y evitar la confrontación, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) fue el fruto más duradero de los tratados de paz firmados después de la Primera guerra mundial (1914-1918); sobrevivió al fracaso de la Sociedad de las Naciones, y en 1946, con el fin de la Segunda guerra mundial (1939-1945), la Organización de Naciones Unidas (ONU) ratificó su vigencia, y se convirtió en una organización compuesta de manera muy especial, al no estar formada por Estados o gobiernos, sino por representaciones tripartitas de los países miembros: gobierno, movimiento sindical y delegación empresarial.

La OIT ha realizado una importante labor en el orden internacional por el mejoramiento de las condiciones de los trabajadores dependientes. Se trata, como dice Héctor Genoud, «de una institución al servicio de la humanidad, que cumple, además, importantes tareas de colaboración social, de asistencia técnica, y de asesoramiento jurídico, y actividad didácticas».[11] Se ha pronunciado a favor de garantizar los derechos de los trabajadores, que constituyen también derechos humanos, ante el fenómeno de la globalización. Con ese supuesto objetivo, debatió y finalmente aprobó, en la Conferencia de 1998, el texto de una Declaración de principios y derechos, que se consideraron esenciales. Su contenido, sin embargo, es apenas una sombra elemental, muy distante de los verdaderos principios en que se fundamenta el Derecho del trabajo, además de no exceder la condición de simples enunciados. Entre estos se reconoce:

  •             Su carácter protectorio en cuanto a la aplicación de la norma más favorable, la condición más beneficiosa y la duda siempre a favor del trabajador.
  •             El carácter irrenunciable de los derechos laborales, a los que se les atribuye la condición de adquiridos.
  •             El carácter inembargable del salario del trabajador, más allá de lo que por ley se aprueba, para tratar de evitar que este quede en estado de indefensión económica.
  •             El principio de la primacía de la realidad, colocando las presunciones a favor del trabajador.
  •             La continuidad y estabilidad de la relación laboral.
  •             El principio de la igualdad, referente a la proscripción de discriminación por cualquier motivo ya sea la edad, la raza, el color de la piel, el sexo, la orientación sexual, el origen social, la procedencia nacional, el nivel económico alcanzado.
  •             La ausencia de explotación.
  •             El respeto a la dignidad, el honor, la imagen y la integridad física y mental del trabajador.
  •             La libertad sindical.
  •             El derecho a la negociación colectiva.[12]

Esta declaración, sin embargo, resulta omisa y cuestionable, pues obvia las referencias a los trabajadores migrantes y sus derechos a la seguridad social, la salud y el medio ambiente en el trabajo, la jornada laboral y la formación profesional, por solo citar algunas carencias.

En general, las convenciones internacionales ofrecen un amplio diapasón de temas, reducidos a normas mínimas, que tienden a su previa ratificación por los Estados, con el propósito de mejorar y perfeccionar las normativas internas y corporizar un conjunto de derechos, aún inexistentes en muchos países. Es ilusorio atribuirles el carácter de normas de orden público para enfrentar la desregulación de las relaciones de trabajo, y sus instituciones principales, de manera de poner freno a fuerzas tan poderosas como las que se le oponen.

Al limitar los principios y derechos fundamentales a una Declaración, se entra en contradicción con la naturaleza del derecho soberano de los Estados para ratificar o no las normas posibles de cumplir en el futuro inmediato, o servir de patrón en la adopción de nuevas regulaciones, además de discriminar los derechos adquiridos por los trabajadores de muchos países, que deberían constituir, siempre, un punto de referencia para otros. ¿En qué situación quedarían aquellos derechos, históricamente reconocidos? ¿Pueden acaso considerarse, a contrapelo de la doctrina, como renunciables? La simple formulación declarativa, privilegiando algunos de ellos de forma restrictiva, y pasando sobre derechos y principios protectorios, ya establecidos y reconocidos, constituye una manera solapada de discriminación.

Por otra parte, si el resto de los derechos no ha encontrado una tutela legal razonable; si la negociación se lleva a cabo en un Estado que practica el neoliberalismo, marginando la obligatoriedad de las normas preexistentes y se toma, además, como basamento el principio de la autonomía de la voluntad, a pesar de la desigualdad evidente de las partes involucradas en la relación laboral, se precariza todo el andamiaje jurídico del Derecho laboral, incluida la seguridad social. Así se reduce el poder de maniobra de los representantes de los trabajadores que tuvieron, al menos, la dicha de llegar al sector estructurado de la economía, subordinados a un Derecho laboral insuficiente, portador de regulaciones cada vez más semejantes a las normas del Derecho civil.[13]

Es evidente que esos escuetos enunciados no pueden llevar al logro de lo que se ha dado en llamar un «trabajo decente», y conducen a cuestionarse esa expresión, sino se la interpreta como laborar en condiciones satisfactorias y aceptables, con la indispensable seguridad, sustentada en la equidad y un salario también decente, y con la protección social adecuada. En consecuencia, «trabajo decente es aquel productivo y libremente elegido, que garantice un ingreso económico que permita solventar las necesidades del obrero, que le brinde protección por medio de políticas sociales adecuadas y afirme equidad, seguridad, dignidad humana».[14]

 

Derechos humanos de naturaleza laboral

 

Los derechos humanos de naturaleza laboral son refrendados, tanto por la OIT como por la ONU. Con independencia de que aparezcan consignados declarativamente en las Constituciones latinoamericanas, otros si bien no lo están de forma explícita, han sido consagrados por el derecho natural como necesidades imperiosas para el desarrollo humano. Sin embargo, «los derechos humanos se desnaturalizan bajo el pretexto de su clasificación y quedan, a juicio de muchos, cual derechos humanos de segunda y tercera generación; es decir, los criterios que artificialmente hacen divisibles los derechos humanos».[15]

En su análisis, resulta indispensable considerar el posicionamiento de los derechos fundamentales en las normas internacionales del trabajo, así como la situación social de los pueblos como actores fundamentales de los cambios y productores principales de las riquezas de sus respectivos países.

 

La crisis económica global y los derechos laborales

 

La principal afectación en la crisis económica se refleja en la pérdida de empleo. Es así que la OIT, en voz de su más alta autoridad, Juan Somalia, ha señalado con preocupación que hasta el año 2008 se habían perdido veinte millones de empleos. Añádase a lo expuesto, la evaporación de los fondos de la Seguridad Social, privatizados durante la ola neoliberal. Los despidos alcanzan ya cifras millonarias a escala mundial. La carga del fracaso se traslada a los hombros de los trabajadores con el pretexto de la desaceleración económica.

Como resultado, proliferan los nuevos tipos de contratos de trabajo en situaciones precarias, tanto salariales como en lo relativo a la estabilidad laboral; en algunos países se pretende incrementar la jornada laboral en condiciones inadmisibles; aumenta el trabajo informal, etc. Ante la real desaceleración de la economía y la saturación del «mercado de trabajo» el Derecho laboral ha entrado en una crisis de efectos imprevisibles.

 

Breve mirada histórica a los derechos laborales en Cuba

 

Como parte de la lucha por la justicia social, desde el triunfo revolucionario se inició la batalla por el ejercicio pleno de la igualdad de derechos y oportunidades de mujeres y hombres en todos los ámbitos y a todos los niveles de la vida nacional. Si la Revolución significó el primer gran acto de justicia para todo el pueblo, en relación con los trabajadores y el Derecho laboral se pusieron en práctica dos principios básicos mencionados: igualdad y dignidad.

Entre los años 1959 y 1960 fueron reparadas injusticias y arbitrariedades cometidas por la tiranía derrocada y los grandes empresarios. Se restituyeron a sus empleos todos los despedidos por razones políticas y se subsanaron ilegalidades patronales. A partir de 1960, para establecer un sistema de justicia laboral, comenzó la búsqueda de formas y procedimientos que encauzaran las demandas y previnieran conflictos, con la participación de los propios trabajadores en los centros laborales, en concordancia con las grandes transformaciones revolucionarias, que se proyectaban en la economía y el régimen de propiedad.[16] Así quedó plasmado lo que regulaba el artículo 62 de la Constitución del 40: «a trabajo igual en idénticas condiciones, corresponderá siempre igual salario, cualesquiera que sean las personas que lo realicen».

Los trabajadores agrícolas —sector históricamente preterido, humillado y en ocasiones discriminado— recibieron los beneficios de un proyecto social que asentó en el campo sus mayores actos; junto al acceso a la educación y la salud, se empezó a hacer realidad la protección laboral que disfrutaban los sectores de la industria y los servicios en la ciudad. Esta modificación fue, por supuesto, paulatina, hasta que se hizo efectivo el derecho a percibir igual salario por igual trabajo, el de disfrutar del descanso y de la protección de la seguridad social, lo que dignificó al hombre del campo.

En otros sectores se erradicaron vicios que deformaban el concepto de trabajador y que hacían que unos obreros explotaran a otros, como el llamado «caballaje»[17] en los muelles. Por su parte, se redujeron diferencias con la gradual disminución de la «aristocracia obrera». La creación de centros laborales, tanto en el campo como en las ciudades, abrieron grandes oportunidades para que las mujeres encauzaran sus potencialidades, y se vencieron graves prejuicios, estereotipos y dificultades de toda índole. La fundación de los Círculos infantiles fue el paso más trascendente, en aquella primera etapa, para crear condiciones favorables a la incorporación de la mujer al trabajo. El componente social del derecho laboral ayudó a encontrar formas de canalizar la participación femenina y, al mismo tiempo, estuvo influido por esta, en toda la reglamentación del proyecto político de la Revolución.[18]

En cuanto al derecho a la protección, seguridad e higiene del trabajo, la legislación establece un mecanismo especial para el desempeño de la mujer que la exonera de ocupar puestos de trabajo que puedan ser perjudiciales al aparato ginecológico, la función reproductora o el normal desarrollo del embarazo, y establece el deber de las administraciones de crear condiciones laborales adecuadas que beneficien la participación de la mujer en el proceso laboral. Estos principios no excluyen el derecho de probar su aptitud y capacidad para ocupar cualquier tipo de función.

Durante un tiempo, hubo un exceso de «proteccionismo», que llevó a la aprobación de una Resolución que excluía a la mujer de opciones laborales que podía desempeñar, partiendo del concepto de que no eran propias o podían representar un peligro para ellas, lo que impedía el ejercicio pleno de sus derechos. La Federación de Mujeres Cubanas desempeñó un papel importante en la modificación de estos conceptos y normas; sobre la base de que solo la defensa de la maternidad constituye un límite laboral. Incluso objetó el empleo del término prohibición en la legislación, defendiendo el derecho de la mujer en edad reproductiva, de acceder a puestos laborales que pudieran afectar la gravidez, si hubiera decidido no tener más hijos. «En la actualidad mediante la investigación científica y las experiencias y resultados prácticos de la actividad laboral femenina se perfeccionan y enriquecen estos conceptos a fin de evitar que con un falso proteccionismo se enmascaren conductas discriminatorias».[19]

Entre las grandes transformaciones de la década de los 60, no puede soslayarse la unificación primero y la extensión posterior de la seguridad social. Se agruparon todas las cajas de retiros y de seguros,[20] que clasificaban como de seguros sociales, surgidas, en años anteriores, con una concepción sectorialista y contributiva, con alcances muy limitados en las coberturas que resguardaban a los asociados. Se fundó el Banco de Seguros Sociales, conocido como BANSESCU, mediante el cual se repararon grandes injusticias cometidas contra los trabajadores asegurados, resultado de la corrupción, desfalcos y malos manejos que ocurrieron durante el gobierno de la tiranía batistiana.

Al dictarse en 1963 la Ley 1100, se extendió la protección a todos los trabajadores y se inició el perfeccionamiento del Sistema de Seguridad Social cubano, el que ha pasado la prueba de los años, y las grandes crisis económicas, e incluso ha ampliado su cobertura en la actualidad.

El proyecto social de la Revolución eliminó cualquier forma de trabajo infantil. Este derecho se fue ganando en la medida en que se garantizaba el acceso a la educación, con la construcción de escuelas, especialmente en zonas rurales apartadas, y se vencieron algunos criterios que justificaban el trabajo infantil como el de ayuda familiar. En la actualidad se considera natural la no existencia de este y en ocasiones hay cubanos que se sorprenden cuando leen que la propia OIT tiene entre sus principales metas la erradicación de las peores formas de trabajo infantil.

Un rasgo de esta década fueron las grandes movilizaciones de la clase obrera cubana, que comenzaron con el llamado a la defensa de la Revolución, la presencia masiva de los trabajadores en la creación de las milicias y la campañas de lucha contra el «bandidaje contrarrevolucionario», que tuvo su expresión mayor en la campaña conocida como Limpia del Escambray (1961-65). A estas movilizaciones se sumaron la formación de contingentes para el fomento de grandes planes agrícolas y la construcción de obras industriales e hidráulicas en todo el territorio nacional. La aparición del trabajo voluntario —con el Che Guevara como su principal animador— fue un elemento movilizador y formador de conciencia que ha llegado hasta hoy.

Al no lograrse los diez millones de toneladas de azúcar en la zafra de 1970, junto a una situación inflacionaria que hizo perder valor al salario, se creó una situación económica y social desfavorable, que se reflejaba en una apatía por el trabajo y en un escaso protagonismo del movimiento sindical. En 1971 se promulgó una controvertida Ley contra la Vagancia, de poca duración. Esta situación comenzó a revertirse con el llamamiento al XIII Congreso obrero en 1973, que tuvo gran proyección político-organizativa, laboral, salarial y sindical y contó con la conducción destacada del líder de la clase obrera Lázaro Peña.

El Primer Congreso del Partido Comunista de Cuba, en 1975, creó nuevas bases, mediante decisiones y medidas como la Constitución socialista de 1976, la institucionalización del país, la aplicación de una nueva división político-administrativa, y la reorganización de los Tribunales Populares, entre otras, que impulsaban el desarrollo de las fuerzas productivas. Se abrió de este modo una nueva etapa del Derecho laboral.

Al inicio de la década de los 80, se aprobó una nueva Ley de Seguridad Social y se proyectó la reforma general de salarios. Ambas contribuyeron al logro de metas y objetivos económicos estratégicos de suma importancia, reflejados en una alta productividad del trabajo e incremento del salario con respaldo material. Se alcanzaron los más altos índices de empleo; se legisló para que tuvieran acceso a la educación superior los trabajadores, con protección de sus ingresos salariales; se extendió la garantía de que los egresados de todas las carreras universitarias, así como los de la enseñanza media superior y tecnológica, se incorporaran al trabajo con empleo útil.

Con respecto al Derecho laboral y los derechos y garantías de los trabajadores, se concibieron cambios importantes y se perfeccionaron muchas instituciones laborales. En 1984 se dictó el Código de Trabajo que recopiló todas las grandes conquistas históricas de la clase trabajadora, amplió y universalizó otras, logradas con el triunfo revolucionario. Coincidentemente, se empezaron a instituir nuevos conceptos organizativos en el orden laboral, como el multioficio y los cargos de perfil amplio, así como nuevas ideas de organización del trabajo y de estimulación.

Ya en la segunda mitad de la citada década, se afrontaron algunos problemas no deseados, que requirieron rectificación. Resurgieron las movilizaciones de contingentes agrícolas y de constructores, y se revitalizó el plan de viviendas conocido como Movimiento de microbrigadas. Este impulso al desarrollo de las fuerzas productivas se resintió a partir de los acontecimientos políticos que marcaron el fin de una época: el derribo del muro de Berlín, en 1989, y la desaparición de la URSS, en 1991, que repercutieron de manera dramática en la vida cotidiana cubana, y tuvieron graves consecuencias en el orden laboral. Se entró así en el llamado Período especial.

 

Los derechos laborales: situación actual

 

La década de los 90 fue muy intensa en acontecimientos relacionados con el mundo del trabajo. Los efectos negativos de la crisis se manifestaron en el proceso inflacionario, en miles de trabajadores interruptos y disponibles, debido a la paralización de centros productivos y de servicios, por falta de combustible, electricidad y otros insumos. Ello influyó en el quebrantamiento del orden disciplinario laboral y social, y en el descontrol administrativo, entre otras graves consecuencias.

Garantizar que todos los trabajadores tuvieran algún empleo, o un ingreso en sustitución del salario, fue un principio protector durante esa etapa, a fin de que nadie quedara abandonado a su suerte. Se mantuvo el cobro de las pensiones y jubilaciones, junto con la consigna de resistir para salvar la Revolución y las conquistas del socialismo. La pérdida del valor del salario contribuyó a la desmotivación en el trabajo, con mayor gravedad que en los finales de los años 60 y principio de los 70. Al mismo tiempo, la crisis se agudizó por el recrudecimiento de las acciones del bloqueo de los Estados Unidos, a partir de la adopción de la Ley Torricelli (1992) y la Helms-Burton (1996), reconocida por su carácter intervencionista e injerencista en los asuntos internos de terceros países.

Se tomaron decisiones de Estado y gobierno de gran trascendencia, que influyeron en el trabajo y en el Derecho laboral, como la reforma a la Constitución, que modificó elementos del concepto de propiedad; se promulgó una nueva Ley de Inversión Extranjera; se amplió y legalizó el auto-empleo (cuentapropistas), y se despenalizó de la tenencia de divisas. La apertura en gran escala del turismo y la inversión extranjera, junto con la reorganización de sectores que generaban productos para la exportación, lograron una reanimación de la economía y posibilitaron revertir la situación y despertar la motivación por acceder al empleo. Aparecieron las primeras diferencias significativas entre sectores laborales y se redujo la relativa igualdad de que gozaban los trabajadores. Esta diferencia no se expresa en comparación con un igualitarismo pernicioso, sino con la correspondencia entre los ingresos y el aporte de cada quién. En el presente, recuperar el valor del salario y ampliar y mejorar los sistemas de pago por los resultados del trabajo están en el centro de las políticas de recuperación económica.

El Período especial trajo consigo un grupo de deficiencias en el ejercicio correcto de los derechos laborales. En esta etapa se enfatizó el uso de una condición, vigente en el ordenamiento laboral cubano: la idoneidad, a la que se otorgó otra magnitud e interpretación en su aplicación práctica. Este concepto, reconocido internacionalmente, resulta hoy un requisito indispensable para acceder a cualquier cargo u ocupación. Sin embargo, se empezó a esgrimir para despedir a trabajadores por su supuesta falta; con la intención de resolver problemas disciplinarios, dando lugar, en ocasiones a uso de poder indebido, o a confundir idoneidad con aptitud. Incluso, en algunos centros, empezó a reconocerse la idoneidad con un pago adicional, contribuyendo con ello a tergiversar los conceptos salariales y los pagos adicionales establecidos. Aunque posteriormente se introdujeron ajustes en su aplicación, todavía se observan prácticas erróneas.

Asimismo, algunas administraciones decidieron solo concertar contratos indeterminados en plazas fijas o permanentes y establecer la relación laboral con contratos de servicios o con pagos por comisiones, lo que debilitó el principio de estabilidad laboral. Este problema fue superado por la intervención del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social como organismo rector del empleo.

En el orden del acceso a la justicia laboral se efectuó una trascendente reforma. Iniciada de manera experimental en la provincia de Villa Clara, esta consistió en la creación de Órganos de Justicia Laboral (OJL) en los centros laborales, con nueva competencia, mayor autoridad que los consejos de trabajo y una composición más viable para conocer de los conflictos entre los trabajadores y las administraciones. En estos órganos están representados el colectivo laboral —mediante un trabajador electo de su seno—, el delegado del sindicato y el de la administración. Estos nuevos órganos de solución de conflictos se concibieron como una posibilidad de mayor protagonismo del colectivo de trabajadores en el enfrentamiento a las indisciplinas laborales. Su contribución fue notable, pues las disminuyeron en un alto porcentaje.

Los OJL en cada centro de trabajo tienen competencia para conocer los conflictos que surjan, tanto de derechos o por motivos disciplinarios. En este último caso, cuando las medidas aplicadas no cambian el estatus del trabajador de forma definitiva, estas no pueden ser impugnadas ante el sistema de tribunales populares, y la decisión del Órgano se convierte en la última instancia de apelación. En ocasiones, esta práctica es criticada por quienes piensan que limita el acceso al debido proceso. En cuanto a las decisiones del Órgano referidas a derechos —es decir, a mejor derecho o de contenido económico o de seguridad social a corto plazo— existe la vía para impugnarlas recurriendo al sistema judicial.

 

Consideraciones finales

 

Aunque el sistema de justicia laboral cubano necesita de una revisión de aspectos procesales y de la introducción de algún elemento de conciliación, tiene uno de los mayores logros al compararse con otros países, pues no padece de la mora judicial y se cumplen los principios de celeridad e inmediatez.

Junto a su probada valía, este sistema tuvo la virtud de que, al ponerse en vigor, se derogaran más de treinta procedimientos especiales que limitaban el acceso al debido proceso laboral de los trabajadores, sobre todo en los conflictos disciplinarios. Este fue un paso significativo en materia de derecho, pues anteriormente todo se resolvía en la esfera de la propia administración. Entre los procedimientos abolidos, vale la pena mencionar el del sistema de Salud Pública, por lo sensible del servicio y el número de trabajadores que engloba.

Otro cuestionamiento referente al debido proceso laboral atañe a la medida disciplinaria de separación del sector, prevista para imponer por la autoridad ante casos de indisciplinas muy graves y relevantes que justificarían su aplicación. El problema es que contra la decisión de la autoridad superior que conoce de la apelación o queja del trabajador afectado no se admite ningún recurso, lo que facilita que ante una injusticia o mal procedimiento, el trabajador quede en estado de indefensión al imposibilitarse un proceso contencioso que revise lo resuelto.

Una afectación se deriva del criterio administrativista para extender injustificadamente la nominación de trabajadores de categorías de obreros o de servicios, para cargos que clasifican o son conocidos como «designados», con lo que quedan sustraídos de acceder al debido proceso cuando son separados de sus cargos. En la práctica, ello se justifica por el hecho de que la esfera de sus decisiones o responsabilidades es limitada.

El Derecho laboral cubano se vio afectado por la aparición de las conocidas Agencias empleadoras para la concertación de las relaciones laborales en las entidades con presencia de inversión extranjera. Este mecanismo dio lugar a lo que se conoce en la doctrina laboral como la tercerización, la triangulación o la intermediación en los vínculos laborales, puesta en práctica por primera vez desde 1959. «La tercerización es un sistema de trabajo cuya proliferación mundial se encuentra básicamente en el desarrollo de la productividad de las empresas»,[21] la reducción de los costos al no tener responsabilidad en las prestaciones legales que correspondan a los trabajadores; la evasión de las obligaciones patronales con la seguridad social, debilitar la afiliación sindical y otros perjuicios, lo que logran por medio de contratar con las intermediarias o gestoras de trabajo.

La Ley de Inversión Extranjera de 1995 fue categórica al expresar que toda relación laboral tiene su basamento legal en la legislación laboral y de seguridad social cubana. Corresponde a la agencia empleadora garantizar su cumplimiento, por tal razón nada tiene que ver con experiencias foráneas, donde se enmascaran las relaciones laborales de las empresas a través de las intermediarias. Aunque según la experiencia esto se viene realizando de forma favorable, en ocasiones han surgido dificultades en la ejecución de sentencias de tribunales y fallos de órganos debido a interpretaciones restrictivas del reglamento de la Ley, por parte de algunos funcionarios y directivos.

Las últimas decisiones estatales y gubernamentales que tienen que ver con cambios de gran repercusión en el derecho laboral y de seguridad social son esperanzadoras y deben ayudar a revertir algunas situaciones no deseadas en las presentes circunstancias.

La nueva ley de seguridad social mejora notablemente las pensiones, amplía y perfecciona todas las coberturas y prestaciones, y se encamina, entre otras cosas, a facilitar la reincorporación al empleo de hombres y mujeres vitales —aunque clasifiquen en la categoría de jubilados—, que tienen la virtud de estar formados en la disciplina y profesionalidad. Estos incrementarán sus ingresos, por lo que ya trabajaron y lo que harán en el presente, así como también para mitigar los efectos del envejecimiento poblacional en la esfera laboral.

El Decreto-Ley No. 268 «Modificativo del Régimen Laboral», de 2009, introduce varios aspectos importantes encaminados a facilitar el desarrollo de las fuerzas productivas, elimina prohibiciones, perfecciona instituciones e incrementa los sujetos que pueden acceder al contrato de trabajo. Su fin principal es que, por medio de este, cada cual pueda satisfacer sus necesidades materiales y espirituales. La posibilidad de ejercer más de un empleo de forma oficial y que la fuerza juvenil estudiantil pueda simultanear el estudio con una relación laboral, sienta bases para que se eleven los ingresos individuales de manera legítima, y se acreciente la ética del trabajo. Resuelve, además, algunas lagunas sobre los derechos de la mujer trabajadora respecto al cobro y disfrute de las licencias de maternidad. En cuanto a la solución de conflictos, deja resueltos varios aspectos polémicos.

Al hacer una valoración del cumplimiento de los derechos laborales básicos que clasifican como derechos humanos reconocidos internacionalmente, el saldo cubano es favorable. El empleo, principal indicador, a pesar de las coyunturas adversas, ha sido defendido como el principal objeto de la política social del Estado cubano. La formación profesional de la clase trabajadora es el mayor capital humano con que se cuenta. Las deficiencias coyunturales que pueden señalarse incluyen la necesidad del aumento de la productividad por medio de la revalorización y motivación del trabajo, la aplicación de sistemas de pagos que contribuyan a la eficiencia laboral, además del rescate de la disciplina en su amplia concepción de estimulación y exigencia, así como brindar mayor motivación ética, reconocimiento social y moral al trabajo, tanto productivo como intelectual.

 

[1]. Roberto García Martínez, Derecho del trabajo y de la seguridad social, Editorial Ad-Hoc S.R.I., Buenos Aires, 1998, p. 36.

[2]. Roberto García Martínez, La libertad como derecho de categoría social, LL, Nueva York, p. 3.

[3]. Citado por Roberto García Martínez, Derecho del trabajo…, ed. cit., p. 37.

[4]. Ibídem, p. 58-9.

[5]. Jorge Iván Hübner Gallo, Panorama de los derechos humanos, Eudeba, Buenos Aires, 1977, p. 63.

[6]. También se vincula con el concepto de Revolución. Sobre este, Fidel Castro expresó: «Revolución es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos», «Discurso en Acto por el Día internacional del trabajo», Plaza de la Revolución, La Habana, 1º de mayo de 2001, disponible en www.cubasocialista.cu.

[7]. Humberto Podetti, «Política social», en Antonio Vázquez Vialard, comp., Tratado de Derecho del trabajo, t. I, Astrea, Buenos Aires, 1982, p. 404.

[8]. Mario Elffman, «Do direito do trabalho a Un Direito de Inclusão Social», en Luiz Alberto Vargas y Ricardo Carvalho Fruga, comp., Editora LTr, San Pablo, 2005, pp. 108-36.

[9]. Citado por Roberto García Martínez, Derecho del trabajo..., ed. cit., p. 60.

[10]. Organización de las Naciones Unidas, Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículos 22 al 24, diciembre de 1948, disponible en www.un.org.

[11]. Héctor Genoud, Enciclopedia jurídica Omeba, t. XXI, México, DF, p. 195.

[12]. Esta Declaración de la OIT abarca ocho convenios, a los que se les atribuye la condición de fundamentales; entre estos están los que tienen por objeto la eliminación del trabajo forzoso, la edad mínima de acceso al trabajo, la libertad sindical y el derecho de negociación, así como la igualdad de oportunidades y trato.

[13]. José Julio Carbonell García, «Temas de jurisprudencia laboral en relación a los derechos humanos». Conferencia en la Junta de Conciliación y Arbitraje y la Universidad Autónoma de México, 2005.

[14]. Ídem.

[15]. Lidia Guevara Ramírez, «Derechos laborales en Cuba», Conferencia en la Junta de Conciliación y Arbitraje, México DF, 2007.

[16]. Antonio Raudilio Martín Sánchez, «Apuntes para una reforma del sistema de justicia laboral cubano» (Conferencia en el Encuentro Internacional de Justicia y Derecho, La Habana 2004), Revista Cubana de Derecho, nn. 23-24, La Habana, julio-diciembre de 2004.

[17]. Caballaje: práctica viciosa por la cual un trabajador, propietario de una plaza, subcontrataba a otro para que le hiciera su jornada mediante el cobro de un porcentaje de su salario (N. del A.).

[18]. En materia de seguridad y asistencia social, en 1963 se dictó la Ley 1100 donde se plasmaron principios encaminados a proteger a la mujer. Años antes de la promulgación del Código de Trabajo se aprobó la Ley de la Maternidad de la Mujer Trabajadora (Ley 1263 de 16 de Enero de 1974),en la que se regulan las distintas fases de la maternidad y la protección que en el orden médico-laboral deben tener la mujer y su descendencia. Esta ley, y todo el articulado que tanto el Código de Trabajo como otras legislaciones laborales tienen en relación con la protección a la maternidad, es un ejemplo de las medidas de afirmación positiva a favor de la mujer. El 13 de agosto de 2003 se dictó el Decreto Ley 234 «De la maternidad de la trabajadora», que reconoce los derechos del padre al cuidado de sus hijos(as) en la primera etapa y en otras posteriores (licencias complementarias y licencias no retribuidas), preservando sus derechos como trabajador.

[19]. Yamila González Ferrer, «Legislación y participación social», Revista Cubana de Derecho, La Habana, n. 26, julio-diciembre de 2005, p. 70.

[20]. Félix Argüelles Varcárcel, La seguridad social en Cuba, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1989.

[21]. Sabino Hernández, La tercerización, Poligráfica C.A., Guayaquil, 2006.